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Álvaro Leyva Durán, quien hasta 2024 fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías por ser señalado como presunto responsable del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. El hombre no aceptó los cargos.
El exfuncionario es señalado de, presuntamente, haber proferido durante su cargo tres actos administrativos en contra de la ley con el fin de obstruir la licitación 001 de 2023, la cual tenía como objetivo principal la "expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por valor de 559.000 millones de pesos", según lo explicó la Fiscalía.
Esto, luego de que inicialmente el comité evaluador recomendara a la entidad entregar el respectivo contrato a una unión temporal que había superado todos los requisitos, incluidos la superación del proceso de clasificación y el cumplimiento de cada uno de los requerimientos solicitados. Pese a que, debido a lo anterior, se había hecho la cita para la adjudicación pública, en septiembre de 2023 el entonces canciller expidió la Resolución 7485, a través de la cual declaró desierta la licitación al argumentar que se había presentado un solo oferente.
"Porque lo procurado por usted, doctor Leyva, con la figura de la urgencia manifiesta realmente era disfrazar las dificultades derivadas de su falta de planificación y previsión para el suministro de pasaportes en el Ministerio que regentaba y enmendar los errores cometidos con la declaratoria de desierta del proceso licitatorio que, se reitera, fue adelantado siguiendo las normas que lo regulan", dijo la fiscal del caso.
Por lo anteriormente acontecido, el representante de la unión temporal que se había visto afectada interpuso un recurso de reposición, mismo que fue negado también por Leyva Durán mediante la Resolución 7540 del 14 de septiembre. Acorde con lo que ha informado la Fiscalía, "Esta actuación no permitió al recurrente presentar formalmente un documento con sus argumentos y lo obligó a sustentar verbalmente. Las consideraciones carecían de sustento fáctico y jurídico".
Otro hecho de relevancia posterior a lo ocurrido consistió en la siguiente resolución emitida por Leyva en la que se declaró la urgencia manifiesta y se permitió, por lo anterior, que el contrato de los pasaportes fuera asignado directamente y sin la respectiva licitación ni participación de otros participantes. La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación planteó, entonces, que Leyva Durán "puso en riesgo la emisión de pasaportes, violó el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar del país libremente y a pesar de tener la posibilidad de corregir los errores cometidos al declarar desierta la licitación no lo hizo y ratificó su actuar".
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"Toda es que, sin sin justificación válida alguna, de manera obstinada y tozuda, con carencia del sustento fáctico y jurídico necesario y desconociendo de manera malintencionada el marco normativo que regula la expedición de este tipo de actos administrativos, eliminó el procedimiento de adjudicación del contrato respecto del único proponente habilitado que cumplía los requisitos y las condiciones propuestas en los en los pliegos", agregó la fiscal.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO