La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó las razones del gobierno de Abelardo de la Espriella para adelantar una revisión integral del funcionamiento de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones que operan en Colombia. Estas herramientas son llamadas popularmente como fotomultas.
(Lea: Ministerio de Transporte revisará funcionamiento y legalidad de cámaras de fotomulta en todo el país)
Según esa cartera, la decisión responde a la instrucción del presidente De la Espriella de actuar con contundencia frente a posibles irregularidades, abusos o sistemas cuya instalación u operación no se encuentre debidamente sustentada en criterios técnicos de seguridad vial.
“La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos. Revisaremos a fondo su funcionamiento en todo el país y, donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde”, dijo Noguera.
La misma cartera de transporte señaló que dentro de las competencias de cada entidad verificarán que los sistemas estén autorizados y cuenten con sustento técnico y legal, considerando la siniestralidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones de cada corredor. “La seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente. La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico”, señaló la ministra Noguera.
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Entre la lupa que tendrá Mintransporte está que se revisará la regulación para establecer criterios más exigentes y garantizar que las nuevas cámaras respondan a necesidades reales y técnicamente demostradas de seguridad vial.
¿Qué se debe revisar para el futuro de las fotomultas?
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Antonio Correa, senador del partido de la U, quien adelanta un proyecto para “meter en cintura” a las fotomultas en el país, señaló que hay una multiplicación con fines de recaudo. Desde su perspectiva hay un crecimiento desmedido de cámaras en ciudades como Bogotá y Barranquilla, así como en corredores viales clave como la Vía al Mar. Sostuvo que esta multiplicación no busca prevenir accidentes, sino incrementar el recaudo de dinero, convirtiéndose en "trampas casamultas" debido a su ubicación oculta bajo árboles o curvas y a su mala señalización.
En su análisis en Noticias Caracol, denunció la existencia de un "cartel de las capacitaciones" donde los fondos se desvían a cursos que no aportan a la comunidad. De esta manera, su propuesta exige que el dinero recaudado tenga una destinación específica para obras físicas visibles, tales como puentes peatonales, reductores de velocidad y mejor señalización.
En su proyecto de ley busca establecer que la responsabilidad de la infracción sea subjetiva, exigiendo que las cámaras identifiquen al conductor real y no al propietario del vehículo. Asimismo, reclamó garantías para la defensa de los ciudadanos, un proceso de notificación adecuado y el fin de los embargos de cuentas bancarias de forma inmediata por una fotomulta.
Además, propuso prohibir contratos de concesión donde se estimule el recaudo pagando a los concesionarios por cada multa efectuada. Además, defiende que la instalación de nuevas cámaras debe fundamentarse en estudios técnicos rigurosos que analicen las estadísticas de siniestralidad de entidades como el Ministerio de Salud, ADRES (datos del SOAT), Invías y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
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De otro lado, el experto en movilidad Edder Velandia, docente de la Universidad de la Salle, explicó que existen múltiples estudios nacionales e internacionales que demuestran que las cámaras de fotodetección sí reducen la mortalidad vial. Por ende, defendió el propósito de estos dispositivos, el cual es salvar vidas e insistió que no deben ser eliminados de “manera populista”.
Sin embargó, argumentó que los conductores no deben ser tomados por sorpresa; de acuerdo con la ley, las cámaras deben estar señalizadas previamente y acompañadas de pedagogía sobre los límites de velocidad permitidos (como el límite de 50 km/h en Bogotá o de 30 km/h en zonas escolares).
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En su análisis, señaló que los controles disuaden a los conductores de exceder los límites de velocidad. No obstante, advirtió que muchos conductores reducen la velocidad únicamente al pasar frente a la cámara y aceleran de nuevo metros adelante, por lo que enfatiza la necesidad de construir concienciación ciudadana para cumplir las normas de forma constante.
Consideró que el anuncio de revisión de cámaras del Gobierno es positivo, pues aclara que no busca atacarlas, sino evaluar técnicamente su propósito, calibración, instalación y la legalidad de los procesos de notificación. Instó a que las entidades territoriales y la Superintendencia de Transporte cumplan estrictamente con sus funciones de vigilancia.
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