Tigo asume el control de Movistar desde el 4 de febrero de 2026: ¿qué pasará con los clientes?

A partir de este 4 de febrero, el sector de las telecomunicaciones en Colombia entra en una fase clave del proceso de integración entre Tigo y Movistar: Tigo asumirá el control operativo de Movistar, un paso decisivo que marca el inicio de la transición real entre ambas compañías. Aunque el anuncio ha generado inquietudes entre millones de usuarios, la operación no implica un cambio inmediato para los clientes, ni en sus contratos ni en la prestación de los servicios.

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Lo que ocurre desde el 4 de febrero es una toma de control administrativo y operativo, no una fusión total ni una migración automática de usuarios. Movistar continúa operando comercialmente bajo su marca, mientras Tigo empieza a dirigir decisiones estratégicas, técnicas y administrativas. En otras palabras, Movistar deja de actuar como una empresa autónoma, pero sigue existiendo hacia el público, con su portafolio de servicios intacto.

¿Qué pasará con los clientes de Movistar?

Este es el punto central del anuncio: los usuarios no deben realizar ningún trámite ni esperar cambios inmediatos como consecuencia de la toma de control. Desde el 4 de febrero, la transición se concentra en el ámbito operativo y administrativo, sin impacto directo en los servicios que reciben los clientes.

En ese sentido, los usuarios continuarán siendo clientes de Movistar y mantendrán exactamente las mismas condiciones que tenían antes del inicio del proceso. Los planes, precios y contratos vigentes no sufrirán modificaciones, ni se aplicarán cambios unilaterales derivados de la integración.

De igual forma, la facturación, los métodos de pago y los canales de atención seguirán operando con normalidad, mientras que los servicios móviles, de internet fijo y de televisión se prestarán sin interrupciones y bajo los mismos estándares. Cualquier ajuste que se llegue a plantear en el futuro deberá realizarse de forma gradual, con información previa a los usuarios y en cumplimiento de la regulación vigente, garantizando la protección de los derechos de los consumidores. El impacto inmediato del nuevo control será principalmente interno. La integración contempla ajustes profundos en la estructura de las compañías, entre ellos:

• Unificación de áreas administrativas y técnicas.
• Integración de plataformas operativas y de redes.
• Reorganización de sedes físicas en distintas ciudades.
• Eliminación de duplicidades en cargos y procesos.

Estos cambios buscan reducir costos, mejorar eficiencia y fortalecer la capacidad de inversión del nuevo operador integrado. En medio de todo este proceso empresarial, el único paso que aún está pendiente es la venta de la participación que mantiene el Gobierno Nacional en la compañía. Esa operación es clave para cerrar por completo el capítulo societario de la integración.

De acuerdo con el decreto expedido el 30 de diciembre de 2025, el Estado definió las condiciones para desprenderse de esas acciones, fijando un precio de 772 pesos por cada título. Con base en la cantidad de acciones que actualmente están en manos de la Nación, la operación permitiría que el Gobierno reciba al menos 855.000 millones de pesos, recursos que ingresarían al Estado una vez se concrete la venta.

En términos prácticos, esta transacción no afecta la prestación del servicio ni la operación diaria de la empresa, pero sí representa el último movimiento financiero necesario para que el Estado deje de ser accionista y el nuevo esquema empresarial quede completamente consolidado.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL