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Durante las audiencias judiciales contra Ricardo Rafael González Castro, segundo implicado en el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, se registraron dos momentos de tensión en estrados. En el primero, la jueza llamó la atención del joven procesado por no prestar atención al desarrollo de la diligencia. En el segundo, se produjo un cruce de palabras entre la togada y su abogada defensora por el manejo de las pruebas en el proceso.
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Este lunes 10 de noviembre se llevó a cabo la primera audiencia por la legalización de la captura e imputación de cargos tras la captura de González en Cartagena. Durante la diligencia, luego de la lectura de derechos, la jueza interrumpió brevemente para hacerle un llamado de atención al procesado, quien se mostraba distraído y con la mirada hacia el suelo. “Por favor, póngame atención, si es tan amable”, le dijo la funcionaria judicial, antes de preguntarle si había comprendido lo que acababa de escuchar. El joven respondió con un breve “Sí, su señoría”, retomando el curso de la audiencia.
El momento se dio en medio de la formalización de su captura y la imputación por el delito de homicidio doloso agravado, por su presunta participación en la golpiza que le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno el pasado 31 de octubre en el norte de Bogotá. En la diligencia, la fiscal del caso, Elsa Cristina Reyes, relató con detalle los hechos que, según la investigación, ocurrieron la madrugada del crimen.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, Moreno caminaba junto a un amigo por la calle 64, cuando fue abordado por Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González. “Juan Carlos Suárez le propinó un puño en la nuca que hizo que cayera al suelo”, indicó la fiscal. Aunque la agresión se detuvo por la intervención de un amigo de la víctima, minutos después ambos volvieron a interceptar al joven, esta vez alentados por una tercera persona. “Usted, Ricardo Rafael González, le propinó una patada en la espalda de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente”, afirmó Reyes.
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Según el informe de Medicina Legal, la víctima sufrió múltiples fracturas en el cráneo que le causaron la muerte por un trauma craneoencefálico severo. La Fiscalía sostuvo que los agresores actuaron de común acuerdo y en condición de superioridad, lo que agrava la pena solicitada, estimada entre 400 y 600 meses de prisión, es decir, entre 33 y 50 años. González no aceptó los cargos.
La segunda jornada judicial, realizada el martes 11 de noviembre, estuvo marcada por un tenso cruce entre la jueza, la Fiscalía y la defensa de González durante la audiencia de medida de aseguramiento. La diligencia, que se prolongó durante varias horas, tuvo que suspenderse por 25 minutos debido a fallas de conexión de la abogada defensora. Ya hacia las ocho de la noche, la abogada de González reclamó que no había recibido los videos ni los informes en los que la Fiscalía basó su solicitud de detención preventiva. “No tengo igualdad de armas; no me han sido trasladados los elementos materiales probatorios que sustentan la medida”, aseguró ante el despacho.
Su intervención generó una respuesta inmediata de la Fiscalía, del representante de víctimas y de la propia jueza. Los intervinientes señalaron que el material había sido enviado oportunamente por correo electrónico, y que las dificultades se debían a la falta de capacidad de la cuenta de correo de la defensa. “La defensa no tiene razón. Todos hemos recibido los mismos 253 folios. Además, el descubrimiento probatorio se realiza en etapa posterior a la acusación”, expresó el representante de víctimas.
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La Fiscalía insistió en que la solicitud de la defensa no procedía en esta fase procesal. “Se le han enviado a través de correo electrónico. Tuve que enviarle tres, cuatro veces los elementos porque el correo electrónico de ella no tiene capacidad, ni siquiera el de hotmail para recibir los informes”, explicó la fiscal del caso.
Ante el prolongado debate, la jueza intervino para restablecer el orden. “Doctora, sí, le hago un llamado de atención, por favor, para que usted deje continuar con la audiencia. Son las 8:10 de la noche”, manifestó la togada. Luego, recordó que en esta etapa del proceso no es obligatorio revelar todos los elementos de prueba. “En esta etapa no se deben descubrir los elementos; eso es posterior. Yo no le puedo dar órdenes a la Fiscalía, ella es la dueña de la investigación, yo soy la juez”, enfatizó. La funcionaria también recalcó que a la defensa se le han garantizado todos los derechos procesales. “Hemos tenido una audiencia muy larga. Considere. Se le han dado a la defensa todas las garantías como juez de control de garantías”, indicó.
La abogada de González, sin embargo, reiteró su inconformidad. “Usted debe generar un equilibrio de igualdad de armas y se lo confieso con toda la certeza: considero que no generan equilibrio cuando la Fiscalía se guarda elementos que no fueron descubiertos a la defensa y sobre los cuales basa su argumentación”, respondió. La jueza insistió en su posición: “Deben existir garantías y equilibrio. Tan es así que se ha hecho hasta lo imposible para que usted tenga todos los medios para que esté en esta audiencia cuando no esté preparada”.
Ricardo González había sido capturado un día antes, el lunes 10 de noviembre, tras entregarse voluntariamente en la URI de Canapote, en Cartagena, acompañado de su abogada. La Fiscalía confirmó que la orden de captura había sido emitida el 7 de noviembre por el Juzgado 57 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.
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En un comunicado, el ente acusador informó que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden y que el sindicado fue trasladado a Bogotá para ser presentado ante un juez. La defensa explicó que el joven no se encontraba huyendo y que su presencia en Cartagena obedecía a razones familiares. “Tiene su arraigo familiar en esta ciudad. Se ha especulado mucho de que salió huyendo y no. Él vino a donde su núcleo familiar primario”, indicó su abogada, Marcela López.
Por lo pronto, González, de 22 años y oriundo de Cartagena, fue identificado como el segundo agresor que participó junto a Juan Carlos Suárez Ortiz en la golpiza a Jaime Esteban Moreno.
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LAURA NATHALIA QUINTERO.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.