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Este es el punto 2 del acuerdo de paz, que busca fortalecer la democracia. Sin embargo, preocupa el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros.
Guillermo Rivera, exministro del Interior, señaló que esta parte pactada en el proceso “no era para las FARC, el punto dos era para los colombianos”.
“Las FARC ya tuvieron su reincorporación política a través de las disposiciones que les permitieron hacerlo. Este punto dos era para profundizar nuestra democracia, para darle cabida en el escenario político a organizaciones que nunca han tenido la posibilidad de acceder al poder político, para hacer más transparentes las normas electorales, para contar con unas autoridades electorales modernas, competentes, legítimas”, agregó.
El exfuncionario se refiere a los ejes del punto de participación: derechos de la oposición, el papel de la ciudadanía y garantías de seguridad.
El estatuto de la oposición es una realidad.
Pero sobre la forma de concretar la participación de las comunidades en los territorios, aún se perciben vacíos.
Una lideresa del Chocó sostiene que les dieron una esperanza. “Vimos no que podíamos solucionar ni reparar, pero sí mitigar el dolor que como víctimas hemos sufrido en el territorio y eso no se está reflejando”, lamentó.
El mayor problema de cumplimiento de este punto son las garantías para el ejercicio de la política, ya que desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado 324 asesinatos de defensores y líderes.
En el 2019 se cometieron 107 y en los dos meses del 2020 ya van 10.
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