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Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK

Caso Lili Pink: Fiscalía ocupó 45 inmuebles más con fines de extinción de dominio en toda Colombia

Los abogados de los procesados revelaron hallazgos que cuestionarían la investigación de la Fiscalía. Estos son los más recientes avances del caso.

Bienes ocupados en el caso de Lili Pink
Bienes ocupados en el caso de Lili Pink
Fiscalía

Mientras que continúan las audiencias por el caso de presunto lavado de activos y contrabando, que involucra a la reconocida empresa Lili Pink, la Fiscalía reveló que ocupó más bienes inmuebles de la cadena de ropa femenina. En un inicio, las autoridades ocuparon 405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad a lo largo y ancho del territorio nacional una vez inició el caso formalmente.

Desde que se conoció sobre la ocupación de estos bienes, el ente judicial señaló que detrás de estos comercios habría un entramado compuesto por importadoras, comercializadores y sociedades de papel. Prácticamente, señaló que Lili Pink tenía a los almacenes de fachada para el presunto ingreso de recursos que tenían un origen ilícito, así como de contrabando. Lo más reciente de este caso es que la Fiscalía pidió cárcel para Max Abadi, confundador de la empresa. Además de eso, la defensa de los procesados reveló hallazgos que cuestionan la investigación del ente judicial.

Nuevos bienes ocupados de Lili Pink

La Fiscalía General adicionó los 45 inmuebles como adición a las medidas cautelares con fines de extinción de derecho de dominio, bajo la tesis que ha mantenido del presunto ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando. La diligencia la llevó a cabo la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio. Se estima que el valor de los nuevos bienes ocupados supera los 184.615 millones de pesos.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, servidores del CTI y uniformados del Ejército Nacional ocuparon los bienes. 17 de ellos estaban en zona rural y 28 de ellos en centros urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima), y Cali (Valle del Cauca).

Hay que tener en cuenta que todo lo que pasa por extinción de dominio queda en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que esta los administre. El funcionamiento de las tiendas Lili Pink y el contrato de los empleados se mantendrán hasta que un juez especializado tome una decisión en el caso y decida, en un caso hipotético, extinguir los bienes. De ser así, cambiarían las circunstancias.

Los cuestionamientos de la defensa de Lili Pink a la investigación

Max Abadi y otras siete personas están siendo procesados al ser señalados de integrar la supuesta red que habría usado empresas como fachada para el ingreso de mercancías y la legalización de recursos. La Fiscalía les imputó los cargos por contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ninguno los aceptó.

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Los abogados de la firma Riveros Bazzani, que representan a los procesados, pusieron sobre la mesa de discusión sus argumentos durante la audiencia de imputación. “Tras analizar más de 1.500 archivos (4GB) trasladados por la Fiscalía, la defensa ratifica: no existe prueba de contrabando. Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”, expusieron.

Además, revelaron que hubo un presunto abuso de autoridad durante unas visitas entre mayo y septiembre de 2023 que realizó la DIAN y revisó menos del 1 % de la información objeto de fiscalización y decomisó prendas que estaban avaluadas en 54.00 millones de pesos. Según ellos, la compañía recalcó que la mercancía contaba con la documentación exigida por la normativa. Tres años después del decomiso, la compañía habría detectado que la mercancía que les fue decomisada en 2023 estaba siendo vendida de forma ilegal en tiendas no autorizadas y no vinculadas a la marca Lili Pink. Después de conocer esto, el conglomerado interpuso denuncias penales que datan de los dos años. “Las graves fallas de la investigación han sido confirmadas por tres jueces de control de garantías diferentes, quienes han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación en las últimas semanas”, recordaron los litigantes.
María Paula Rodríguez Rozo
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