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Entre los anuncios que ha hecho el Gobierno nacional en las últimas horas se destaca la posibilidad de eliminar en 2026 la prima de servicios que suelen recibir los congresistas, cuyo valor está entre 11 y 16 millones de pesos, según estimaciones. En una rueda de prensa, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó este martes que desde el Ejecutivo están preparando un decreto con esta medida.
Se trata de una prima de servicios que se estableció durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, a través del decreto 2170 de 2013, y que se les paga mensualmente. “(Esa prima) tuvo la intencionalidad, como muchas de las cosas que pasan en el país, de atender una necesidad de costos de instalación de los congresistas que estaban fuera de Bogotá. Al poco tiempo, ese mismo beneficio se transformó en un beneficio generalizado para todos los congresistas”, explicó Ávila.
Lo que busca el Gobierno es derogar ese decreto y eliminar esa prima para los congresistas que arranquen su periodo en el Legislativo el próximo 20 de julio de 2026 luego de las elecciones que se llevarán a cabo durante marzo.
El ministro Ávila agregó que esta prima hoy se les paga a todos los 302 miembros del Legislativo, lo que eleva el salario de cada uno de los congresistas a unos 52 millones de pesos, por lo que sin esta prestación quedaría en alrededor de 35 millones de pesos. Las cuentas del Gobierno es que, en total, todo asciende a unos 3.322 millones mensuales.
En el borrador del decreto que prepara el Gobierno se lee lo siguiente: “Que la remuneración percibida por los Congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”.
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De otro lado, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que con el aumento del salario mínimo, que el Gobierno fijó en un 23%, es decir unos dos millones de pesos con subsidio de transporte, lo que sí va a crecer es el presupuesto que se asigna a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los congresistas, pues por ley está permitido pagar hasta 50 salarios mínimos mensuales como máximo a quien trabaje en ese equipo de trabajo, es decir hasta 100 millones de pesos. Sanguino aseguró que el Congreso debe revisar ese tope.
Lo que también aclaró el ministro Sanguino es que el sueldo de los congresistas no aumentará con el reajuste del salario mínimo vital que decretó el Gobierno, pues el salario de los miembros del Legislativo no está relacionado a ese rubro.
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WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL