Ordenan cárcel para exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por escándalo de UNGRD

La magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, dictó medida de aseguramiento carcelario contra Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda por el escándalo de corrupción la UNGRD. (Lea también: Cancillería se pronuncia por fiesta de Embajada en Nicaragua a la que asistió Carlos Ramón González)

La Fiscalía General de la Nación los imputó por los delitos de concierto para delinquir, cohecho para dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no aceptaron.

Para el ente investigador, los exministros Velasco y Bonilla serían los cerebros del entramado criminal que habría sobornado, con recursos de la Ungrd, a varios congresistas a cambio de impulsar las reformas del Gobierno en el Congreso.

¿Por qué se descartó casa por cárcel para los exministros?

De acuerdo con la magistrada, “la detención domiciliaria no resulta idónea ni adecuada para neutralizar las amenazas institucionales que se desprenden de este caso”.

“La detención no ofrece garantías suficientes de eficacia y control ni permite asegurar de forma razonable la protección de los fines constitucionales”, manifestó en la lectura de su decisión, recordando los casos de César Manrique y Carlos Ramón González, también vinculados al escándalo de la UNGRD, que están prófugos de la justicia.

Según la togada, para los exministros es necesario imponer una “medida de aseguramiento de mayor intensidad”. Añadió que existió una empresa delictiva liderada por Bonilla y Velasco, a quienes señaló de usar las instituciones públicas como caja menor.

Las defensas de los exministros del Interior y de Hacienda dijeron que apelarán la decisión. La orden de captura se haría efectiva de forma inmediata, por lo que Bonilla, que está presente en la audiencia, sería detenido. Velasco, quien se encuentra en Cali, dijo que se presentará voluntariamente ante las autoridades.

Los señalamientos de la Fiscalía contra los exministros Bonilla y Velasco

Los exfuncionarios "lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas a cambio de su aval en los actos legislativos en los que el Gobierno nacional tuviera interés", dijo la fiscal María Cristina Patiño durante la imputación.

Los contratos "ilícitos" provenían de 79 proyectos de la UNGRD y del Invías por un valor de más de 163 millones de dólares. Solo siete fueron ejecutados, según la Fiscalía.

Una asesora de Bonilla gestionaba los contratos y Velasco ordenaba a congresistas votar a favor de las reformas del Gobierno, según la acusación.

"Nunca he tenido un peso de actividad ilícita", se defendió Bonilla, de 76 años, a quien el presidente Gustavo Petro pidió su renuncia en diciembre de 2024 cuando se filtró que el exministro tenía conocimiento del desvío de unos 200.000 dólares en tres de estos contratos. 

Velasco salió del Gobierno en junio de ese mismo año en uno de los numerosos cambios ministeriales de Petro. Tampoco aceptó los cargos imputados.

Este caso forma parte del entramado de desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se destapó en 2024, cuando investigaciones periodísticas acusaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua al desierto de La Guajira. 

Salpica a altos funcionarios, congresistas y directivos de compañías tras las confesiones a la Fiscalía de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD.

"Las personas asociadas criminalmente decidieron hablar", apuntó la fiscal Patiño.

En mayo, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de los legisladores Iván Name y Andrés Calle por recibir estos sobornos y bajo investigación por los delitos de cohecho y peculado. 

Bonilla y Velasco podrían enfrentar entre 17 y 45 años de prisión por los delitos imputados.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP