
La Corte Constitucionaltomó una decisión histórica este lunes y le ordenó a la Iglesiacatólica entregar información sobre los casos de pederastia ocurridos en el país, algo que no había hecho porque alegaba que esa información estaba protegida por el secreto pontificio. La decisión la tomó la Sala Plena del alto tribunal al resolver 50 tutelas acumuladas que solicitaban información sobre casos de pederastia ocurridos en la curia colombiana, según una sentencia publicada este martes por la Corte. Entre esos recursos de amparo están los interpuestos por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes pedían datos sobre casos de pederastia.
La Corte reiteró en su fallo la "protección a los derechos de petición y de información de periodistas para acceder a los datos de miembros de instituciones religiosas, en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas conductas sobre violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y también ordena entregar la información relativa a los sacerdotes o clérigos que han ejercido labores pastorales y, en general, de relacionamiento con la sociedad".
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"¡Ganamos! La Corte Constitucional revisó y resolvió más de 120 tutelas que pedían al @episcopadocol entregar información secreta sobre casos de pederastia en Colombia", escribió en su cuenta de X (antes Twitter) Barrientos, quien inició hace unos siete años una investigación periodística sobre los casos de pederastia en la Iglesia colombiana. El comunicador le pidió a la Arquidiócesis de Medellín que desclasificara su archivo con los nombres de los clérigos denunciados o investigados por casos de este tipo y, luego de recibir negativas o respuestas incompletas de parte del arzobispado, que se amparó precisamente en el secreto pontificio, comenzó un largo proceso judicial que ha llegado a instancias del alto tribunal en dos ocasiones.
Más adelante se conocerá el plazo que tiene la Iglesia católica para entregar los datos solicitados por los periodistas. Por lo pronto, la Corte también precisó que "no toda la información que administran las iglesias, por el hecho de su origen, es reservada". En ese contexto añadió que "el funcionamiento y el manejo de la información de los integrantes adscritos a las instituciones religiosas no constituyen una razón constitucionalmente admisible para restringir y limitar, de manera desproporcionada, los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información periodística".
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El año pasado, en unos de los casos más recientes que se conoció en la opinión pública, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, pidió perdón a las a las víctimas de abusos sexuales por parte de un miembro de la Compañía de Jesús y aseguró que "hoy en día" hubiese llevado a la Fiscalía el caso del que se le acusa de haber encubierto en 2014. De Roux fue denunciado penalmente por el supuesto encubrimiento al fallecido padre Darío Chavarriaga, acusado de abusar sexualmente de un joven y de sus siete hermanas en la década del 70.
Un hombre identificado como Fernando Llano Narváez denunció en una conferencia en la Universidad Javeriana que él y sus hermanas fueron abusados sexualmente por Chavarriaga en 1976, cuando estudiaba en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Bogotá, perteneciente a la comunidad jesuita.
En relación con la pederastia en junio de 2020 Arquidiócesis de la ciudad de Villavicencio suspendió provisionalmente a más de 10 sacerdotes católicos por presunto abuso sexual y se puso a disposición de las autoridades competentes "para colaborar con las investigaciones que tengan lugar en este caso". La Arquidiócesis dijo en ese momento que un hombre mayor de edad "puso en conocimiento del organismo competente hechos contra la moral sexual de parte de algunos sacerdotes" que hacen parte de ella.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
*Con información de EFE