La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este lunes 9 de diciembre una proposición en la que pide al mandatario Gustavo Petro no asistir el próximo 10 de enero de 2025 a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, porque todavía no se conocen las actas de votación de las presidenciales del pasado 28 de julio.La iniciativa, que obtuvo 75 votos a favor y 27 en contra, fue promovida por el vicepresidente de la Cámara, Jorge Tovar, elegido por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), surgidas del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las desmovilizadas FARC en 2016.(Lea también: "Romper relaciones y cerrar fronteras no ha funcionado": vicecanciller colombiano sobre Venezuela)¿Qué dice el documento de la Cámara dirigido a Gustavo Petro?"Está claro que en Venezuela se robaron las elecciones, que es un Gobierno ilegítimo y que el presidente Petro y el Gobierno colombiano no pueden bajo ningún punto de vista reconocer lo que fue un robo del siglo democrático", afirmó Tovar, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo.Tovar consideró que "yendo a la posesión del presidente Maduro el próximo 10 de enero estaríamos reconociendo tácitamente al Gobierno de Maduro", y recordó que todavía no se conocen públicamente las actas de la jornada electoral del 28 de julio, que le dieron una cuestionada victoria, porque "no existen".En la proposición, se lee que “la ausencia de publicación de las actas de votación constituye una grave vulneración a la transparencia electoral, dejando un ‘manto oscuro’ sobre la realidad política de Venezuela”.Así mismo, consideran que “la asistencia a dicho acto podría ser interpretada como un reconocimiento tácito a un gobierno cuya legitimidad está cuestionada, lo cual contravendría la posición de Colombia en defensa de la democracia y los derechos humanos”.Agrega que “en este contexto, debe quedar claro que, sin actas, no hay reconocimiento. Este es el mensaje de Colombia ante la comunidad internacional, en coherencia con los principios de legalidad, transparencia y legitimidad democrática, como lo ha reiterado en múltiples ocasiones el señor Canciller, Luis Guillermo Murillo”.(Lea también: Colombia no reconocerá resultados electorales de Venezuela, pero mantendrá relaciones con ese país)“La abstención de asistir al acto de posesión sería una postura firme en pro de exigir claridad y garantías sobre la voluntad popular de los ciudadanos venezolanos”, señala.La oposición venezolana reclama la victoria en esas elecciones con su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano proclamó la victoria de Maduro, resultado desconocido por la mayoría de la comunidad internacional.¿Qué dijo Petro sobre la petición de los congresistas?Tras conocer la aprobación de la propuesta en la Cámara de Representantes, Petro respondió y dijo que esa corporación está desbordando sus competencias. "El presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia, invito al Congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.Añadió: "En su debido momento decidiré si asisto o no a la posesión del actual presidente de Venezuela".(Lea también: Petro dice que "fue un error" elecciones en Venezuela y que gobierno Maduro dejó el "mapa oscuro")
El vicecanciller Jorge Rojas, en entrevista con Noticias Caracol, mantuvo su postura al afirmar que, pese a que Colombia desconoce los resultados electorales de Venezuela, el país mantendrá sus relaciones diplomáticas y económicas con el territorio vecino. Según el diplomático, esta es la posición del Gobierno Nacional y se ha mantenido desde que se conocieron los resultados de las elecciones de julio pasado que supuestamente dieron como ganador a Nicolás Maduro."Es una posición que ha asumido el Gobierno desde el momento mismo de las elecciones en Venezuela, planteando, en todo caso, que la primera posición nuestra sobre Venezuela es respetar su soberanía, autodeterminación y sus instituciones. Pero dicho esto, hemos planteado que tenemos serias dudas sobre la transparencia en el proceso electoral que finalmente no fueron esclarecidas, y en ese sentido Colombia mantiene su posición y así lo hemos hecho saber al gobierno de Venezuela", dijo Rojas a este medio.