La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta al Gobierno nacional por riesgo electoral en una tercera parte de Colombia. La situación afecta a 380 municipios de 24 departamentos del país, especialmente en el suroccidente.Elecciones regionales: MOE emite alerta por poca organización de partidos políticosLa presencia de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo plantean un panorama complicado para la jornada electoral que se celebrará en Colombia en el mes de octubre.“Expresamos preocupaciones en unos territorios debido a la injerencia, a la presencia, al control territorial y social que vienen adelantando las distintas estructuras armadas irregulares. Le expresamos a su vez al señor presidente de la República el acompañamiento desde la Defensoría permanente a la política pública de paz total. 380 municipios del país entre riesgo alto y riesgo extremo, es decir, que existen altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios a los derechos humanos”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.El funcionario también le advirtió al presidente Petro que el accionar de estos grupos armados ha venido aumentando: “Es importante que haya un cese inmediato en lo que tiene que ver con las actividades de las extorsiones, de los homicidios selectivos, así como también del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como también situaciones de amenazas, y más de cara al proceso electoral que se avecina, donde se incrementan las amenazas a candidatos”.El panorama del riesgo electoral en Colombia se suma al preocupante informe que presentó recientemente la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que entre otras cosas plantea que en el primer semestre de este año han sido asesinadas 46 defensores de DD.HH. en el país.Secuestro de una funcionaria de la RegistraduríaLa alerta sobre el riesgo electoral en Colombia se da en el marco del secuestro de Camila Suárez Galván, funcionaria de la Registraduría Nacional, que fue raptada en el municipio de Convención, región del Catatumbo.Según versiones de los lugareños, Suárez, de 20 años de edad, fue secuestrada cuando llegaba a su lugar de trabajo por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y que la obligaron a subirse a ese vehículo.El registrador nacional, Alexander Vega, rechazó el secuestro de la funcionaria y pidió que sea liberada pues este delito, además, afecta el normal desarrollo de las elecciones municipales y regionales del próximo 29 de octubre."Rechazamos cualquier acto de violencia que afecte el normal desarrollo de las elecciones y el libre ejercicio del voto y especialmente en contra de nuestros funcionarios; esta vez el secuestro de Camila Suárez Galván en el municipio de Convención, Norte de Santander", dijo Vega a periodistas.Igualmente, instó al Gobierno nacional y los organismos de seguridad al "pronto esclarecimiento de este hecho" que hasta el momento no se lo ha atribuido ninguno de los grupos armados que operan en la zona.
El pasado fin de semana, en una reunión con el ministro de Defensa, los altos mandos militares y el comisionado de Paz, los mandatarios regionales denunciaron un aumento de la violencia en medio del cese al fuego y cuestionaron la paz total. El ministro Iván Velásquez dijo que se pedirá a los grupos ilegales no afectar a la población civil con sus acciones.Killer, el perro antinarcóticos que delincuentes en Tolima amenazan de muerteEl gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha dicho que las dudas frente a este proceso han permitido el fortalecimiento de los grupos armados en todo el territorio y además el incremento de delitos y flagelos como, por ejemplo, el reclutamiento forzado de menores de edad, la extorsión, narcotráfico y la minería ilegal.El mandatario ha recibido amenazas por parte del Clan del Golfo a través de un comunicado hecho público en las últimas horas.“Clamamos, porque eso es lo que sentimos en los territorios, por ese rediseño y ese redireccionamiento, porque no cabe la menor duda, lo escuchamos en todos los departamentos, que hay un incremento de las actividades de estos grupos, incremento del secuestro, incremento de la extorsión, y que ese incremento ha sido, en gran medida, producto de esas falencias de esos vacíos a partir del primero de enero de la paz total”, aseguró Gaviria.Alcaldes en las subregiones de Antioquia coinciden con el gobernador en la preocupación por la situación de seguridad en sus municipios.“La realidad, o más bien triste realidad, de la subregión del nordeste de Antioquia es que evidentemente hay presencia de grupos al margen de la ley, donde claramente las subregiones atraviesan muchos fenómenos ilegales, donde vale la pena resaltar la extorsión a la que se ven sometidos los comerciantes, los ganaderos, los mineros y también la situación del microtráfico que es, digamos, el fenómeno que atrapa a nuestros jóvenes y niños”, dijo el alcalde de Vegachí, Deison Ulilo Acevedo."Paz total tiene enormes vacíos que aprovechan grupos al margen de la ley": gobernador de AntioquiaSituación en otros departamentosTomar acciones rápidas y efectivas en materia de seguridad e inversión social en el campo y, sobre todo, una verdadera intención de paz a los grupos ilegales, especialmente al ELN, esa es la solicitud que hacen desde la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica para frenar la violencia en el departamento de Chocó. En lo que va del año, el sur de este territorio se ha visto muy afectado, pues se han presentado 12 eventos de desplazamiento y hay más de 4.000 personas confinadas.Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que “ya Colombia se hastió de que se estén burlando del pueblo colombiano, generándoles falsas expectativas. La paz total no puede ser sin límites, sin reglas y sin protocolos. Deben frenar de manera inmediata cualquier hostilidad en contra de la población civil”.En Nariño, el desplazamiento es una de las difíciles realidades que viven cientos de familias. Los enfrentamientos entre grupos armados disputando el control territorial tienen en crisis a zonas como el Piedemonte Costero.En el norte del Valle del Cauca, Jamundí, Buenaventura, entre otros municipios, son los más afectados por la presencia de grupos armados como las disidencias de las FARC, que delinquen y causan temor a las comunidades. Uno de los hechos más recientes fue un hostigamiento a empresarios y periodistas en la zona rural de El Cerrito.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol.
La decisión del gobierno de suspender el cese al fuego con el estado mayor central de las disidencias de las FARC provocó reacciones como la de la Defensoría del Pueblo, que les pide a los grupos ilegales que muestren “un compromiso real de paz”.Petro a disidencias de las FARC: “Cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil”Según ese organismo, la masacre de cuatro menores de edad indígenas se suma “a las más de 50 violaciones al DIH que habrían sido cometidas por el EMC de las disidencias de las FARC”.“El centenar de acciones violentas que han adelantado los grupos armados ilegales durante este año dejan claro que no hay una verdadera voluntad de paz, lo que sí queda claro es que se han venido burlando del Gobierno nacional y se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos”, precisó Carlos Camargo, defensor del Pueblo.“Desde la Defensoría del Pueblo les exigimos a los grupos armados hechos concretos, actuaciones inmediatas y no más dilaciones para iniciar los diálogos con el Gobierno Nacional. Los grupos armados ilegales deben entender que la paciencia de la sociedad y del Estado tiene límites y que no pueden desaprovechar la oportunidad histórica que ofrece el Gobierno para dialogar sobre la ruta para dejar las armas y construir un país sin violencia y con mayor desarrollo social y económico”, recalcó.Por su parte, las comunidades indígenas, a través de la Opiac, hicieron “un llamado bilateral al respeto por la vida e integridad personal y colectiva de nuestros 64 pueblos indígenas y sus estructuras organizativas que se encuentran en el territorio amazónico, en medio de los escenarios territoriales de violencia entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC”.Sostienen que con la suspensión del cese al fuego “será evidente el aumento desproporcionado de hechos victimizantes en contra de las comunidades indígenas al estar en contacto directo con este tipo de confrontaciones armadas. Son nuestras comunidades, mujeres y niños indígenas quienes día a día afrontan directamente la violencia del conflicto armado”.Por su parte, Camilo Niño, secretario técnico de la CNTI (Comisión Nacional de Territorios Indígenas), lamentó “profundamente esta suspensión del cese al fuego porque exacerba la situación y pone en mayor vulnerabilidad a los pueblos indígenas que están allá en los territorios. Se tienen que comprometer a no seguirse metiendo más con la población civil y menos con los menores de edad”.Camilo González Posso, director de Indepaz, cree que la decisión del gobierno respecto a las disidencias de las FARC “puede desencadenar, primero un agudizamiento de confrontaciones para una ruptura total del cese al fuego, o lo que es más probable, una recomposición para que se aprovechen las cuatro semanas que le quedan al decreto, de modo que se defina un cese ya más prolongado para el segundo semestre y principios del año 2024”.Agregó que para el proceso de paz total “los protocolos deben ser estrictos, deben definirse claramente lo del cese de hostilidades a cualquier población civil, regularizarse el funcionamiento de la mesa con nombramientos de voceros y también que funcione el mecanismo de verificación, el monitoreo”.Se conocen nuevos detalles de la masacre de menores indígenas en Putumayo: “Actuaron con sevicia”
Siguen siendo atendidos en diferentes hospitales de Medellín los heridos de la riña, incluida una mujer, que se presentó en el sector de la 70 entre hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín y que también dejó dos muertos. Uno de los lesionados se encuentra en estado crítico por un golpe contundente en la cabeza. Ofrecen recompensa por responsables de muertes en riña entre hinchas de Nacional y Medellín“El hecho de que una persona mate a otra por su pertenencia a un equipo de fútbol, es decir, por ser hincha de uno u otro equipo, es lo que se considera un motivo fútil para el homicidio y esto hace que sea un homicidio agravado cuya pena puede llegar incluso a los 50 años de prisión”, explicó Santiago Trespalacios, abogado penalista.“No es posible que la Policía, que tiene la capacidad, la inteligencia, los medios para saber y poder prevenir situaciones, no lo haya hecho. Cabe recordar que desde muy temprano en redes sociales ya estaban apareciendo videos donde había algunos miembros de las dos barras portando armas blancas y demás”, señaló Fernando Quijano, experto en seguridad.Las autoridades insisten en que se tendrá mano dura con aquellos violentos que empañen la fiesta del fútbol. Por su parte, la Policía busca información para dar con el paradero de los asesinos y violentos protagonistas de estos hechos en Medellín, para lo que ofrecieron una recompensa de hasta $200 millones.Ante estos hechos de violencia, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional que convoque de manera urgente un puesto de mando unificado que tome decisiones encaminadas a evitar este tipo de situaciones. La situación ya no es de carácter deportivo, sino que se ha convertido en una problemática de seguridad pública considera el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.“Solicitamos que se convoque de manera urgente un puesto de mando unificado ante los recientes hechos de violencia, suscitados la madrugada de este domingo en Medellín entre seguidores de los equipos Atlético Nacional y Deportivo independiente Medellín, la gravedad de los hechos recientes trasciende lo deportivo y se convierte en un tema de seguridad pública”, indicó el funcionario.Capturan a hinchas de América que atacaron a seguidor del Cali con machete: "No venían a ver fútbol"Incluso, pide a las autoridades que entre en funcionamiento la mesa de concertación del barrismo social.“Estrategia que está inmersa en el Plan Decenal de Fútbol, el cual aún no ha entrado en operación. Las autoridades deben poner el centro de discusión a las barras de los diferentes equipos de fútbol, es por eso que se debe establecer de manera urgente la mesa de concertación como escenario de diálogo", dijo Camargo.El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, advirtió que una de las alternativas para generar más control en los estadios de fútbol es a través de la tecnología, para evitar infiltraciones en las barras.“Construir mucha tecnología, mucha tecnología. Yo creo que nosotros tenemos que identificar la gente que va al estadio a disfrutar, pero también identificar la gente que va con acciones demenciales para sacarlos del estadio por siempre, no por un mes, no por un día, sino por toda la vida”, dijo Velasco.La Defensoría del Pueblo ha avanzado en diferentes reuniones con las barras de Bogotá, Barranquilla, Cali y Armenia para erradicar la violencia en los estadios.
Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, emitida el pasado 16 de febrero, advertía del riesgo inminente para más de 26.000 pobladores del departamento del Meta, en municipios como Lejanías, donde 39 veredas están en riesgo de afectaciones a la vida; El Castillo, con 42 veredas, y Cubarral, con 25 veredas.Hoja de ruta en seguridad nacional: estos son los puntos clave del Gobierno nacionalEntre los fenómenos de violencia advertidos por el Ministerio Público, hay homicidios selectivos, amenazas, extorsiones y despojo de tierras y otras dinámicas que hoy, tal y como se advirtió, padecen los pobladores.En referencia a las estructuras ilegales que delinquen en el Meta, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, manifestó que ya "no vienen funcionando en grandes grupos o en campamentos, sino que lo vienen haciendo, utilizando como distractor, pequeños grupos que muestran fácil movilidad”.Esta zona del país, según las autoridades, está en disputa entre las disidencias de la Segunda Marquetalia y las del estado mayor central. Además, hay presencia del bloque Meta de las AGC o Clan del Golfo y grupos de autodefensas emergentes. “Hemos visto también que el estado mayor central se ha posicionado ahora en el departamento del Huila y Tolima, buscando conectarse con el departamento del Meta, que conecta con otros departamentos del oriente como Vichada, Arauca y Casanare”, señaló Francisco Daza, el investigador nacional de la Fundación Pares.La situación podría ponerse peor si las autoridades no toman medidas urgentes, advierten los expertos, y más aún cuando se acerca la campaña electoral, paradójicamente, en el marco de un cese al fuego que está afectando a la población civil.Aprueban ponencia de reforma a la salud en el Congreso: así fue la votaciónEn otras noticias que puede leer: Toda presencia de menores en grupos como el ELN “es un reclutamiento forzado”, afirma mindefensa“Toda presencia de menores en esas estructuras armadas ilegales (como el ELN) es un reclutamiento forzado”, aseveró el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, tras la polémica que ha surgido por la respuesta que dio Otty Patiño, jefe de la delegación para diálogos con esa guerrilla, frente a esta situación.Un periodista abordó a Patiño y le dijo que, según palabras del guerrillero Antonio García, ese grupo subversivo “nunca ha reclutado a nadie, que todos los jóvenes que están allá con los fusiles al hombro son porque quieren, porque les dan muchas ganas de entrar al ELN. ¿Usted qué piensa de eso?”.“De pronto es así, ¿no?”, contestó. Y ante la contrapregunta “¿usted cree que nunca han reclutado a nadie?”, el delegado respondió lo siguiente: “Forzosamente no sé”.En Yarumal, Antioquia, por ejemplo, el alcalde Miguel Peláez denunció que ocho menores fueron reclutados por ELN en menos de dos meses. Uno de ellos, una joven de 16 años, regresó en las últimas horas.Buscando el regreso de los otros siete, Peláez pidió la intercesión de la Cruz Roja Internacional “para mirar en las partes metidas en el conflicto cómo se va buscando una salida a través de esta mediación”.El reclutamiento de menores por parte de grupos al margen de la ley es un tema que preocupa en el Congreso de la República.Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde, explicó que uno de los métodos del ELN para esta práctica es “con misiones de reclutamiento, que van por las fincas, casa a casa, pidiéndoles cuotas a las familias, persuadiendo a los jóvenes”.Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, de las 15.696 solicitudes de búsqueda que ha recibido, 1.871 son para buscar niños, niñas y adolescentes, que habrían sido reclutados y posteriormente desaparecidos en el contexto del conflicto armado.
