La orden del presidente de la República, Gustavo Petro, de liquidar -es decir, cerrarlas y que desaparezcan- todas las EPS que estén en quiebra ha desatado un rechazo generalizado entre asociaciones de pacientes y otras voces del sector de la salud en Colombia ante los riesgos que, aseguran, implicaría esta decisión, pues dejaría en vilo a millones de pacientes. Para expertos, el sistema de salud ya está enfrentando una crisis aguda y no está respondiendo con la atención debida a millones de pacientes que esperan la continuidad en sus tratamientos y la entrega de medicamentos.
"Puede generar un riesgo de colapso operativo del sistema. La Nueva EPS no está en capacidad de recibir 13 millones de personas de la noche a la mañana; puede generar una interrupción de tratamientos pacientes que quedan sin autorizaciones y sin medicamentos", alertó el exministro Augusto Galán, director del Observatorio Así Vamos en Salud.
Las siete EPS intervenidas por el Gobierno tendrían que someterse a un proceso de liquidación y traslado masivo de sus más de 10 millones de afiliados, que llegarían a la Nueva EPS, entidad que hoy ya tiene 11,5 millones de usuarios.
Para el exsuperintendente de Salud Fabio Aristizabal, la noticia cae como un baldado de agua fría para el sector al tratarse de un cambio total en la operación del sistema, sin medir a profundidad el enorme riesgo que correrían los afiliados. "Estamos hablando de vidas de colombianos. Estamos hablando de EPS deterioradas si él (Petro) va a ordenar la liquidación. Lo más sensato debe ser que las personas que salen de una EPS que entra en liquidación pasen a otras entidades que no tengan medida de vigilancia, que tengan indicadores financieros que permitan este traslado, el patrimonio mínimo el capital adecuado, porque van a empeorar la situación". Aristizabal, en ese sentido, explicó que "en este momento hacer esos traslados va a generar un riesgo sistémico en el país".
La Nueva EPS, que el Gobierno espera consolidar como el más grande asegurador en salud, y a la que pretende pagarle la deuda de más de 21 billones de pesos con proovedores, clínicas y hospitales, vive hoy una crisis financiera severa tras el embargo de sus cuentas por más de dos billones de pesos ordenado por juzgados, y un incremento de reclamaciones en salud sin precedentes. Según las mismas cifras de la Superintendencia, en 2025 se superaron las 14 mil quejas, con un incremento del 107%, y solo en los primeros 20 días de enero 1.100 pacientes radicaron una nueva reclamación por falta de servicios.
"Llevarlas a la Nueva EPS, una entidad que no tiene ni siquiera estados financieros. Desde el 2023 se desconocen su situación real financiera y operativa, pero lo estamos viendo todos los días con toda la gente de esa entidad que está sufriendo por desatención", afirmó Ana María Vesga, directora de Acemi, el gremio de las EPS.
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Por ahora, no se conocen detalles sobre cómo sería el proceso de liquidación ni traslado de los afiliados. Según la ley, es únicamente la Superintendencia de Salud la entidad que puede autorizar un eventual proceso de liquidación de EPS y el traslado de sus afiliados.
¿Qué dijo el presidente Petro?
Petro anunció durante un consejo de ministros este lunes que las EPS que estén en quiebra deberán ser liquidadas, pues el Estado no seguirá girando más dinero para su sostenimiento ante el riesgo de una supuesta quiebra de las finanzas públicas. El jefe de Estado afirmó puntualmente: "Las EPS, ministro de Hacienda y ministro de Salud, todas las que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativa, el Congreso no aprobó la reforma. Ya no queda sino este último trato".
Para el mandatario, sería un "suicidio" tomar los 50 billones de deuda pública para "trasladarlo a pagar la deuda de las EPS, que es pagar las deuda de los dueños privados de las EPS". En ese sentido, dijo, "es mejor que se liquiden, por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia".
¿Cuáles serían las EPS afectadas?
Son al menos siete las EPS intervenidas y que estarían en riesgo de no continuar prestando servicios a millones de afiliados porque no cuentan con las condiciones financieras y, según estudios recientes, han deteriorado su calidad en la prestación de los servicios a pesar de estar intervenidas:
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Famisanar: 3 millones de usuarios
Asmet Salud: 1,8 millones de usuarios
Emssanar: 1,7 con millones de afiliados
Savia Salud: 1,6 millones de afiliados
Coosalud: 983,000 usuarios
Servicio Cccidental de Salud: 750,000 afiliados
Capresoca: 170,000 afiliados
En total, suman más de 10 millones de afiliados que se quedarían sin su EPS actual, y tendrían que ser trasladados a otras entidades de salud. Lo grave es que un reciente análisis del Observatorio Así Vamos en Salud reveló que las intervenciones no han surtido el efecto de mejorar la condición de estas EPS sino que, por el contrario, se han deteriorado. Por ejemplo, las deudas de estas EPS pasaron de 17,7 billones de pesos en 2017 a 27,6 billones de pesos en 2025, lo que representa un incremento del 56% en sus deudas en los últimos ocho años. Y su patrimonio negativo alcanza los 11,3 billones de pesos.
Lo que plantea el Gobierno es que la Nueva EPS reciba a gran parte de esos afiliados que se quedarían sin su actual EPS, pero la Nueva EPS, que es la más grande del pais, también está intervenida y no se vería afectada con la medida de liquidación. Aún cuando no se conocen estados financieros de esa EPS desde 2023, la Contraloría advirtió que la entidad acumula una deuda superior a los 21 billones de pesos, a la que llegó durante su periodo de intervención.
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