Hacinados y entre otras precarias condiciones, así vivían más de 300 perritos en un supuesto hogar canino ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en Carmen de Carupa (Cundinamarca). Las autoridades expusieron este caso después de rescatar a los animales y judicializar a la mujer señalada como responsable de mantener a los caninos en este estado.
Según la Fiscalía General de la Nación, la señalada recibía a donaciones y aportes materiales para la manutención de los perros ,recuperados por estar en situación de abandono o que enfrentaban riesgo inminente en la calle. Pero mientras que recibía estos recursos, los caninos habrían estado encerrados, sin suficiente acceso alimento y agua. Además, algunos presentaban enfermedades, lesiones y cuadros crónicos de desnutrición.
La Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC) hicieron parte de varias diligencias coordinadas en las que constataron que en este lugar se alcanzaron a albergar a más 300 caninos en condiciones que “comprometían su salud y bienestar”.
De hecho, en una visita que data de agosto de 2022 se encontraron animales sin acceso suficiente a alimento y agua, y en un entorno que no contaba con la estructura ni los recursos que garantizaran la protección eficiente. “Esto generó afectaciones a la integridad física de los caninos, algunos presentaban cuadros de desnutrición, enfermedades y lesiones”, afirmó el ente judicial.
Por este hecho y las irregularidades encontradas, un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) imputó a María Constanza García Aguirre, la dueña del albergue, el delito de maltrato animal. El cargo no fue aceptado por la señalada.
María Paula Rodríguez Rozo
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