El Presidente de la República formalizó la revocación de los nombramientos de los representantes del Gobierno nacional tanto en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como en el espacio sociojurídico con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La decisión responde a las atribuciones constitucionales del Jefe de Estado para el manejo del orden público y la conducción de la política de paz.
A través de la Resolución 391 de 2026, la Presidencia de la República dejó sin efecto las designaciones de la delegación gubernamental que venía adelantando las conversaciones con la guerrilla del ELN. Este grupo negociador estaba integrado por figuras públicas como Vera Grabe Loewenherz, quien se desempeñaba como jefa de la delegación, así como la senadora María José Pizarro Rodríguez, el senador Iván Cepeda Castro, el dirigente gremial José Félix Lafaurie, entre otros representantes del sector político, social y militar.
El documento oficial recuerda que la Mesa de Diálogos de Paz fue instalada formalmente en Caracas, Venezuela, en noviembre de 2022. Sin embargo, la resolución resalta que desde febrero de 2024 el proceso sufrió un progresivo deterioro en la confianza y continuidad debido a la decisión unilateral expresada por el ELN de congelar las conversaciones.
A pesar de que durante el año 2024 se adelantaron reuniones extraordinarias con el objetivo de destrabar la crisis y restablecer la interlocución, el Gobierno nacional sustentó en el acto administrativo que la continuidad de las negociaciones exige un compromiso claro, sostenido y verificable de paz por parte del grupo armado. Ante la falta de avances firmes, la Presidencia ejerció su potestad discrecional para retirar a sus representantes.
En paralelo, el Ejecutivo expidió la Resolución 390 de 2026, mediante la cual revocó la designación de los voceros oficiales en el espacio de conversación sociojurídico con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), grupo armado organizado autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Esta medida afecta directamente la labor de Álvaro Jiménez Millán, quien se desempeñaba como coordinador de los delegados de la administración pública en este espacio, así como a los representantes María Gaitán Valencia, Armando Custodio Wouriyu, Víctor Negrete Barrera y Águeda Plata Gómez.
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Este espacio de diálogo sociojurídico había sido autorizado mediante resolución ejecutiva en julio de 2024 con el propósito de explorar voluntades reales de sometimiento a la justicia, desmantelamiento de estructuras criminales y el tránsito de sus integrantes hacia la legalidad.
Ambas resoluciones fundamentan la postura gubernamental en los mandatos del artículo 189 de la Constitución Política y los presupuestos legalmente fijados por la Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022). El marco normativo indica que la preservación del orden público y la dirección exclusiva de los procesos de paz corresponden de manera directa e indelegable al Presidente de la República.
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De igual manera, los textos citan jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que se reafirma que el Jefe de Estado cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para definir de manera autónoma "cómo, cuándo y con quién busca establecer diálogos", así como para determinar en qué momento debe hacer uso del aparato coercitivo de la Fuerza Pública para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Con la firmeza de estas dos resoluciones presidenciales, el panorama de las negociaciones con los principales grupos armados al margen de la ley en el país entra en una fase de reestructuración e incertidumbre sobre el futuro de la Paz Total.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL