Una juez federal de Estados Unidos prohibió el jueves a la administración Trump y al gobierno del estado de Florida traer nuevos inmigrantes al centro de detención conocido como Alligator Alcatraz y ordenó que se desmantele gran parte del sitio, cerrando efectivamente las instalaciones, en un plazo de dos meses. El gobierno de Florida anunció rápidamente que apelaría la decisión.
El centro de detención fue construido apresuradamente en solo ocho días en junio con literas, jaulas de alambre y grandes carpas blancas en un aeródromo abandonado en los humedales Everglades de Florida, hogar de una gran población de caimanes.
El presidente Donald Trump, quien ha prometido deportar a millones de inmigrantes indocumentados, visitó el centro en julio, alardeando de las duras condiciones y bromeando con que los depredadores reptiles servirán como guardias.
La Casa Blanca ha apodado la instalación Alligator Alcatraz, una referencia a la antigua prisión insular en la Bahía de San Francisco que Trump ha dicho que quiere reabrir.
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Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el centro estaba previsto para albergar a 3.000 inmigrantes, pero ha sido criticado tanto por ambientalistas como por críticos de la ofensiva de Trump contra la inmigración, quienes consideran que la instalación es inhumana.
El nuevo fallo de la jueza de distrito Kathleen Williams llega después de una demanda presentada contra la administración Trump por Amigos de los Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica. Los grupos ambientalistas argumentan que el centro de detención amenaza el sensible ecosistema de los Everglades y fue construido apresuradamente sin realizar los estudios de impacto ambiental legalmente requeridos.
La orden prohíbe que ingresen más migrantes
A principios de agosto, Williams había ordenado que se detuvieran temporalmente las obras de construcción en el centro. Ahora ha ordenado a la administración de Trump y al estado de Florida, que está gobernado por el republicano Ron DeSantis, que retiren todas las cercas temporales instaladas en el centro dentro de 60 días, así como toda la iluminación, los generadores y los sistemas de tratamiento de desechos y aguas residuales.
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La orden también prohíbe "traer al sitio a cualquier persona adicional que no se encuentre ya detenida en el mismo".
Varios detenidos hablaron con la AFP sobre las condiciones del centro, incluida la falta de atención médica, malos tratos y la supuesta violación de sus derechos legales. "Ni siquiera tratan así a los animales. Esto es como una tortura", dijo a la AFP Luis González, un cubano de 25 años desde el interior del centro, quien recientemente compartió una celda con unas 30 personas, un espacio cerrado por una valla de alambre que comparó con un gallinero.
La administración Trump ha dicho que quiere convertir esto en un modelo para otros centros de detención en todo el país.
“No es una victoria final”
"La orden significa que no puede haber nuevos detenidos en el sitio, ni nueva construcción. Dentro de 60 días tiene que cerrarse de forma ordenada. Así que esto es grande, pero no es una victoria final. Ya sabemos que habrá una apelación", declaró Eve Samples, directora de Friends of The Everglades, que lidera la demanda.
Las organizaciones demandantes celebraron con cautela en una conferencia de prensa la decisión de la jueza Kathleen Williams, que estuvo a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, quienes afirmaron estar listos para defender el caso hasta las últimas instancias, al anticipar que llegará a la Corte Suprema.
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"Cuando se refiere a nuestras tierras no hay concesiones, así que continuaremos luchando. Esto se apelará, imaginamos, estamos preparados para ir hasta la Corte Suprema", manifestó Curtis Osceola, consejero sénior del pueblo Miccosukee, que reclama las tierras donde se construyó el centro de detención.
Los demandantes exigen el cierre completo e inmediato del lugar por dañar el Parque Nacional de los Everglades, donde hay 36 especies nativas de Florida en la lista federal de especímenes amenazados o en peligro, como la pantera floridana, la cigüeña de madera, y el cocodrilo y el caimán americanos.
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Elise Bennett, directora en Florida y abogada sénior del Center For Biological Diversity, argumentó que es "claro para el público que hay muchas violaciones legales asociadas con el centro", como a la Ley Nacional de Política Ambiental, al Acta de Especies en Peligro, al Acta de Agua Limpia y otras sobre terrenos públicos.
Los funcionarios floridanos han cuestionado la legitimidad de la jueza, nominada por el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), al citar que otro juez desestimó parte de otra demanda de abogados migratorios sobre el acceso a la defensa y comunicación de los detenidos en Alligator Alcatraz.
"Una vez más, ella se excede en su autoridad, y apelaremos esta decisión ilegal", comentó Jeremy Redfern, director de Comunicaciones del fiscal general de Florida, James Uthmeier, en sus redes sociales.
Pero la legisladora estatal Anna Eskamani, demócrata que representa a Orlando, consideró que el Gobierno floridano ya anticipaba el fallo, al señalar que el congresista federal Maxwell Frost contabilizó menos de 340 migrantes en el centro tras recorrerlo esta semana. También señaló la premura con la que DeSantis anunció hace una semana la apertura de un nuevo centro de detención llamado Deportation Depot (depósito de deportaciones), en una cárcel abandonada en el norte del estado con capacidad para más de 1.300 personas.
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"Mi suposición es que el estado de Florida esperaba una derrota porque no hicieron su debida diligencia en cualquier tipo de estudio ambiental en la construcción de este lugar en los Everglades, así que intencionalmente han transferido a individuos a otros sitios", expuso Eskamani.
Alligator Alcatraz es el centro más emblemático de la política migratoria del presidente Donald Trump, en cuya Administración ha subido un 49% la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que asumió en enero, con 55.568 detenidos en la primera mitad de julio.
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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE
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