Hernando Deluque, quien fue gobernador del departamento de La Guajira, fue capturado este sábado en Riohacha después de que avanzara en su contra un proceso judicial que inició hace más de dos décadas. Tras varios años de diligencias, etapas de investigación y el desarrollo del juicio, la Corte Suprema de Justicia estableció la responsabilidad del exmandatario departamental en los hechos investigados. Como resultado del proceso, el alto tribunal emitió una condena en su contra por el delito de peculado por apropiación, relacionado con el manejo de recursos públicos.
Hernando Deluque es padre del actual senador Alfredo Deluque, quien pertenece a la política del departamento de La Guajira. La captura del exgobernador se produce después de que culminara un proceso judicial que se extendió durante varios años y que terminó con una decisión definitiva por parte de la justicia colombiana.
Las claves del proceso en contra del exgobernador de La Guajira
El proceso está relacionado con un contrato firmado en 2001 por más de 2.100 millones de pesos, destinado a la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, el sistema de tratamiento de aguas y el emisario final en La Guajira. El contrato fue suspendido debido a que no se contaba con los terrenos necesarios para la construcción de la planta de tratamiento ni con las respectivas licencias ambientales. Sin embargo, la situación dejó un faltante superior a los 1.000 millones de pesos, correspondientes al anticipo que la Gobernación había entregado al contratista encargado de la obra.
En 2013, la Fiscalía abrió una investigación formal contra el exmandatario departamental por estos hechos. Tras un largo proceso judicial, mediante una decisión emitida el pasado 20 de mayo, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de siete años de prisión en su contra, al hallarlo responsable como autor del delito de peculado por apropiación agravado. Indicó que: "Se estableció el conocimiento y la voluntad de destinar recursos públicos a un contratista, pese a que se tenía conocimiento de la imposibilidad de ejecutar el objeto contractual, mucho menos dentro del plazo establecido en el contrato". Asimismo, la Corte determinó que la obra no podía llevarse a cabo debido a que los terrenos donde se pretendía construir la planta de tratamiento eran baldíos y no habían sido adjudicados legalmente al municipio de Riohacha.
Con información de la periodista Catalina Vargas.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
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