La pesadilla de ser codeudor en Colombia: “Estoy a punto de perder la casa por un ser perverso”

Lo que comenzó como un acto de solidaridad y el deseo de apoyar el emprendimiento de una amiga, se volvió una pesadilla financiera y legal para Ashleidy Castillo, una farmaceuta de 47 años y madre de dos hijas, todo por ser codeudora en un local comercial. Séptimo Día conoció el caso y habló con cada una de las partes, aquí la investigación.

“Ese fue mi error, querer ayudarla, porque no iba a recibir ningún beneficio a cambio. Era simplemente el hecho de que ellas salieran adelante. Por eso acepté ser su codeudora”, comenta Csaitllo.

Su historia se remonta a mediados de 2018, cuando Diana Acosta, una amiga cercana, le contó de un proyecto familiar: abrir un restaurante para que su hermana, Auris Acosta, pudiera independizarse de los extenuantes horarios que manejaba como cocinera y, para concretar el contrato de arrendamiento de un local comercial en el sector de La Candelaria, en Bogotá, necesitaban un respaldo obligatorio.

A pesar de ser consciente de los riesgos, Ashleidy decidió confiar. “También me puse en el lugar de ellas, porque yo también empecé de ceros, sé que para que a uno lo ayuden es complicado”, afirma. El 4 de julio de 2018, se firmó el contrato con Jairo Cañón, el propietario del inmueble, quien desde el primer momento le generó desconfianza: “él exigía la firma en notaría todo registrado. En ese momento lo vi, la verdad, a mí no me cayó bien... le dije: 'a mí ese señor no me produce buena espina'”.

El inicio de la crisis

Aunque el restaurante comenzó con éxito, los problemas logísticos con los servicios públicos y el estallido social en Colombia en 2020 empezaron a afectar las ventas. Tras un robo en el establecimiento en marzo de ese año, la tensión con Jairo Cañón aumentó. Auris Acosta relata que, al pedirle colaboración al dueño por los gastos del arreglo de una puerta dañada, este reaccionó con hostilidad: “Ese señor se puso furioso, furibundo y me dejó con la plata de la arrienda en la mano, por eso le adeudaba el mes de marzo”.

Con la llegada de la pandemia y el cierre total de la economía, el negocio se volvió insostenible, por ello Auris intentó entregar el local, pero asegura que Cañón se negó a recibirlo. “Él se incomodó, se molestó”. La negativa del propietario llevó a las arrendatarias a buscar ayuda en la Casa de Justicia y la Defensoría del Pueblo y, ante la imposibilidad de una entrega personal, Auris envió las llaves por correo certificado en julio de 2020 y depositó los cánones adeudados en el Banco Agrario.

Una deuda que no para de crecer

Aunque Ashleidy y Auris pensaron que ese era el cierre de un ciclo difícil, fue solo el inicio de una batalla legal: seis meses después de la entrega de las llaves, fueron demandadas y la justicia falló a favor de Jairo Cañón, ordenando el pago inicial de 13 meses de arriendo, más una cláusula penal, que sumaban un total de 33.450.000 pesos. Sin embargo, por intereses y demoras, la cifra escaló rápidamente y la deuda ya supera los 70 millones de pesos.

El golpe final para la familia Castillo ocurrió el 5 de junio de 2023, cuando las autoridades llegaron a su hogar para ejecutar un embargo. Edwin Guerrero, esposo de Ashleidy, relata el impacto del momento: “vinieron con la policía, la secuestre (persona nombrada por un juez como auxiliar de la justicia para custodiar y administrar bienes embargados), mi esposa estaba abriendo el negocio cuando ellos llegaron y le notificaron sobre el embargo de la casa”. Para Ashleidy, la actuación del arrendador tiene un trasfondo oscuro. “Sé que ella no es culpable, lastimosamente dimos como un ser perverso... Él quiere que la deuda crezca para quedarse con la casa y con mi negocio”, denuncia enfáticamente.

La versión del señalado

Jairo Cañón, al ser consultado por Séptimo Día sobre las acusaciones, se mantiene firme en que ha actuado bajo la ley. “No me interesa la casa de ellos para nada. Vayan a los juzgados, yo no tengo nada que ver”, declaró ante los cuestionamientos por la supuesta dilatación del proceso. El hombre niega haber sido buscado para la entrega del local y rechaza las afirmaciones sobre su mala fe: “No, ella nunca me buscó, ella siempre se escondió... Yo no gano nada con dilatar un proceso”.

Actualmente, el proceso judicial continúa y el embargo sobre la propiedad de Ashleidy Castillo permanece vigente. Mientras la deuda sigue sumando intereses, esta farmaceuta ve cómo su patrimonio de años de trabajo está en riesgo inminente por un favor que nunca imaginó que le costaría su tranquilidad. “Nunca dimensioné que hacer un favor o querer ayudar a alguien se convirtiera en una pesadilla para mí”, concluye con desolación.