La Defensoría del Pueblo denunció que 308 niños menores de cinco años murieron en Colombia en 2022 por desnutrición y enfermedades asociadas, 111 casos más que los registrados en el año 2021."Está crisis exige un mayor compromiso de toda la institucionalidad del Estado para atender a los niños y las niñas que sufren este trastorno alimenticio, pero también a redoblar esfuerzos en materia de prevención", dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.El funcionario desglosó que, según el informe más reciente del Instituto Nacional de Salud (INS), La Guajira es el departamento con el mayor número de muertes notificadas con 85 casos, seguido por Chocó con 35, Cesar con 25, Bolívar con 24, Magdalena con 23, Valle del Cauca con 17, Antioquia con 10, Atlántico con 10, Meta con 10 y Vichada con 9."Las anteriores cifras son los reportes que llegan a las entidades oficiales, sin embargo, el trabajo de nuestros equipos en el territorio advierte situaciones más graves, con un alto subregistro de muertes por desnutrición en territorios tan alejados como en el departamento del Vichada", agregó.Vichada es el segundo departamento con las tasas de mortalidad por desnutrición más altas por cada 100.000 menores de 5 años. En primer lugar está La Guajira con 76 casos, seguido de Vichada (65), Amazonas (63), Chocó (60), Cesar (19), Magdalena (17), Guainía (15), Arauca (13), Bolívar (12) y Meta (11).Camargo aseguró que existen factores que inciden directamente en la desnutrición: la disponibilidad de alimentos, el consumo, el acceso y el saneamiento básico. Condiciones que "deben garantizarse en su totalidad para frenar la desnutrición en la infancia y generar escenarios plenos de garantía de derechos humanos".El defensor hizo especial énfasis en un hallazgo que indica que la mayor cantidad de casos de desnutrición aguda en menores de 5 años se reportó en Bogotá."La desnutrición no solo es un tema que debemos atender en territorios alejados, sino que en la misma capital del país hay que movilizar a todas las entidades para prevenir esta difícil afectación en contra de la primera infancia", afirmó.De los 21.483 casos de desnutrición aguda reportados el 31 de diciembre de 2022 por el INS, en Bogotá se registraron 4.089 casos, es decir, el 19%.En segundo lugar está el departamento de La Guajira con 1.954 casos y en tercer lugar Antioquia con 1.951 casos.
Se completan 20 días desde el inicio del cese al fuego bilateral por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro y grupos como las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Clan del Golfo, disidencias del Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia. Pese a lo que se esperaba, el impacto no ha sido lo que anhelaban las regiones. A esto se suma que no hay un mecanismo de seguimiento y monitoreo.Procuradora sobre cese al fuego bilateral: “La paz no puede estar por encima de la Constitución”Patrullajes de ilegales a plena luz del día en cascos urbanos como fue el caso de Policarpa, en Nariño o días después en Balboa, Cauca; la muerte en enfrentamientos de once miembros de grupos armados ilegales en Puerto Rondón, Arauca, o el secuestro de militares en pleno descanso, pese al pacto de cese al fuego, son las acciones que por estos días llevan a la población a preguntarse si se está o no cumpliendo el cese al fuego.En regiones como Arauca, Chocó, Cauca y Nariño persisten los enfrentamientos y la tensión. Lo que contrarresta en departamentos como Antioquia, Córdoba, Cesar, Putumayo e incluso Norte de Santander, donde las acciones hostiles han bajado su intensidad.Según organizaciones sociales, como Redepaz, el problema radica en que no es suficiente un acuerdo de cese al fuego si no existe un compromiso de cese de acciones hostiles contra la población.“Se ha disparado la vacuna exprés que es la de deme 10 millones, deme 20 millones, al que vende aguacates o al que tiene un supermercado. Se ha aumentado el secuestro, se ha aumentado el señalamiento, se ha aumentado el confinamiento, algo así como yo copo el territorio, nadie se sale” explicó Luis Emil Sanabria, presidente de Redepaz.Presidente Petro reconoce que el fiscal Francisco Barbosa "tiene razón en algunos temas"Carlos Negret, exdefensor del Pueblo, asegura que aunque hay voluntad de parte del Gobierno Petro para alcanzar la paz, al proceso de cese al fuego le faltan claridades.“No hay protocolos para el cese y, si no hay protocolos para el cese, no hay monitoreo y tampoco puede haber verificación, de modo que el llamado primero a los grupos armados es dejar a la población civil tranquila”, dijo Negret.En la misma línea apunta el actual defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien asegura que la entidad ha sido excluida de participar en un mecanismo de monitoreo.“No existen los protocolos, que yo tenga conocimiento, y nosotros no hemos sido invitados, pero eso no es óbice para nosotros como institución de derechos humanos. Vamos a ejercer, vamos a reafirmar nuestra competencia de monitoreo, de seguimiento y acompañamiento a las poblaciones en el marco de advertir cualquier situación de riesgo”, señaló Camargo.Fiscal Francisco Barbosa se despacha: “El Estado empieza a no estar en los territorios”“Pero ¿y las hostilidades?, ¿el cerco a las comunidades? Ese miedo que asiste hoy a las comunidades porque están copando el territorio”, exclamó Sanabria.Y si hay algo que preocupa es que el cese al fuego ha transformado las dinámicas de los grupos armados ilegales, pues si bien han bajado los homicidios en cumplimiento de la tregua, estos grupos no han renunciado a sus economías ilegales, por lo que la trata de personas, la extorsión y el narcotráfico están disparadas. La pregunta es: ¿qué va a hacer el Gobierno para garantizar el silenciamiento de fusiles y a la par generar los alivios humanitarios?
El 2022 fue un año en el que se habló de paz, pero paradójicamente varias comunidades estuvieron confinadas por el hostigamiento de grupos armados ilegales. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo informó que desde 2017, un año después de firmar la paz, y hasta el 2022, emitió 136 alertas tempranas por la presencia de las disidencias de las FARC en 237 municipios y 29 departamentos del país.Cese al fuego con grupos armados: ¿cómo sería la verificación de su cumplimiento?A pesar de que se habló de un cese al fuego y la posibilidad de su participación en los diálogos de paz con el Gobierno nacional, la presencia de estas facciones de las extintas FARC ha generado angustia y miedo en algunas comunidades.Recientemente se conoció que el comando conjunto del oriente y grupo coordinador de occidente se sumaron al cese de hostilidades como gesto de paz.Según Indepaz, la presencia del comando conjunto del oriente se concentra en los departamentos de Arauca, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Vichada, Casanare, Huila, Meta y Putumayo. En el caso del comando coordinador de occidente, su presencia se centra en Nariño, Cauca, Huila, Putumayo, Tolima y Valle.Para algunos analistas, como el director de la Fundación Pares, León Valencia, la decisión del cese de hostilidades por parte de las disidencias es un alivio que las comunidades necesitan, pues residen en zonas donde “hay mucho desplazamiento, confinamiento y muertes”.Los decretos del cese al fuego son, a juicio de los expertos en conflicto armado, la ruta a seguir para evitar el crecimiento de una crisis humanitaria.Jorge Mantilla, director de la Fundación Ideas para la Paz, expresó que “es fundamental que los protocolos que se deriven de los decretos ya firmados por el presidente sean explícitos en la manera en que este cese al fuego bilateral se va a traducir en una disminución del impacto humanitario”.Para el experto, el cumplimiento de este cese al fuego deberá estar acompañado de un equipo de verificación.Los analistas coinciden en que, aunque el cese al fuego de este grupo armado es un avance para la paz total, se deberán trazar líneas rojas para evitar incumplimientos.Decretos de cese al fuego bilateral ya fueron firmados por el presidente Gustavo Petro
Se completan dos días de paro armado del ELN en el departamento del Chocó en el medio y bajo San Juan. La navegabilidad por el río San Juan y sus afluentes están totalmente suspendidas, a esa zona viajó el nuncio apostólico para conocer de primera mano la crisis humanitaria que deja el conflicto armado.Lea, también: Anuncio de paro armado del ELN en Chocó genera autoconfinamiento y desplazamientoParalizado está el transito fluvial en los embarcaderos de Istmina, los lancheros no se atreven a desafiar el paro armado del ELN, dicen que por temor a represalias.“La cosa está complicada, está paralizada porque no lo dejan trabajar, todo está paralizado, no suben ni bajan botes”, manifestó un transportador afectado. En la plaza de mercado de Istmina hay productos que escasean, como el plátano, yuca, el ñame.Fanny Mosquera, vendedora de alimentos en la zona manifiesta que “La situación económica está para caerse hacia atrás, de San Juan para abajo no están subiendo botes, todo está restringido, en el momento el plátano lo traen del Baudó, con eso estamos trabajando.”.En el río San Juan son decenas de pasajeros los que vienen y van desde el medio y bajo San Juan y el Calima Darién, también los productos que vienen de los campesinos de esa zona, pero hoy con el paro armado la movilidad se redujo a cero. Los ciudadanos dicen que ni los enfermos pueden transportarse.“No sabemos hasta cuándo llegue el paro y entonces hay que tratar de tener los alimentos en la casa”, puntualizó un habitante de Istmina.Por otra parte, la Defensoría del Pueblo urgió la atención para casi 10 mil confinados indefinidamente en cinco municipios del Chocó, por el paro armado del ELN.El nuncio apostólico está en el Chocó escuchando a los lideres sociales y defensores de DD. HH. para conocer de la crisis humanitaria, social y ambiental que deja el conflicto armado en el departamento.“Las comunidades hicieron un llamado a la fuerza pública para que haga más acompañamiento a la población, especialmente en la zona rural donde hay fuerte presencia del ELN y las AGC”, puntualizó el nuncio apostólico, monseñor Luis Mariano Montemayor.
Este viernes, 25 de noviembre de 2022, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y desde Noticias Caracol se hace un llamado para poner fin a esta problemática.En relación: Más de 20 víctimas de feminicidios en Colombia denunciaron a asesinos varias veces antes de morirSin embargo, la violencia contra las mujeres asaltó al Congreso de la República, pues, en plena discusión contra los abusos sexuales, maltratos verbales y físicos que en muchos casos terminan en muerte, la transmisión fue hackeada y en la sesión de la Comisión Legal de la Mujer apareció un video con contenido sexual de un hombre.Este hecho, para la presidenta de la Comisión Legal de la Mujer, María José Pizarro, es el claro ejemplo de la violencia a la que son sometidas."Se hackea la plataforma, aparezca un hombre masturbándose, mientras yo estoy haciendo la instalación de la misma, me parece que no solamente reafirma, vuelvo y repito, esa violencia que vivimos, sino que me parece un acto de agravio", afirmó Pizarro.El rechazo a todo tipo de violencia contra la mujer también se expresó en concentraciones de mujeres que, con distintivos morados y pancartas, exigieron respeto y pidieron medidas para que el abuso y los feminicidios paren."Que no se quede callada, que denuncie y no permita el abuso", expresó la ciudadana Mercedes Miranda.Según las cifras de las autoridades, cada 48 horas es asesinada una mujer en el país. En lo corrido de 2022, se han presentado al menos 180 casos de feminicidios y la Procuraduría dice que hay más de 600 alertas de violencia contra la mujer.Asimismo, la Defensoría del Pueblo denunció que los feminicidios y la violencia contra la mujer no dan tregua, mientras organizaciones defensoras de sus derechos piden garantías por la vida.También lea: Joven denunció que fue víctima de violencia sexual tras salir del concierto de Bad BunnyEn estos departamentos del país se concentran los mayores casos de feminicidios y violencia contra la mujer, según esta entidad:Córdoba 49Cundinamarca 38Putumayo 38Magdalena 24Meta 19Atlántico 15Valle del Cauca 14Chocó 14Por su parte, en Córdoba, el panorama es preocupante, pues las organizaciones de mujeres denuncian el aumento de los feminicidios, las agresiones y desapariciones.“El llamado es que entre todos trabajemos en la eliminación de la violencia contra las mujeres y a las mujeres que no están solas, que hay una red que las apoya”, afirmó Dary Garnauth, vocera de la alianza Ni a mí, Ni a ninguna.El departamento de Magdalena es el cuarto departamento con la mayor tasa de feminicidios. En lo corrido de este año se han registrado 24 muertes de mujeres."Las mujeres somos fundamentales en esta lucha contra este flagelo y es indispensable que desde los servicios de atención a la violencia sean considerados estos casos como prioritarios desde la prevención y la atención y esto significa que las mujeres y niñas cuenten con redes de protección desde lo institucional y lo comunitario", indicó Verónica Meléndez, secretaria encargada de la Defensa de la Mujer en Magdalena.Entretanto, en Cali, mujeres de todas las edades salieron a manifestarse en apoyo al día de la no violencia contra ellas, pues el panorama en la ciudad no es alentador. Según datos del observatorio Cali cómo vamos, entre enero y septiembre se registraron 2.363 casos, cifra superior en comparación con la del año pasado.
Tras el anuncio de la Corte Constitucional que declaró “inexequible la ley 2281 de 2023, por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad”, por vicios de trámite en su formación, la senadora Paloma Valencia se pronunció apoyando la decisión del alto tribunal.>>> También puede leer: Contraloría raja al Gobierno en ejecución del presupuesto: fue del 9,1% en primeros tres mesesLa congresista se alegró con la decisión del alto tribunal. "La Corte Constitucional acaba de fallar mi demanda contra el Ministerio de la Igualdad y ganamos la demanda”, aseguró.Para la senadora, este ministerio “era pura burocracia”. Valencia habló de cifras que se invirtieron en esta cartera del Gobierno.“Un billón trescientos mil millones, de los cuales 900.000 millones eran para puestos para repartir y apenas 400.000 millones para la inversión que se necesita para los colombianos”, aseguró la también abogada.Además, Paloma Valencia criticó la ejecución que hasta ahora ha tenido el Ministerio de Igualdad. “Una vergüenza, todo lo que llevan tratando de implementar solo han logrado un 1,6% de ejecución del presupuesto”, sostuvo.La parlamentaria también se refirió a la gestión del Gobierno nacional en el estudio previo a la creación de este ministerio: “El Gobierno nunca mostró un estudio de impacto ambiental sobre este proyecto".Y agregó que “este precedente muestra que todas las reformas del Gobierno están heridas de muerte porque están haciendo política irresponsable, simplemente apoyando proyectos sin saber ni siquiera cuánto valen”.Paloma Valencia concluyó con una referencia de lo que para ella es el proceso que permite llegar a la igualdad en Colombia.“La igualdad se consigue construyendo lo que los colombianos necesitan y no dándoles burocracia a los amigos”, concluyó.¿La decisión tiene efecto inmediato?La decisión que tumba la creación del Ministerio de Igualdad no se aplicará de manera inmediata, pues la Corte Constitucional "encontró que declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad y, naturalmente, del ministerio que lo encabeza"."En criterio de la Sala Plena, esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el Legislador y el Ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política”, precisó.Para evitar esos efectos adversos y “con el objeto de conciliar los intereses y principios constitucionales en tensión y salvaguardar el principio de igualdad, la Sala Plena resolvió diferir los efectos de esta decisión por el término de dos legislaturas".Es decir, el alto tribunal detalló que, "una vez culmine la legislatura 2025-2026, la ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”.>>> También puede leer: Francia Márquez se refirió a investigación de la campaña Petro presidente: “No hay nada que temer”
En la actualidad, el 40,3% de los hogares colombianos viven en arrendamiento, una modalidad que había perdido algo de campo hace unos años. Esto se traduce en que 4 de cada 10 familias en el país viven en inmuebles alquilados.>>> Puede interesarle: ¿Pensando en arrendar o comprar vivienda? Tenga en cuenta estos consejosEn esta entrega de Signo Pesos, Mario Andrés Ramírez, presidente de Fedelonjas, habla sobre el incremento de los cánones de arrendamiento, cómo está el sector actualmente y a qué se debe el incremento de familias viviendo en alquiler."Pasamos de ser un país de propietarios a ser un país de arrendatarios. La gente con el arrendamiento tiene la facilidad de tener una vivienda digna y de calidad", comentó Ramírez, quien explicó que este cambio se evidenció radicalmente en 2022.¿Hay problemas para adquirir vivienda en el país? ¿Los cambios se deben a los nuevos tipos de familias? ¿Qué tipo de viviendas en arrendamiento son las más populares? El experto responde.>>> En temas relacionados: ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Medellín, según reciente informe?
La Corte Constitucional dio a conocer este miércoles, 8 de mayo de 2024, que declaró “inexequible la ley 2281 de 2023, por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad”, por vicios de trámite en su formación.>>>Vea también: Paloma Valencia sobre fallo que tumba al Ministerio de Igualdad: "Era pura burocracia"El alto tribunal añadió que los efectos de la decisión es “por el término de dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024”, y que cuando “culmine la legislatura 2025-2026, la ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”.Mediante su comunicado, la Corte Constitucional aclaró los fundamentos para tomar la decisión y explicó que, “en el trámite de aprobación de la ley 2281 de 2023, el Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el artículo 7º de la ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.También aseguró que la omisión “violó el artículo 151 de la Constitución, según el cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias previstos en las leyes orgánicas, tales como la ley 819 de 2003, constituyen un parámetro de constitucionalidad y validez. Por esta razón, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de la ley 2281 de 2023”.Respecto a por qué la decisión no tiene efecto inmediato, el alto tribunal explicó que "encontró que declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad y, naturalmente, del ministerio que lo encabeza". "En criterio de la Sala Plena, esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el Legislador y el Ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política”, precisó.Para evitar esos efectos adversos y “con el objeto de conciliar los intereses y principios constitucionales en tensión y salvaguardar el principio de igualdad, la Sala Plena resolvió diferir los efectos de esta decisión por el término de dos legislaturas". "En criterio de la Sala, este término prudencial reduciría los riesgos de la inexequibilidad inmediata advertidos, debido a que permitiría (i) que el Legislador, por iniciativa legislativa del Gobierno nacional, si así lo considera, apruebe la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en cumplimiento de las exigencias y requisitos de aprobación de las leyes previstos en la Constitución y la ley 819 de 2003; o (ii) en su defecto, el Gobierno nacional cuente con un tiempo suficiente para reasignar las funciones que fueron otorgadas al Ministerio de Igualdad y Equidad y lleve a cabo las modificaciones en la administración pública nacional que correspondan para evitar afectaciones a los derechos de los sujetos de especial protección constitucional que son beneficiarios de la política pública que actualmente dirige el Ministerio de Igualdad y Equidad", detalló la Corte Constitucional.Finalmente, el alto tribunal indicó que, "una vez culmine la legislatura 2025-2026, la ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”.>>>También le puede interesar: CNE rechazó declaraciones de Gustavo Petro por investigación: “Se afecta la democracia"
La inflación en Colombia completó más de un año moderándose, desde el pico aquel por encima del 13% que tuvo arrancando el año 2023. En abril de 2024 tuvo su menor variación desde comienzos del año 2022.>>> También le puede interesar: ¿Cómo está el panorama actual de la producción y consumo de café en Colombia?El DANE reportó este miércoles, 8 de mayo de 2024, que la inflación en Colombia durante abril tuvo una variación anual del 7,16%.Analistas creen que como la inflación se sigue moderando, el Banco de la República seguirá bajando sus tasas de interés para reactivar la economía.Otros indicadores de la economía en ColombiaEn abril, Colombia tuvo una producción de café de 742.000 sacos, con un crecimiento del 31%, reporta la Federación Nacional de Cafeteros.El grupo de Empresas Públicas de Medellín, EPM, reporta sus resultados financieros del primer trimestre. Tuvo ingresos por 10,1 billones de pesos, aumentó un 12% y dejó ganancias por 1,7 billones de pesos, o sea, que crece en un 6%.El proyecto Hidroituango empieza a tener un peso importante dentro de las finanzas de EPM.Y en el primer trimestre de este año, reporta el Gobierno nacional, llegaron al país 1,6 millones de visitantes no residentes, con un crecimiento del 7,6%, lo que es importante para el sector turístico.Subió el dólar y se monta otra vez por encima de los $3.900. La tasa representativa para este jueves, 9 de mayo de 2024, es de $3.902,63.También subió el petróleo Brent y se ubica en US$83,58 por barril y sube el café. El precio de referencia para este jueves es de $1.505.000 por carga en promedio.>>> Entérese también de: Ganancias de Ecopetrol volvieron a desplomarse: bajaron 29,1% en primer trimestre de 2024
Sobre las investigaciones que se adelantan sobre la posible violación de los topes de recursos en la campaña Petro presidente, se conoció un testimonio del gerente de esa campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.>>> También le puede interesar: Pruebas del CNE de supuesta violación de topes electorales en campaña Petro presidenteNoticias Caracol evidenció que Ricardo Roa rindió declaración ante la Comisión de Acusación el 18 de abril de 2024, como exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, para explicar distintas incógnitas.Roa dijo que sí se reunió con dirigentes de Fecode, pero que este sindicado tiene personería jurídica y, por lo tanto, la ley impide que pueda aportar a las campañas presidenciales. También negó haber recibido dineros por parte de Alfonso Hilsaca, conocido como el Turco; de Samuel Santander Lopesierra, que se conoce como el Hombre Marlboro, y del empresario Christian Daes.Además, Roa explicó cuáles fueron las instrucciones que dio el presidente Gustavo Petro para que al interior de la campaña se tomaran medidas y no se violaran los topes electorales.“Fue la segunda gran premisa de esta gerencia de campaña, el no permitir bajo ninguna circunstancia la violación de los montos establecidos en las circulares del Consejo Nacional Electoral. Y fue ahí donde decidí la conformación de ese comité conformado por el auditor, el gerente de la campaña, el director jurídico, el contador y el tesorero”, dijo Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro presidente.Sobre la orden del presidente Petro, Roa fue claro al afirmar lo siguiente: “Hago referencia a la segunda premisa, pues no podemos exceder los montos aprobados en ninguna circunstancia. Y ese fue la segunda instrucción, después de evitar la procedencia indebida y el riesgo, la vulnerabilidad que tenía el proyecto político de esas eventuales infiltraciones de recursos”.De otra parte, los congresistas María José Pizarro y David Racero presentaron una recusación en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada ante el Consejo Nacional Electoral, en medio del proceso que lleva en contra del presidente Gustavo Petro y la financiación de su campaña presidencial.Los congresistas dicen que esto es por la evidente vulneración del principio de imparcialidad y por un régimen de conflicto de intereses.>>> También le puede interesar: Presidente Petro se pronuncia por ponencia de pliego de cargos contra su campaña