La Fiscalía acusó este miércoles a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), de supuestamente ordenar el pago de millonarios sobornos a los expresidentes del Senado y de la Cámara para que aprobaran proyectos que el Gobierno impulsaba en el Congreso. La acusación gira en torno a que González, uno de los hombres más cercanos al presidente, Gustavo Petro, supuestamente ordenó el pago de coimas a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle cuando fue director del Dapre.
En una audiencia realizada ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó a González como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos, detalló la Fiscalía en un comunicado. González no aceptó los cargos y dijo que "todas son calumnias sin fundamento".
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El acusado acudió a la diligencia judicial de manera virtual y la Fiscalía anunció hace unos días que pedirá cárcel en su contra, al considerar que está involucrado en el mayor entramado de corrupción que salpica al Gobierno de Petro.
Habla el abogado de González
Noticias Caracol entrevistó a Iván Cancino, abogado de Carlos Ramón González, sobre el caso, quien señaló que "son imputaciones basadas específicamente en testimonios que nosotros consideramos desacertados, contradictorios, no ajustados a la verdad, así que estamos preparados para un tema que seguramente será largo". El abogado adelantó que esperan un "juicio que será tedioso y desgastante, pero mantendremos la presunción de inocencia y seguramente al final del proceso quedará ratificado que Carlos Ramón González no cometió ninguna falta a la ley".
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Al ser consultado por lo que seguramente ocurrirá el próximo 6 de junio, cuando la Fiscalía pida medida de aseguramiento en contra de González, el abogado Cancino respondió: "Nosotros no consideramos ese evento todavía. Yo no creo que la justicia vaya a cometer la injusticia de privar de la libertad en establecimiento carcelario a una persona que es absolutamente inocente".
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Sobre la salida del país del exdirector del Dapre, que algunos interpretan como una maniobra de evasión, Cancino afirmó: "Yo con Carlos Ramón me he reunido en mi casa, en mi oficina, de manera virtual y yo no le pregunto dónde está. De tal manera que si usted me pregunta que si yo sé si está en el país o por fuera del país, no sé decirle, de tal manera que no tengo cómo contestarle esa pregunta porque mi labor es defenderlo, estar en constante comunicación con él".
El abogado también se refirió a las versiones que señalan que González estaría buscando asilo político en otros países y declaró que "no tengo conocimiento de una petición de asilo de Carlos Ramón González".
Cancino insistió en que, como defensa del exfuncionario, "cada uno de los actos que realizó Carlos Ramón González fue dentro del marco de la ley, dentro del marco de sus funciones y jamás dio instrucciones para cometer delito de ninguna naturaleza". Y reiteró que el proceso, como señaló el propio González durante la audiencia de este miércoles, está basado en "mentiras e injurias" de "testigos" que dicen "cosas que no corresponden totalmente a la verdad", sin mencionar directamente a nadie.
Si bien no señaló a nadie con nombre propio, es sabido que los testigos claves de este caso son el exdirector Olmedo López y la ex consejera para las regiones Sandra Ortiz. "Aquí los testigos que han declarado no han sido exactos ni ajustados a la realidad ni de lo que pasó ni de lo que muestran las evidencias en el proceso, y esa será una labor de la defensa en las próximas audiencias".
Los detalles del caso
La Fiscalía precisó este miércoles que González supuestamente ordenó al entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, "orientar la contratación en la entidad en beneficio" de Name y Calle. Posteriormente, explicó la Fiscalía, González "impartió instrucciones" al exdirector de la UNGRD para que, a cambio de contratos, se comprometiera a entregarles dinero en efectivo a los dos congresistas. Ese dinero salió de los sobrecostos en el contrato por la adquisición de carrotanques para suministrar agua a comunidades del desértico departamento de La Guajira.
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La Fiscalía aseguró que las "coimas se materializaron" pues Name recibió 3.000 millones de pesos en Bogotá "con la intermediación de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República Sandra Liliana Ortiz Nova". Ortiz, que fue congresista entre 2014 y 2022, está imputada en este caso por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
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La Fiscalía añadió que el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla -condenado por este caso a más de cinco años de prisión- se "trasladó a Montería (Córdoba) y le entregó 1.000 millones de pesos (unos 240.000 dólares de hoy) al representante Calle". Por este caso, y por orden de la Corte Suprema de Justicia, fueron detenidos Name y Calle el pasado 7 de mayo.
El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero del año pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
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