En el Congreso de Colombiafue radicado el proyecto de ley que busca reglamentar y garantizar el derecho a la protesta social. Unos sectores aplauden la propuesta por las garantías que otorga a los manifestantes, mientras que otros consideran que resta posibilidades de acción a la fuerza pública.
Esta iniciativa de 44 artículos establece la obligatoriedad de protocolos y manuales de intervención en las protestas, participación de personal capacitado y equipado, la creación de un puesto de mando unificado y la conformación de la mesa nacional de garantías donde se realizará evaluación permanente de lo que ocurre en las movilizaciones.
De acuerdo con quienes se oponen al proyecto, las regulaciones para la fuerza pública los estaría atando de manos, en caso de que se presente una situación de emergencia. Es por esto que, resaltan, la cantidad de policías no debería ser una variable que se deba disminuir en una protesta pacífica, ya que estos no tienen por qué intervenir si todo transcurre con normalidad.
Asimismo, mencionan una mezcla de fines, en las que “se habla de derechos pero no de deberes de los ciudadanos”, ya que, por ahora, no existe un articulado dirigido puntualmente a los manifestantes.
Para analizar este tema, en esta entrega de Sala de Prensa hablamos con los representantes a la Cámara Alirio Uribe, del Pacto Histórico y promotor del proyecto sobre protesta social, y Hernán Cadavid, del Centro Democrático.
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