En medio de la crisis del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación hicieron un llamado a que estén a la altura de la ley y la constitucionalidad en el proceso de transición. Cabe resaltar que De la Espriella decidió suspender el empalme luego de que Petro asegurara que no reconoce la legitimidad de la elección del pasado 21 de junio.
Por su parte, la defensora Iris Marín aseguró: "Hacemos un llamado al Gobierno saliente, al Gobierno entrante y a quienes ejercen liderazgos políticos para que restablezcan las condiciones necesarias para adelantar una transición institucional, respetuosa y orientada al interés general. Corresponde a todos los actores políticos respetar el resultado electoral y preservar la confianza en las instituciones democráticas. La estabilidad institucional es una garantía para los derechos de toda la ciudadanía. Colombia necesita que este momento se conduzca con responsabilidad, respeto mutuo y compromiso con el país".
Asimismo, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, invitó a todos los colombianos a construir confianza institucional dentro de las propias diferencias de la política. Afirmó que el país está viviendo una “legítima transición democrática luego de que el mayor número de ciudadanas y ciudadanos de la historia se expresó de manera libre en las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y al nuevo mandatario de los colombianos”.
Eljach Pacheco recordó que la legislación colombiana establece parámetros para la transición de gobiernos. “La Constitución le impone al Procurador General de la Nación la protección del ordenamiento jurídico y el cumplimiento de ese mandato implica que exhorto a los equipos de los gobiernos salientes y entrantes a observar con rigor las normas que regulan la tarea del empalme", dijo.
Cabe resaltar que, aunque se suspendió el proceso de empalme con el gobierno saliente, De la Espriella ha adelantando una agenda del empalme regional, que comenzó con las autoridades de Norte de Santander. Asimismo, su equipo afirma que han realizado un "empalme anticorrupción", en el cual han recolectado información pública de las distintas entidades y han encontrado presuntos hallazgos de corrupción que entregarán a la Fiscalía General de la Nación.
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De acuerdo con expertos consultados con Noticias Caracol, la Ley 951 de 2005 exige el intercambio de información entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, por lo que existe una preocupación sobre el futuro de este proceso. "El empalme no está detenido legalmente; se suspenden unas reuniones, pero el gobierno tiene la obligación de seguir entregando la información", afirmó el excomisionado de Paz Miguel Ceballos.
LAURA VALENTINA MERCADO
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