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Durante el debate intentaron aplazar votación dos veces y se vio división en el Centro Democrático. Derrotados dicen que seguirán buscando hacer modificaciones.
Con el hundimiento de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, el representante Edward Rodríguez le envió un mensaje directo a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
“Aquí nos falta diálogo con el Congreso y nos falta transparencia con el Congreso. Decirle las cosas por su nombre. Y por eso tenga ese gesto de grandeza y hable con el presidente Duque, a ver si pasamos la página y con su renuncia resolvemos este gran problema”, le dijo a la alta funcionaria.
La ministra y el consejero presidencial, Jaime Amin, guardaron silencio frente a la derrota del Gobierno.
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"Felicitaciones por la sólida mayoría en Cámara rechazando objeciones (a la ley de la) JEP", trinó por su parte el exjefe negociador del Gobierno para el acuerdo de paz con las FARC, Humberto de la Calle, quien pidió a Duque que "retire las objeciones en un acto de compromiso republicano".
Todavía falta la votación en el Senado, que se hará seguramente después de Semana Santa, pero en cualquier caso las objeciones hechas por el presidente Iván Duque quedan al borde del hundimiento.
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El artículo 200 del reglamento del Congreso señala que "cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley y la otra las encontrare fundadas se archivará el proyecto".
El pasado 10 de marzo el mandatario devolvió al Congreso la Ley Estatutaria de la JEP por considerar que seis de sus artículos no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.
El Ejecutivo devolvió al Congreso la ley aprobada el año pasado para introducirle unas modificaciones que buscan definir la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado y aclarar las competencias de la justicia ordinaria inclusive en los casos de extradición.
Igualmente, pretende garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra "en relación con quienes no son máximos responsables" para que no haya impunidad; la exclusión "de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes" de la justicia transicional y la pérdida de beneficios de "quien reincida en las actividades criminales".
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Esto ocurrió luego de que la ley fuera aprobada por el Congreso y recibiera el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial.
El alto consejero para los Derechos Humanos de la Presidencia, Francisco Barbosa, aseguró el lunes de la semana pasada que Duque sancionará dicha ley en caso de que el Congreso rechace sus objeciones porque el presidente "cumplirá con la Constitución".
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Al respecto, el reglamento del Congreso señala que si el mandatario no cumple con "el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece", el encargado de hacerlo será el presidente de la corporación, el senador oficialista Ernesto Macías, del partido Centro Democrático, quien tendrá que sancionarla y promulgarla.
A primera hora, los representantes del partido de Gobierno realizaron una proposición de aplazamiento del debate argumentando que, según la Constitución, las objeciones deberían votarse primero en el Senado.
Sin embargo, la proposición fue negada en dos ocasiones por la plenaria de la Cámara, por lo cual se procedió al debate y a la votación.
La JEP es la componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición creado por el acuerdo de paz.
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Su principal función es administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.
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