La Gobernación de Cundinamarca confirmó en segunda instancia la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución educativa ubicada en el municipio de Cajicá y donde estudiaba la menor Valeria Afanador, cuyo caso conmocionó al país tras su desaparición y posterior hallazgo sin vida en agosto de 2025. La decisión deja en firme una de las sanciones administrativas más severas impuestas a un establecimiento educativo en el departamento.
La medida fue adoptada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca luego de resolver el recurso de apelación que había presentado el plantel contra la sanción impuesta inicialmente en junio de 2026. Tras revisar los argumentos del colegio, la administración departamental determinó mantener la cancelación de la licencia y ratificó los hallazgos que sustentaron la decisión original.
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De acuerdo con lo expuesto por las autoridades educativas, el establecimiento fue declarado administrativamente responsable por presuntas omisiones relacionadas con los deberes de cuidado, supervisión y protección especial que requería la estudiante. Además, se identificaron posibles fallas en los protocolos de seguridad y en los mecanismos de reacción institucional frente a situaciones de riesgo.
El día de que desapareció Valeria Afanador
El caso de Valeria Afanador generó una profunda indignación en la opinión pública. La menor, de 10 años y diagnosticada con síndrome de Down, desapareció el 12 de agosto de 2025 después de haber sido vista por última vez en las instalaciones del colegio. Tras varios días de intensa búsqueda liderada por autoridades, organismos de socorro y familiares, su cuerpo fue encontrado sin vida en inmediaciones del río Frío, cerca del centro educativo.
Desde entonces, las autoridades adelantaron múltiples investigaciones para establecer las circunstancias de la desaparición y determinar si existieron fallas en los procedimientos de custodia y vigilancia de la institución. Los resultados de ese proceso derivaron en la apertura de actuaciones administrativas y judiciales que continúan en marcha.
Aunque la licencia de funcionamiento fue cancelada de manera definitiva, el cierre del colegio no será inmediato. La decisión establece que el plantel podrá continuar operando hasta la finalización del calendario académico correspondiente a 2026. Una vez concluido el año escolar, la institución deberá cesar sus actividades educativas de manera definitiva.
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Como parte de las medidas ordenadas por la administración departamental, la rectora del colegio, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca un plan de reubicación para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes actualmente matriculados. Dicho documento deberá contemplar los mecanismos para trasladar a los alumnos a otras instituciones y minimizar las afectaciones derivadas del cierre.
Qué pasará con los estudiantes y el proceso judicial
La decisión quedó consignada en la Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026, firmada por la secretaria de Educación de Cundinamarca, Genny Milena Padilla Reinoso. Según lo informado, el acto administrativo resolvió de manera definitiva la apelación presentada por el colegio y agotó la vía gubernativa, por lo que ya no existen recursos administrativos pendientes ante la administración departamental.
Paralelamente, el proceso judicial relacionado con la desaparición y muerte de la menor sigue avanzando. Las autoridades han informado que se espera la audiencia de acusación contra Emily Vivian Fuentes Hernández, directora de curso de la estudiante, y Danny Javier Ochoa Prada, jefe de seguridad de la institución, quienes hacen parte de las investigaciones derivadas de los hechos ocurridos en agosto de 2025.
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ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL