En un giro significativo para la política exterior y de seguridad nacional, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció el ingreso formal de Colombia al "Escudo de las Américas", la iniciativa creada por la administración de Donald Trump para combatir a los carteles del narcotráfico. Así las cosas, Colombia se convierte en el miembro número 19 de la coalición y, con este ingreso, autoriza operaciones militares conjuntas contra organizaciones narcoterroristas en territorio nacional. El anuncio lo hizo este miércoles el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien afirmó este miércoles que De la Espriella autorizó "operaciones militares conjuntas" con Estados Unidos en Colombia para combatir el narcoterrorismo. "Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.
Desde la reciente victoria de De la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han retomado su tradición y se han vuelto más estrechas, lejos de la tensa etapa con el expresidente Gustavo Petro. Después del triunfo en Colombia del abogado, Washington ha expresado al país apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos. En todo caso, la decisión de este miércoles ha generado una inmediata controversia sobre el control político y el alcance de la presencia de tropas extranjeras en Colombia. Según Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, la legalidad de este movimiento depende de la naturaleza del acuerdo. Charry señaló en entrevista con Noticias Caracol que si el convenio afecta la soberanía o implica operativos de fuerzas estadounidenses en suelo colombiano es imperativo que pase primero por el Congreso de la República.
"Si el convenio implica obligaciones que tienen que ver con la soberanía nacional, operativos que va a desarrollar miembros del gobierno de Estados Unidos en territorio colombiano, ese convenio debe ser aprobado en el Congreso de la República con una ley probatoria", afirmó Charry, quien también planteó que existe una discusión sobre si esto constituye un "tránsito de tropas extranjeras", lo cual requeriría específicamente la autorización del Senado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente, José Manuel Restrepo. Ese paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.
"Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio", resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.
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Desde la perspectiva internacional, los resultados de este tipo de alianzas militares son aún inciertos. Michael Shifter, profesor y presidente del diálogo interamericano, advierte que es prematuro hablar de éxitos, y citó en conversación con este noticiero el caso de Ecuador, donde operaciones similares han tenido resultados que catalogó de "dudosos" y la situación de seguridad no ha mejorado significativamente. Shifter subrayó que este acuerdo no parece ser una asociación entre iguales sino una imposición de la agenda de la administración Trump bajo una visión moderna de la Doctrina Monroe. "No están hablando de alianzas o en inglés 'partnerships'... es algo que Estados Unidos quiere imponer su agenda y quieren países y gobiernos que están dispuestos a cooperar", afirmó Shifter, quien comentó que esto representa un riesgo real para la soberanía de los países participantes.
Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado también se suscribieron al llamado "Escudo de las Américas", impulsado por Estados Unidos, junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú. La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.
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Hegseth afirmó este miércoles, con respecto al Escudo, que "un entorno más seguro significa un hogar más seguro. No puede haber prosperidad sin seguridad". "Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad", subrayó el secretario de Guerra.
Sin embargo, un punto crítico revelado es que la administración Trump no parece estar buscando la aprobación de su propio Congreso para estas acciones militares. Shifter comparó la situación con las tensiones en Irán, y señaló que el Ejecutivo estadounidense está tomando decisiones de manera unilateral basándose en su propio criterio. Para expertos, que el gobierno colombiano parezca decidido a profundizar la relación militar con Washington, a pesar de las advertencias sobre las implicaciones legales y políticas que conlleva permitir ataques de soldados estadounidenses en zonas del país, es altamente riesgoso.
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