La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por ocho magistrados, suspendió de manera provisional este jueves el decreto 1390 de 2025 con el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica, mientras se profiere una decisión de fondo. Con una votación de seis magistrados a favor, el alto tribunal respaldó la ponencia de Carlos Camargo que buscaba dejar sin efectos el acto administrativo hasta que la Sala Plena emita una decisión sobre su exequibilidad. El alto tribunal definió la medida cautelar en medio de un examen jurídico sobre si el decreto se ajustaba a los mandatos de la Constitución Política.
En un comunicado, el alto tribunal señaló que los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron su voto mientras que los magistrados Juan Carlos Cortés González y Natalia Ángel Cabo aclararon el voto en la decisión.
Tras la decisión, el presidente Petro reaccionó en su cuenta de X. "Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo", escribió el jefe de Estado. "En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quien pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país, solo basta esperar", agregó.
El Ejecutivo buscaba recaudar 16,3 billones de pesos con la emergencia económica para completar el presupuesto nacional de 2026. En el decreto 1390 de 2025, Petro declaró el 22 de diciembre "el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia" de ese documento. Esto ocurrió luego de que el Congreso hundió dos semanas antes el proyecto de reforma tributaria con el que el Gobierno pretendía recaudar 4.465 millones de dólares para completar el presupuesto nacional de 2026.
El Ejecutivo señaló entonces que, con esta declaratoria, con la que podía establecer nuevos tributos o modificar los existentes, buscaba enfrentar "la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales" por una "situación fiscal que adquirió el carácter de grave".
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El 30 de diciembre pasado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó los impuestos decretados por el Gobierno en el marco de la emergencia económica para equilibrar la "situación financiera" del país. Ávila detalló entonces que los decretos con los nuevos tributos incluían un aumento del impuesto al patrimonio. Y explicó que en la actualidad este tributo se cobra a quienes tienen un patrimonio de 3.600 millones de pesos y oscila entre el 0,5 y 2 %.
"Hemos modificado esta tarifa del impuesto al patrimonio empezando en un nivel más bajo, una base menor, equivalente a 2.000 millones de pesos (unos 548.000 dólares) y con un incremento porcentual de hasta el 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos (unos 27,4 millones de dólares)", detalló el ministro.
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De igual forma, el Gobierno decretó el incremento del impuesto de renta para las "personas jurídicas del sector financiero", que hoy tiene "una sobretasa del 5 %" y que buscaba aumentar al 15 %. En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), el Gobierno lo incrementó para los licores (exceptuando la cerveza), que hoy está en el 5 % y con el decreto quedará en el 19 %.
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