Un estudiante de la Universidad Industrial de Santander (UIS) fue víctima de la explosión de artefacto dentro de las instalaciones de la institución el pasado 15 de abril. El hecho tuvo lugar en la sede de Bucaramanga, dentro del edificio Camilo Torres. La Escuela de Química señala que el explosivo fue arrojado dentro de los baños del primer piso cuando el joven se encontraba en su interior a las 11:40 a. m. El claustro de profesores calificó este hecho algo de ”extrema gravedad” y pide acciones a las autoridades.
Según el cuerpo profesoral de la Escuela de Química, el incidente ocurrió en condiciones que constituyen una agresión que comprometió directamente la integridad física de un miembro de la comunidad educativa. Aseguran que el ataque se dio en un espacio cerrado y no hubo posibilidad de tener reacción inmediata, mientras la víctima estuvo expuesta directamente a “sustancias químicas potencialmente tóxicas”.
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El profesorado señaló que el estudiante inicialmente fue atendido por profesores y personal de la Escuela para brindarle asistencia básica. Después, fue trasladado a Bienestar Universitario y finalmente a un centro médico. El joven permanece en la unidad de cuidados intensivos ya que presenta un “compromiso respiratorio severo”.
En otro comunicado oficial del claustro, los maestros manifestaron su preocupación por los hechos relacionados a la instalación de las denominadas “bombas de cloro”, y advierten que estas representan un riesgo “para la salud y la seguridad”.
Los maestros expresaron su solidaridad con el estudiante y su familia, pero a su vez hicieron un llamado a la responsabilidad de la administración universitaria: “La seguridad y la integridad física, psicológica y moral de estudiantes, profesores y personal administrativo dentro del campus no son una aspiración institucional: son una obligación legal e ineludible de la administración de la Universidad”.
En esa línea, el claustro de profesores de la Escuela de Química exigió a la administración de la UIS que adopte la activación inmediata de un protocolo institucional de emergencia química para identificar sustancias desconocidas y tener una respuesta médica oportuna. Además, solicitan que se implementen medidas de seguridad y prevención.
Los maestros también exigen que haya una investigación exhaustiva y coordinación con autoridades competentes. “La administración debe coordinar con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las instancias disciplinarias internas la plena identificación y judicialización de los responsables, y rendir cuenta pública del avance de las actuaciones”, señalaron.
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Paula Rozo
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