(Lea también: Colombia no reconocerá resultados electorales de Venezuela, pero mantendrá relaciones con ese país)Rojas aseguró que la decisión obedece más a una relación entre Estados que trasciende de la polémica decisión electoral, pues, sostiene, esta debe buscar el bienestar de las comunidades que comparten frontera con el territorio vecino y se ven afectadas por este tipo de cierres."Es la diplomacia en función del bienestar de las comunidades en zonas de frontera, recordando que con Venezuela compartimos 2.200 kilómetros de frontera viva. (...) No vamos a retroceder, vamos a avanzar en la relación con Venezuela. Romper relaciones y cerrar fronteras no ha funcionado", añadió Rojas. ¿Qué opina el vicecanciller de Colombia sobre la crisis que vive Venezuela?Aunque Rojas asegura que se mantendrán las relaciones con Venezuela una vez se posesione, nuevamente, Nicolás Maduro, desde el Gobierno de Colombia se insistirá para que el país vecino se reintegre al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que permitiría garantizarles sus garantías a los opositores que se encuentran en el territorio venezolano."Colombia insiste en que Venezuela se reintegre al sistema interamericano, que es la norma de normas que nos permite garantizar los derechos de la oposición, los derechos humanos y las garantías para todas las personas, incluidas aquellas que han sido detenidas. Pero, a renglón seguido, Colombia insiste en el diálogo para una paz política en Venezuela y hemos ofrecido, tanto al Gobierno como a la oposición, con quienes mantenemos diálogo, que Colombia está lista para trabajar, cuando lo soliciten, en función de una solución política, democrática y pacífica a la crisis que vive el vecino país", dijo el entrevistado. En cuanto al 2025, el vicecanciller dijo que no se reconocería a algún mandatario interino, como en su momento lo hizo el Gobierno de Iván Duque con Juan Guaidó, pues, asegura, "Ni la Unión Europea ni otros países del mundo van a hacer ese tipo de acciones que ya también fracasaron y fueron un desastre para la región"."Es un hecho que va a haber una posesión del presidente Maduro. Independientemente de esas reservas que tenemos, Colombia mantiene relaciones como corresponde en el marco del derecho internacional. Tenemos relaciones con los Estados independientemente de los procesos internos, que respetamos en cada país. (...) Lo que no parece que va a ocurrir frente al otro candidato es como una especie de 'Guaidó 2'", sostuvo.
El Gobierno de Gustavo Petro no reconocerá los resultados electorales de Venezuela que dieron como ganador a Nicolás Maduro, dijo el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas. Aclaró que, pese a esta posición, el país no romperá las relaciones con el país vecino.(Lea también: Petro sobre Venezuela: ciudadanos “ya no saben si es democracia, ya el pueblo no los quiere”)“Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas, que nos preocupa la transparencia en ese proceso, que no reconocemos los resultados, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela”, expresó el funcionario en Uruguay, a donde viajó el presidente Gustavo Petro para condecorar al exmandatario José Pepe Mujica, de 89 años, con la Cruz de Boyacá, máxima distinción que otorga el Gobierno colombiano.El vicecanciller Rojas dijo que en el pasado “la ruptura de relaciones y cierre de fronteras no funcionó, no logró los objetivos que se habían planteado, nosotros queremos mantener en el marco de la integración latinoamericana nuestras relaciones con Venezuela”. Sin embargo, fue claro en decir que “vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos, que se respete a la oposición, que se le den garantías a la oposición y estamos haciendo un diálogo con el gobierno de Venezuela y con la oposición en Venezuela, porque como ha dicho el presidente, necesitamos un diálogo”.¿Petro asistirá a posesión de Nicolás Maduro?El líder chavista jurará por tercera vez como mandatario de Venezuela el próximo 10 de enero, pese a las denuncias de fraude que han hecho que países como Estados Unidos y Argentina desconocieran los resultados electorales.Sobre si el presidente colombiano asistirá a la posesión, el vicecanciller Rojas manifestó que será la Cancillería la que informará sobre la decisión, pero no especificó en qué momento se pronunciará.(Lea también: María Corina Machado denuncia asedio del régimen Maduro a Embajada de Argentina en Venezuela)Entre tanto, el Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU abrió un caso contra el Gobierno de Venezuela para investigar el presunto fraude electoral en los comicios del pasado julio y le ha exigido conservar las actas de escrutinio, según anunció un grupo de abogados denunciantes.Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EE. UU.), que denunciaron ante el Comité en octubre violaciones de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.La notificación del Comité, revisada por EFE, indica que este ha "solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales" incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación" mientras investiga.En su denuncia "se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025", agregaron.Los abogados exponen en su denuncia la situación en Venezuela antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio, donde señalan un "patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados".El Comité de DDHH de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes.
María Corina Machado denunció este miércoles que la sede de la Embajada de Argentina en Venezuela fue asediada por efectivos del régimen de Nicolás Maduro. Instó a Buenos Aires y a Brasil, país que custodia la edificación, a tomar medidas frente a una situación que consideró de suma gravedad."Desde horas de la madrugada de hoy 4 de diciembre, más de 20 agentes de cuerpos de represión del Estado se presentaron en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, bajo custodia de Brasil, en 5 patrullas y vehículos civiles", indicó Machado a través de sus redes sociales. (Lea también: Machado pide a Petro definir su posición frente a Venezuela)Agregó que los funcionarios se presentaron "con actitud agresiva" y que hubo "hostigamientos" e "instrucciones relacionadas con un eventual ingreso a la sede diplomática". Lo anterior, recalcó, generó "zozobra y terror en los alrededores, además del cierre de la calle, perjudicando el libre tránsito y la tranquilidad de los vecinos, incluyendo a otras delegaciones diplomáticas que residen en la misma calle". Aseguró María Corina Machado que estas acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro, quien espera posesionarse por tercera vez como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero en medio del rechazo internacional, "intensifican un estado de sitio en esta zona de Caracas, en contra de los asilados y de las casas vecinas, todos víctimas del asedio y violencia por parte de estos organismos".Embajada de Argentina en Venezuela, sin luz y sin aguaSegún la líder de la oposición en Venezuela, la sede de la embajada argentina está sin servicio eléctrico, totalmente a oscuras, porque además fueron robados los fusibles "por parte del régimen desde hace ya 12 días, junto a las restricciones de acceso a agua y otros servicios".María Corina Machado sentenció: "El régimen ha convertido la residencia diplomática en una cárcel, frente a los ojos del mundo, violando todos los acuerdos internacionales. Se trata del mismo terror que han empleado contra ciudadanos, activistas y todos quienes luchan por la verdad y la libertad".Finalmente, la opositora solicitó a los gobiernos de los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula Da Silva prestarle atención a lo que pasa en la Embajada de Argentina en Caracas."Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de Argentina y de Brasil para que atiendan esta situación con la gravedad que merece y dedicar todos sus esfuerzos para lograr los salvoconductos. Asimismo, solicitamos a estos gobiernos, junto al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, que garantice la protección y servicios esenciales para los asilados", concluyó María Corina Machado en sus redes sociales.(Lea también: Ciudadanos de Venezuela “ya no saben si es democracia (...) ya el pueblo no los quiere”, dice el presidente Petro sobre régimen de Maduro)
Nicolás Maduro calificó de "progresista" la ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y "autoridades" del Estado, aprobada por el Parlamento, controlado por el chavismo. La norma lleva por nombre Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, que también contempla multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para las personas que promuevan o estén implicadas en las sanciones extranjeras impuestas contra el Gobierno."Es una ley progresista, una ley avanzada, una ley en defensa de Venezuela, es una ley para acabar con la impunidad, era una ley necesaria", señaló el chavista en un programa transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).(Lea también: Venezuela castigará con 30 años de cárcel a quienes respalden sanciones internacionales)¿Qué castigos contempla la nueva ley en Venezuela?Incluye la inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos "delitos", lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular. Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan "promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución" de "acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos" contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que "afecten a la República Bolivariana de Venezuela" también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.“Quien le hace profundo daño al pueblo venezolano es Nicolás Maduro”: oposiciónEl opositor Juan Pablo Guanipa le dijo a Noticias Caracol en vivo que “la sanción más importante que tiene Venezuela se llama Nicolás Maduro, es la agresión más importante que tiene este país, no hay nadie más repudiado y repudiable en Venezuela que el señor Nicolás Maduro, las encuestas lo dicen con total claridad: 91% de los encuestados considera que quien ganó el proceso electoral en Venezuela es Edmundo González Urrutia y ese 91% rechaza profundamente a Nicolás Maduro y a todos sus cómplices que le han causado un daño irreparable a Venezuela, pero que nos corresponde iniciar el más hermoso proceso de transformación en el momento en que logremos que el poder se entregue a quien fue elegido por el pueblo, que es Edmundo González Urrutia, y que iniciemos ese proceso para el cambio político, para la reinstitucionalización del país y para lograr que tengamos realmente un Estado de derecho y condiciones básicas para que vengan inversiones y recuperemos la política la economía y la sociedad venezolana”.“Si hay alguien que aprieta al pueblo venezolano, si hay alguien que oprime al pueblo venezolano, que le hace profundo daño al pueblo venezolano es Nicolás Maduro”, subrayó.Guanipa, además, cuetionó que si estas “son sanciones unilaterales, que en este caso vienen de la Unión Europea o vienen de Estados Unidos, ¿por qué razón no van en contra de Estados Unidos, no van en contra de Europa, sino que van en contra de los dirigentes opositores que en nada influimos para que esas normas o esas sanciones se apliquen?“El centro de todo esto es tratar de amedrentar, de apagar la alternativa democrática, que evidentemente está en un esfuerzo por relanzarse hacia el 10 de enero para lograr lo que debería ser, ¿y cuál es el deber ser? Que si Edmundo González ganó el proceso, él debe ser el que asuma la presidencia de la República”, añadió.Guanipa manifestó que “como Maduro sabe que perdió y sabe que ha arrebatado eso a través de un boletín falso del Consejo Nacional Electoral, trata entonces de amedrentar y de apagar a toda esa alternativa democrática que va a liderar y que está liderando un proceso para que se respete la soberanía del pueblo venezolano”.“Maduro es el que es impune en este momento porque no hay ley que pueda ser aplicada en su contra, porque no solamente controla el poder Ejecutivo, sino que controla el Judicial, el ciudadano, el electoral y el militar, todos los poderes los controla hoy Nicolás Maduro”.(Lea también: Informe de Amnistía Internacional revela las torturas del régimen de Venezuela contra varios niños)¿Qué va a pasar con los presos políticos con esta nueva ley de Maduro?Según Guanipa, “hay un comité de amigos y familiares de los presos políticos que ha tenido una actuación realmente protagónica e interesante en la lucha por la defensa de los derechos de esas personas que están privados ilegítimamente de libertad. Se habla de aproximadamente unas 2.000 personas. Maduro preparó cárceles para 2.000 personas consciente de lo que él iba a hacer, todo fue premeditado por Nicolás Maduro, y a nosotros nos corresponde seguir dando la pelea para lograr que se pueda producir el cambio político, que es lo que aspira el pueblo venezolano.”(Lea también: "No hay posibilidad" de que Edmundo González vuelva a Venezuela a juramentarse: Diosdado Cabello)
La pena máxima de 30 años de prisión e inhabilitaciones prácticamente vitalicias para ejercer cargos públicos: el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, aprobó este jueves una ley para castigar el respaldo a sanciones internacionales contra el país.La nueva legislación coincide con recrudecidas tensiones por la reelección de Nicolás Maduro para un tercer mandato (2025-2031), denunciada como un fraude por la oposición, que reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio."Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (...) será sancionada con prisión de 25 a 30 años", recoge uno de los artículos de la ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos que plantea reforzar sanciones.(Lea también: "No hay posibilidad" de que Edmundo González vuelva a Venezuela a juramentarse: Diosdado Cabello)Hasta un millón de dólares de sanción en VenezuelaEn estos casos se estipulan multas equivalentes a entre 100.000 y un millón de dólares, así como hasta 60 años de inhabilitación política.La legislación castiga con idénticas penas a "toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza" contra el país caribeño.Los acusados de impulsar sanciones extranjeras, agrega la ley, podrán ser juzgados en ausencia si se niegan a acudir a las audiencias."Es una ley" para "poner orden y establecer límites frente a la actitud vendepatria de un pequeño sector" que "se convierten en lacayos", dijo Nicolás Maduro.Venezuela y altos funcionarios gubernamentales han sido sancionados en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea, acusados de irregularidades electorales y violaciones de derechos humanos. Washington reconoció como "presidente electo" a González Urrutia, exiliado en España tras una orden de arresto en su contra.Bolívar vs BolívarLa "Ley Libertador Simón Bolívar" votada en el unicameral Parlamento de Venezuela responde a un proyecto de ley bipartidista aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 18 de noviembre para fortalecer las sanciones contra Caracas, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.La iniciativa en discusión en el congreso estadounidense, denominada Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), prohíbe firmar contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Maduro, que tilda de "ilegítimo", o con cualquier otro "no reconocido como legítimo" por Washington.El uso del nombre del mayor prócer de la independencia venezolana causó una airada reacción del gobierno de Maduro."De manera desvergonzada, le han colocado (a la ley) el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo", contragolpeó la Cancillería en un comunicado, que calificó el proyecto de "ataque criminal".Las sanciones estadounidenses habían sido flexibilizadas, con licencias a trasnacionales energéticas como Chevron para hacer negocios en Venezuela.Sin embargo, los cuestionamientos a la reelección de Maduro hacen renacer amenazas de reimpulso de estas medidas, mientras se espera el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca."Si el imperialismo aprieta su marcha para tratar de hacerle daño a Venezuela, nosotros recontraapretamos la marcha", expresó Maduro.Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington están rotas desde 2019.Medios bajo vigilancia en VenezuelaLa nueva ley fija sanciones para medios de comunicación que divulguen "propaganda" en favor de sanciones o "mensajes" que las promuevan.Las consecuencias pueden llegar a la "revocatoria de la concesión" para operar en los casos de televisoras y emisoras de radio, así como multas de alrededor de 100.000 a un millón de dólares. Mensajes en prensa, así como en redes sociales, son castigados con las mismas multas.El gremio de la prensa denuncia grandes restricciones en Venezuela, donde se han registrado masivos cierres de medios en 25 años de gobiernos chavistas.Si los juzgados por impulsar o respaldar sanciones son extranjeros, apunta la ley, podrán ser objeto de "expulsiones" del país, al igual que confiscación de bienes.(Lea también: Edmundo González está "moralmente preparado" para una eventual detención en Venezuela)
Luego de que se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela, habrían ocurrido alrededor de 2.000 detenciones arbitrarias, entre las cuales hay niñas y niños que durante meses fueron sometidos a torturas y malos tratos, según un nuevo informe de Amnistía Internacional. La ONG denunció que se contabilizaron al menos 198 niños y niñas detenidos luego del 28 de julio, cuando el régimen venezolano proclamó como ganador de las elecciones al régimen de Nicolás Maduro. (Lea también: EE. UU. sanciona a 21 altos cargos del Gobierno Maduro por "robar las elecciones" en Venezuela).De los menores detenidos, en septiembre fueron excarcelados más de 100 y, en noviembre, alrededor de 25, aunque siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo."Amnistía Internacional condena las detenciones arbitrarias, posibles desapariciones forzadas, torturas, y falta de garantías judiciales en su contra, y exige la inmediata liberación de los al menos 69 niños y niñas que permanecen privados de la libertad", indicó el informe.Los detalles de las torturas: "Sentía que estaba muerto"Durante las protestas que se vivieron los días siguientes a las elecciones, las propias autoridades venezolanas aceptaron la detención de niños en el marco de las protestas, justificando los procesos penales contra ellos por su supuesta participación en manifestaciones violentas. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que hay personas detenidas que viven con alguna discapacidad o son neurodivergentes, de las cuales algunas son niños y niñas.En todos los casos documentados no se contaba con una orden de aprehensión dictada por un juez o no haber sido en flagrancia de un delito. Los niños y niñas permanecieron varios días desaparecidos, sin que su familia supiera de su paradero, y su puesta a disposición ante un tribunal rebasó el límite que marca la ley y el derecho internacional: un máximo de 24 horas.Al menos cinco de los niños habrían sido sometidos a tortura a través de golpizas con puñetazos y patadas, choques eléctricos, asfixia y amenazas de muerte o sexuales, con la intención de forzarles una confesión. Se les acusó de terrorismo y otros delitos graves, aparentemente, sin presentar pruebas. (Lea también: Argentina denuncia que “efectivos armados” hostigan embajada en Venezuela, que asila a opositores).“Me contó llorando que lo habían torturado. Lloraba y lloraba. Yo lo abrazaba, pero por donde le tocaba para abrazarle, le dolía (...). Mi hijo me dijo que después de toda la electricidad sentía que estaba muerto", contó la madre de uno de los detenidos a la ONG. En su testimonio detalló que militares golpearon al menor con un bate de beisbol en espalda y torso, le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y le dieron choques eléctricos, perdiendo el conocimiento al menos dos veces. Además, lo pusieron junto a otras personas detenidas haciendo una fila en el suelo para que militares, uno por uno, fueran dándoles patadas. Las escabrosas torturas habrían dado paso a otros problemas de salud como parálisis facial, colapsos nerviosos, depresión, ataques de pánico o autoaislamiento. Se registraron dos casos en los que habrían intentado atentar contra su vida.“Mi hijo lloraba. Y me decía que no podía dormir. Que cerraba los ojos y tenía pesadillas donde le volvían a torturar”, aseguró otra las madres de los detenidos, quien dijo que su familia está muy angustiada por el estado de depresión del menor.Procesos judiciales injustos por el régimen venezolanoEn las audiencias preliminares de los casos documentados, la jueza a cargo habría incitado a que se declararan culpables para rebajar sus penas de 10 años de prisión, a seis años y ocho meses, y sin posibilidad de libertad condicional u otra medida cautelar. Ninguno de ellos aceptó su culpabilidad.Antes de iniciar el proceso judicial, "se les impuso un abogado/a público carente de independencia, negándoles de facto el derecho a una defensa. Todos desconocían los hechos o las pruebas que la Fiscalía habría aportado en su contra", indicó Amnistía Internacional.En varios casos, la jueza alegó que no había recibido ninguna prueba por parte de la defensa para demostrar su inocencia, a pesar de que las familias las habían aportado. Incluso, se denunció que los seres queridos ni siquiera fueron informados de las audiencias ni fueron advertidas de las consecuencias negativas de sus denuncias en prensa y redes sociales.“La defensora (pública) me dijo que por haber denunciado el caso de mi hijo públicamente, ahora todo se iba a demorar. Que era por mi culpa", indicó una de las madres. Asimismo, los niños y niñas habrían permanecido durante varios días en centros de detención para adultos y en instalaciones de cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, lo cual es contrario al estándar internacional.(Lea también: María Corina Machado habla luego de que Fiscalía de Venezuela anunciara investigación contra ella).Acciones inmediatas solicitadas por Amnistía InternacionalDada la gravedad de los hechos relatados, Amnistía Internacional exige:Que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los niños y niñas detenidas arbitrariamente hasta el momento tras las elecciones del 28 de julio de 2024.Que se abstengan de torturar y someter a niños y niñas privadas de la libertad a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de someterlos a proceso penales infundados e injustos.Que se abstengan de cometer actos de retaliación contra familiares, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian la crítica situación de personas injustamente encarceladas.Que cesen de inmediato la persecución y política de represión contra quienes consideran personas críticas al gobierno, incluida la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y acciones estigmatizantes contra la sociedad civil.
Estados Unidos sancionó este miércoles a 21 altos cargos de Venezuela a los que acusa de "represión" y de intentar "robar las elecciones" presidenciales del 28 de julio, en las que se proclamó la reelección de Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por la oposición y parte de la comunidad internacional.Esta nueva ronda de sanciones llega después de que la Administración de Joe Biden, que el próximo 20 de enero pasará el relevo al republicano Donald Trump, reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el "presidente electo" de Venezuela.(Lea también: Régimen Maduro dice que liberó a 225 presos en Venezuela, pero ONG solo ha registrado 113)Dentro de la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa.También hay altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a los que acusa de "reprimir violentamente las manifestaciones pacíficas" tras las elecciones.Entre ellos está Alexis Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y también el jefe de la DGCIM y de la Guardia de Honor Presidencial, Javier Marcana Tabata.Bajo esta decisión quedan bloqueadas todas las propiedades de los sancionados en Estados Unidos y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con esas personas.Hasta la fecha, el Tesoro estadounidense ha sancionado a 150 venezolanos y a un centenar de entidades del país caribeño por acometer "acciones antidemocráticas".El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó en los comicios del 28 de julio la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero el organismo no ha publicado las actas con los resultados desagregados de las elecciones.La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país, presentó por su parte unas actas que dan la victoria a su candidato, González Urrutia, quien desde septiembre se encuentra exiliado en España denunciando una persecución de las autoridades venezolanas.En una entrevista con EFE el pasado lunes, González Urrutia confirmó su intención de viajar a Caracas para asumir el cargo el 10 de enero y sostuvo que está "moralmente preparado" para su eventual detención en Venezuela."Nicolás Maduro y los que lo rodean nunca antes habían estado tan aislados", dijo este miércoles un alto funcionario estadounidense en una llamada con periodistas.Estados Unidos reconoció en agosto a González Urrutia como el ganador de las elecciones debido a la "abrumadora evidencia" de su victoria, y el 19 de noviembre lo nombró por primera vez como "presidente electo", un paso que España no ha dado por ahora.El alto funcionario estadounidense dijo al respecto que corresponde a cada país tomar este tipo de decisiones y remarcó que hacer ese reconocimiento "añade presión" sobre Maduro.En 2019, la primera Administración de Trump lideró el reconocimiento internacional del entonces líder opositor venezolano Juan Guaidó como "presidente interino" del país, pero este nunca tuvo un poder efectivo.
María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, habló este sábado 23 de noviembre, vía stream, en el Encuentro Internacional de Activistas. La política, que no se refirió a la investigación de la Fiscalía de Venezuela por supuesta traición a la patria, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro “se fractura, tiene contradicciones, tensiones y divisiones reales”.“El régimen de Maduro está en proceso de descomposición”, afirma María Corina MachadoLa líder opositora aseveró que “todo el mundo sabe lo que ocurrió el 28 de julio y todo el mundo sabe que Venezuela será libre”.“Quienes ven las actas, quienes las tocan, les cambia la vida, porque dicen ‘es como tener el testimonio de la voluntad de un pueblo que se ha revelado’”, sostuvo Machado, quien manifestó que “tenemos por delante la recta final” del régimen chavista, ya que “todo el mundo sabe lo que ocurrió el 28 de julio y todo el mundo sabe que Venezuela será libre”, al referirse a las elecciones en las que se dio como vencedor a Nicolás Maduro, aunque la oposición dice que el ganador fue Edmundo González y ha ofrecido las actas como prueba.Según María Corina Machado, “estamos viendo un régimen que se fractura, que tiene contradicciones, tensiones y divisiones reales, algunas se ven, otras no se ven, pero todos sabemos que están en un proceso de descomposición por su crueldad, por su corrupción, por su vileza”.Por eso, manifestó, “nadie va a pasar la página con Venezuela, cada día tenemos más aliados y las acciones serán más firmes hasta que el régimen entienda que el tiempo se les acabó” y que debe negociar para entregar el poder a la oposición.(Lea también: Que EE. UU. reconozca a Edmundo González presidente de Venezuela es “ridículo”: chavismo)Machado también anunció que “estamos planificando este primero de diciembre una enorme protesta dentro y fuera de Venezuela. (…) Es hoy que tenemos que actuar”.Finalmente, le dio “gracias a Dios por poder luchar junto a cada uno de ustedes. Me honra, me enorgullece”.Diosdado Cabello vincula a María Corina Machado con plan para derrocar a MaduroEl ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este sábado sobre un nuevo plan para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el que vinculó a la líder opositora María Corina Machado y a otros dirigentes antichavistas.Cabello detalló que esta operación se inició en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), donde "entra en juego" el empresario José Enrique Rincón, dueño de varias empresas, junto a sus hijos Juan Diego Rincón Sabatino y José Enrique Rincón Sabatino, quienes -según el ministro- "tienen vínculos con sectores políticos opositores" y se encuentran en España."Ellos tienen vínculos directos con Iván Simonovis (excomisario de la Policía Metropolitana de Caracas), nuevamente con la terrorista María Corina Machado, con Tomás Guanipa, con Juan Pablo Guanipa y una gran cantidad de personas que están acá (...). Todos están identificados", indicó Cabello en una transmisión del canal estatal VTV en la que no mencionó más nombres para evitar -dijo- una posible fuga.Según el ministro, el empresario Rincón se reunía y captaba jueces y fiscales -al menos cinco detenidos-, personas de grupos empresariales y militares en situación de retiro y otros en actividad para esta operación, denominada 'No a la Navidad', que pretendía -señaló Cabello- entregar armas a personas detenidas para generar "desestabilización" en el país.Asimismo, informó sobre la incautación de un lote de armas, decomisadas en medio de una operación en un sitio que no precisó, donde se hacían entrenamientos de grupos paramilitares colombianos."Hemos venido denunciando y presentando pruebas de tráfico de armas para traerlas a Venezuela con el fin de ser utilizadas por grupos de delincuentes vinculados al Tren de Aragua y al Tren de los Llanos, con el fin de generar a lo largo y ancho de Venezuela situaciones de inestabilidad para ser aprovechadas por sectores políticos claramente identificados", manifestó.El ministro informó que el caso está en pleno desarrollo y que se están allanando empresas, sin dar más detalles.El anuncio de Cabello se da un día después de que la Fiscalía de Venezuela abriera una nueva investigación contra la líder opositora María Corina Machado acusada de "traición a la patria" por "conspirar" con el Gobierno de Joe Biden para impulsar en Estados Unidos un proyecto de ley para aislar económicamente más al Ejecutivo de Nicolás Maduro."Los pronunciamientos públicos que la señalada (Machado) ha realizado en torno a este írrito proyecto de ley, la involucran gravemente y constituyen la comisión de los delitos de traición a la patria", indicó el Ministerio Público en un comunicado.El texto señala además que la Cámara de Representantes de Estados Unidos incurrió en "acciones criminales" que son apoyadas por Machado, en la clandestinidad luego de denunciar fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, y buscan "aumentar el catálogo de sanciones ilegales contra el pueblo venezolano".La Cámara de Representantes estadounidense aprobó el lunes el proyecto de ley bipartidista Bolívar, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar en vigor.El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe firmar contratos con personas que realicen negocios "con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro" o con cualquier otro "no reconocido como legítimo por Estados Unidos".Caracas tacha este proyecto de "ataque criminal" ya que considera que viola la Carta de las Naciones Unidas, y "se suma a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales".En respuesta a la medida de Washington, el Parlamento venezolano aprobó el jueves la "Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista" que plantea la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los venezolanos que respalden sanciones estadounidenses.
El chavismo rechazó el reconocimiento que hizo Estados Unidos a la elección de Edmundo González como presidente de Venezuela, casi cuatro meses después de los comicios que dieron por reelecto a Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude.Estados Unidos “debería dedicarse a reflexionar sobre sus fracasos”El canciller Yván Gil rechazó en sus redes sociales el pronunciamiento de Antony Blinken, quien a través de X expresó: "El pueblo venezolano se pronunció rotundamente el 28 de julio" y convirtió "a Edmundo González presidente electo".Tras este reconocimiento, el canciller venezolano afirmó en Instagram que “‘del único lugar que no se vuelve es del ridículo’, reza el dicho popular. Sin embargo, Blinken, enemigo confeso de Venezuela, insiste en volver a hacerlo, ahora con un Guaidó 2.0, apoyado por fascistas y terroristas subordinados a la maltrecha política estadounidense”.“En los últimos días de su gobierno, debería dedicarse a reflexionar sobre sus fracasos, deshacerse de los complejos imperiales y coloniales e ir a escribir las memorias de cómo la Revolución Bolivariana lo hizo morder el polvo de la derrota, tal como a sus antecesores. Nunca falla el plan literario de un Secretario de Estado más, que se hundió, junto a sus marionetas, tratando de revertir la democracia venezolana”, agregó.Telesur, medio oficial del régimen chavista, dijo en su sitio web que “la afirmación de Blinken es totalmente absurda y va en contra de cualquier principio democrático, pues la autoridad electoral venezolana nombró a Nicolás Maduro como presidente del país con un 51.20 por ciento, lo que equivale a 5.150.092 electores”.Edmundo González, “profundamente agradecido”En sus redes sociales, el excandidato de 75 años agradeció "profundamente el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos. Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio".Entretanto, la oposición venezolana espera que otros gobiernos se sumen al reconocimiento. "Los hechos demuestran que esta lucha en la que estamos comprometidos todos los venezolanos liderados por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia está llegando a su final para beneplácito de los venezolanos y la comunidad internacional, que está preocupada por la crisis humanitaria en Venezuela", señaló a EFE el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que está exiliado en España y oficia como portavoz en el exterior de María Corina Machado.Ledezma subrayó que no es la única señal de que están dando fruto los esfuerzos de la oposición venezolana por hacer valer su afirmación, fundamentada en los datos de las actas de votación, de que Nicolás Maduro fue derrotado en las elecciones del 28 de julio pasado por González Urrutia.También lo es -dijo- las afirmaciones del representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en una reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete celebrada esta semana en la que, a su juicio, "dejó claro que Maduro no tiene argumentos para justificar su proclamación irregular como ganador"."La Unión Europea sigue unida en su rechazo al reconocimiento de Maduro como un presidente elegido democráticamente y, por lo tanto, negándole la legitimidad que tendría si hubiese ganado las elecciones legalmente", indicó Borrell el lunes pasado en dicha reunión.Ledezma mencionó también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y a los presidentes de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, y de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, como defensores de la falta de legitimidad de Maduro como presidente electo.Asimismo, se refirió al papel "relevante" desempeñado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en busca una salida negociada a la crisis venezolana que si no ha dado resultados -dijo- es por la negativa de Maduro a "admitir su derrota" y dar pie a una transición "pacífica y ordenada" como propone González Urrutia, quien está también exiliado en Madrid desde septiembre pasado.Parafraseando a María Corina Machado, que está oculta para evitar ser detenida en Venezuela, Ledezma indicó que "lo que más le conviene a Maduro y su séquito es unirse a esa transición".Tras hacer votos para que otros países sigan el ejemplo de EE. UU., el exalcalde de Caracas destacó también la importancia de que la Cámara de Representantes de ese país haya aprobado con el apoyo de republicanos y demócratas el proyecto de ley Bolívar que prohíbe a la Administración pública contratar la empresa o individuos que tengan lazos comerciales con "el ilegítimo Gobierno de Maduro".El senador republicano Rick Scott, que habló con Machado este martes de la ley Bolívar, pendiente de su aprobación en el Senado, afirmó que los días en el poder de Maduro "están contados".En una declaración a un canal televisivo tras su reconocimiento por parte de EE. UU., González Urrutia subrayó que se mantiene firme en su intención de regresar a Venezuela el próximo 10 de enero para jurar como presidente de ese país, como manda la Constitución.
