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Un tribunal estadounidense divulgó una orden judicial, fuertemente censurada, que autorizó la incautación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, acción que el gobierno de Caracas calificó como un acto de “piratería internacional” y “robo descarado”. A diferencia de los operativos en altamar contra presuntas narcolanchas —que desde septiembre han dejado cerca de 90 muertos— esta operación, realizada el miércoles, se ejecutó bajo una orden formal de decomiso.
La Guardia Costera de Estados Unidos cumplió la orden emitida el 26 de noviembre, poco antes de su vencimiento, según consta en un documento de 32 páginas publicado el viernes, del cual más de la mitad fue censurado. El Departamento de Justicia indicó que el buque, identificado como M/T Skipper y anteriormente llamado Adisa, fue utilizado para transportar combustible sancionado “dentro de una red de transporte de petróleo que respalda” al movimiento islamista Hezbolá y a una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní, ambos catalogados por el Departamento de Estado como “organizaciones terroristas extranjeras”.
Washington también anunció nuevas sanciones contra tres familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro y seis navieras que trasladan crudo desde el país sudamericano. “El servicio de contrainteligencia del FBI, junto con nuestros socios, seguirá aplicando las sanciones de Estados Unidos y bloqueando a nuestros adversarios el acceso a los mercados financieros y a la tecnología crítica”, afirmó en un comunicado el director del FBI, Kash Patel.
Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó el jueves que el petrolero incautado será trasladado a un puerto estadounidense y que Washington planea confiscar el crudo. Según NBC News, dos funcionarios estadounidenses señalaron que el buque debía atracar en Galveston, Texas, y que la tripulación será liberada una vez llegue a destino.
Al momento del abordaje, el buque transportaba 1,1 millones de barriles de crudo, según MarineTraffic, aunque Maduro aseguró el jueves que eran 1,9 millones. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la incautación como un golpe al “régimen” socialista de Caracas durante su intervención en el Congreso.
Los precios del petróleo cerraron con leves descensos el viernes, en medio de tensiones geopolíticas en Ucrania y Venezuela, y ante la expectativa de un excedente de crudo en el mercado global.
El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, cayó un 0,26% hasta los 61,12 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para enero retrocedió un 0,28%, situándose en 57,44 dólares.
“La guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos” son la razón por la que los precios no están bajo “una presión aún mayor”, explicó Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su frustración ante la falta de resultados en las negociaciones para acabar la guerra en Ucrania. Una eventual resolución del conflicto devolvería barriles al mercado si se levantan las sanciones impuestas a Moscú y Ucrania cesa los bombardeos a infraestructura petrolera rusa.
Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones contra las compañías navieras que operan en Venezuela y contra familiares del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, “por ahora, el mercado no prevé un riesgo de interrupción del suministro”, señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS.
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De manera paralela, “la perspectiva de un exceso de oferta sigue elevada y debería continuar presionando los precios”, agregó Lambrecht. El incremento en las cuotas de producción de la OPEP desde abril ha impulsado el suministro global, contribuyendo a la caída de los precios en los últimos meses.
La organización confirmó en su última reunión que pausará los aumentos de producción durante el primer trimestre de 2026, en un intento por estabilizar el mercado ante la sobreoferta.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP