La Superintendencia de Transporte abrió una investigación formal contra 37 secretarías de tránsito en Colombia por presuntas irregularidades en la imposición de fotomultas, tras una revisión masiva que abarca cerca de 7,5 millones de comparendos en todo el país. Este proceso ha encendido el debate sobre la legalidad y el funcionamiento del sistema de fotodetección, ampliamente utilizado para sancionar infracciones de tránsito.
Mintransporte anunció que revocará 5,8 millones de comparendos
Como resultado preliminar de esta revisión, las autoridades anunciaron que cerca de 6 millones de comparendos quedarán sin efecto por no cumplir con los requisitos legales exigidos. Además, alrededor de 2 millones de multas que ya fueron pagadas por los ciudadanos deberán ser devueltas, lo que supone un fuerte impacto tanto administrativo como económico para los organismos de tránsito involucrados. Estas entidades, además, podrían enfrentar sanciones que superarían los 2 billones de pesos.
Según explicó la Supertransporte, las irregularidades estarían relacionadas con fallas en los procedimientos previos a la imposición de las sanciones, lo que invalida los comparendos. En ese sentido, se ordenó que los organismos responsables no solo devuelvan los dineros cobrados indebidamente, sino que, en algunos casos, paguen sumas adicionales a los afectados, equivalentes al doble del valor de la multa impuesta. Entre las ciudades con mayor número de comparendos bajo revisión se encuentran Cali, con aproximadamente 2,7 millones de casos; Medellín, con 717.000; y Bogotá, con cerca de 294.000. Las autoridades informaron que la ciudadanía podrá consultar los listados de las multas afectadas y los periodos en que se impusieron a través de los canales oficiales del Ministerio de Transporte.
Aunque la Superintendencia reiteró que las cámaras de fotodetección son herramientas clave para la seguridad vial y deben continuar operando, enfatizó que su uso debe ceñirse estrictamente a la ley. Las infracciones detectadas por este sistema incluyen exceso de velocidad, no respetar señales de tránsito, incumplir el pico y placa, y circular sin los documentos obligatorios como el SOAT o la revisión técnico-mecánica. Este caso ha generado reacciones entre los ciudadanos, muchos de los cuales cuestionan la transparencia del sistema y aseguran haber tenido que enfrentar procesos engorrosos para apelar multas que consideran injustas. Entre tanto, las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevas medidas para garantizar un sistema de control más claro, justo y ajustado a la normativa vigente.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL
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