Propuesta de Epa Colombia para ser "embajadora" de TransMilenio: sería cajera y controlaría colados

Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, atraviesa actualmente uno de los capítulos más complejos de su vida. Desde enero de este año, la influenciadora se encuentra privada de la libertad tras haber sido condenada por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines de terrorismo. La decisión judicial está relacionada con los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando se viralizó un video en el que golpeaba con un martillo parte de una estación de TransMilenio en Bogotá durante las jornadas de protesta del Paro Nacional.

La sentencia en su contra estableció una condena de cinco años y tres meses de prisión. Aunque su defensa intentó que pudiera cumplir la pena en detención domiciliaria, la Corte Suprema de Justicia negó ese beneficio y ratificó la sanción. Inicialmente, Barrera permaneció más de seis meses en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, pero el pasado 19 de agosto el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que había sido trasladada a la Guarnición Militar de Carabineros tras una solicitud de su abogado, Francisco Bernate, quien expresó preocupaciones por la seguridad de su defendida.

Al momento de su ingreso al nuevo centro de reclusión, se conoció una nueva foto de reseña de la empresaria. Allí, Epa Colombia comparte sector con Margareth Chacón, vinculada en el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena, según conoció Noticias Caracol.

Este traslado se produjo después de que en junio circulara un video desde el Buen Pastor en el que se le veía junto con otras internas denunciando la falta de alimentos en el establecimiento. “Tienen hambre, tienen mucha hambre amiga, están en huelga. Llevamos días sin comer, por favor que nos ayuden, todo está picho”, decía Barrera en la grabación, difundida por la DJ Yina Calderón en sus redes sociales.

Nueva propuesta de Epa Colombia: sería 'embajadora' de TransMilenio

En medio de este contexto, la defensa de Epa Colombia presentó a TransMilenio S.A. una propuesta formal para adelantar un proceso de justicia restaurativa. El documento fue conocido por Noticias Caracol y revela los detalles de lo que se pondría sobre la mesa para reparar el daño causado en 2019.

“De manera atenta nos dirigimos a fin de presentar propuesta de reparación en el marco de un proceso de justicia transicional que permita buscar alternativas para mi representada”, dice la misiva divulgada por Noticias Caracol Digital. El escrito señala que el objetivo central es desarrollar un mecanismo “que permita la activa participación de mi representada en la solución del conflicto, y generar soluciones alternativas e innovadoras frente a su situación jurídica actual en la que se involucre tanto a la persona condenada, como a la víctima, en este caso, TransMilenio S.A.”

La propuesta contempla un componente económico: Epa Colombia ofrecería una indemnización de 100 millones de pesos que serían consignados en la cuenta que la entidad disponga. Pero además incluye un componente moral y social. Entre las medidas se encuentra la realización de un acto público de disculpas. Según el documento, Barrera “asistirá a un evento convocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y TransMilenio a fin de ofrecer excusas públicas a la ciudadanía por los eventos ocurridos en noviembre de 2019”.

Otro de los apartados centrales es la utilización de sus redes sociales para campañas pedagógicas. Aunque la condena le prohíbe expresarse en esas plataformas, su defensa plantea solicitar autorización judicial para publicar contenido orientado a sensibilizar a los ciudadanos. “Un total de 50 reels y 20 historias se realizarán desde las diferentes estaciones de TransMilenio, y la periodicidad será de una o máximo dos a la semana”, explicaba la carta. En esos videos se promoverían mensajes “en contra de los colados en el sistema, en favor del cuidado de los articulados y del respeto a la integridad física y moral de los funcionarios de TransMilenio”.

La defensa adjuntó incluso un brochure con los costos ordinarios de las publicaciones de Epa Colombia en Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, para demostrar el alcance que tendrían esas campañas. La idea sería que, a través de su influencia digital, pueda resarcir parte del daño y apoyar la promoción de buenas prácticas en el transporte público.

La propuesta también incorpora labores presenciales. Conforme al cronograma que se acuerde, Barrera dedicaría dos días por quincena a realizar actividades dentro del sistema. Allí se desempeñaría en distintas funciones: “como cajera, como gestora de movilidad, haciendo labores de limpieza y controlando a los colados”, detalla el escrito. Todas estas serían consideradas actividades de utilidad social en el marco de la justicia restaurativa.

El documento plantea además que, en caso de que TransMilenio acepte el acuerdo, ambas partes solicitarían al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá la terminación del incidente de reparación integral que está en curso, y al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas la apertura formal del proceso de justicia restaurativa.

No obstante, aún no hay una decisión definitiva. El abogado de Epa Colombia aclaró en diálogo con Noticias Caracol que “hubo reuniones pero no hay nada ya firmado”, y que la propuesta fue presentada hace varias semanas. El siguiente paso dependerá de la respuesta de TransMilenio y de los trámites judiciales correspondientes para determinar si esta iniciativa puede ser tenida en cuenta dentro de la condena que hoy cumple la empresaria.

Se debe recordar que, desde la defensa se habían abierto caminos jurídicos para explorar alternativas distintas a la privación de la libertad, en el marco de figuras de justicia restaurativa. En mayo pasado, el abogado Francisco Bernate explicó en entrevista con este canal que lo que se busca es un proceso innovador que involucre a todas las partes: “Se pretende un proceso de justicia restaurativa, es decir, donde haya una conciencia de parte de mi representada en la situación, donde haya una participación activa de unos y otros y podamos buscar una salida alternativa a la prisión”.

Según Bernate, este tipo de mecanismos permiten que la reparación no sea únicamente económica ni limitada a la prisión, sino que existan medidas de utilidad para la sociedad: “Son medidas que podrían ser de gran utilidad para una comunidad como la nuestra con una sobrepoblación carcelaria como la que tenemos”. Aseguró también que “es legalmente viable, es lo que se usa en el mundo y esto es un trámite que involucra a TransMilenio, al Inpec, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia”.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.