La JEP imputó a otros 15 miembros del Ejército Nacional por falsos positivos perpetrados en el Cesar y en el sur de La Guajira entre los años 2002 y 2005. Hay dos excomandantes del Batallón La Popa dentro de los señalados.
Hace menos de una semana, la corporación imputó a diez militares y un civil por 120 ejecuciones extrajudiciales cometidas en Catatumbo.
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“La Jurisdicción Especial para la Paz imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ejército por falsos positivos en la costa Caribe. Dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa”, detalló Óscar Parra, relator de la sala de reconocimiento.
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Dichos coroneles, precisó el funcionario, “en calidad de autores mediatos, son los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Artillería no. 2 La Popa (Bapop) entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa Suárez, que lo sucedió entre 2004 y 2005. Del total de crímenes, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía Gutiérrez y 52 bajo el mando de Figueroa Suárez. En un gran número de los hechos ocurrió desaparición forzada”.
Según la JEP, “en el batallón La Popa en esa época se utilizaron recursos públicos para asegurar la presentación de asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combates”.
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“Los dineros de la unidad fueron conscientemente utilizados para hacer pagos irregulares en efectivo a los soldados que presentaran muertos y el valor variaba según el tipo de armamento reportado”, agregó el relator Parra.
En la investigación se estableció que dentro de las víctimas había menores de edad, mujeres e indígenas wiwas y kankuamos.
Para cumplir con el objetivo de los falsos positivos, los militares al parecer se especializaron en “funciones como ejecutar a las víctimas, establecer los contactos con los paramilitares, participar en actos de simulación de combate, preparar la documentación falsa, conseguir las armas y uniformes o buscar a las víctimas en otros lugares”, dijo el delegado de la JEP.
En este caso, la JEP señaló que la Justicia Penal Militar no investigó adecuadamente las muertes y contribuyó a la perpetuación de la conducta.
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