Uno de los mayores escándalos en inteligencia militar quedó engavetado luego de una polémica decisión adoptada por la Procuraduría. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los detalles de este expediente, que incluye graves testimonios en contra de altos oficiales presuntamente involucrados en actos de corrupción en el Ejército y espionaje político.
Hace pocas semanas, la Procuraduría, a la cabeza de Margarita Cabello Blanco , emitió una decisión que podría sepultar uno de los más graves escándalos de corrupción en la cúpula de la inteligencia militar.
En el auto del 4 de mayo, la Sala Disciplinaria archivó un proceso que involucraba a varios generales y coroneles.
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló en un primer informe las claves de este expediente, que incluye decenas de declaraciones de oficiales y suboficiales y evidencias documentales recolectadas por el Comando de Contrainteligencia de las Fuerzas Militares.
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En contexto:
Esa información, que está en poder de la Procuraduría, apunta a que en la extinta Regional de Inteligencia Estratégica Militar (Rimec) se desviaron los dineros de los gastos reservados entre 2016 y 2017, y que allí mismo se habría conformado un entramado de espionaje ilegal contra defensores de derechos humanos, políticos y hasta generales.
Uno de los interrogados de más alto rango fue el coronel Francisco Rodríguez Piramanrique jefe de la Rimec entre 2015 y 2016. Entre otras cosas, explicó cómo funcionaban las presuntas operaciones para desviar los dineros. Dijo que inflaban pagos a fuentes humanas de información, y de esos rubros sacaban una tajada que él le entregaba a sus superiores.
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“Me acuerdo una vez que me llamó mucho la atención y porque esa sí fue directamente la orden de mi general, dijo hay que darle tanta plata, entrégueselo a mi coronel Parga, ocho millones. Me tocó, aunque la producción que dio no daba para ello, entonces qué me tocó hacer de otras fuentes, saque para completar. Vea señor Parga, tome sus ocho millones. Entonces ya nos tocó fue con otros informes de otras fuentes empezar a cubrir el gasto”, declaró el oficial.
Pese a que hay decenas de declaraciones de implicados directos en los que detallan supuestos actos irregulares de manera concreta, la Procuraduría le restó contundencia al caso.
"... Al someter los testimonios al tamiz de la sana crítica, encuentra esta colegiatura que varios de ellos se configuran a partir de testigos de oídas, pues, refieren que lo testimoniado obedece a lo que escucharon en algunas reuniones, pero que no están en condición de asegurar dichas situaciones porque algunos de los eventos no les constan", dijo el organismo.
El sargento John Jairo Ramírez, exagente de control de la Rimec, aseguró que parte de un supuesto pago de información en el que participó, terminó yéndose para financiar la escolta del general Martín Nieto.
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Una de las declaraciones más graves de los mismos militares es que para justificar el dinero de los gastos reservados se habrían inventado fuentes falsas que supuestamente recibían los pagos. Así lo explicó el sargento Andruz Galindo.
“Entonces hay unos señores que se inventan todas esas historias asombrosas que conocen el modus operandi, que conocen o contactan comunidades de hackers, sacan una información y maquillan un pasquín para que, para que firme o para que, mejor dicho para que todo tenga la trazabilidad y el expediente exista. O sea, en papeles existe la fuente, pero realmente no existe”, detalló.
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En el expediente sobre presunta corrupción en el Ejército archivado por la Procuraduría hay evidencias de un posible entramado de espionaje ilegal dentro de la Rimec.
El viaje de tres uniformados a Las Vegas, Estados Unidos, en julio de 2017, fue una de las piezas claves del caso.
Pese a que los agentes que fueron a Las Vegas, entre ellos el sargento Daniel Henao, reconocieron el viaje y la compra de los aparatos de espionaje, la Procuraduría no encontró nada.
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En el expediente hay declaraciones sobre presuntas actividades de seguimientos informáticos a objetivos ilegítimos.
Según los militares, una de las víctimas habría sido José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, quien a mediados de 2017 publicó trinos sobre falsos positivos y la posible acción de la Corte Penal Internacional en esos casos.
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“Cuando hubo una noticia de la CPI, de la Corte Penal Internacional, contra mi general Rodríguez, sé que Henao estuvo al frente de esa vaina mirando a ver de dónde provenía el ataque, cómo venía, si era de la CPI, si era de la Fiscalía. Sé que eso fue así porque ese muchacho me lo dijo”, manifestó uno de los militares.
El sargento Ramírez, por su parte, dijo que le preguntó a un compañero por las movidas dentro de la compañía, y que le contestó que al parecer estaban espiando a generales del Ejército.
“Yo le dije: ¿cuál es la maricada? Dijo, no marica, es que están haciendo trabajos especiales de acá. Dijo, la verdad no sé, pero creo que por ahí como que según tengo entendido que son unos generales”, agregó.
A pesar de la abundancia de testimonios y documentos que tenía en su poder, el ente dijo que en el periodo de seis meses de recolección de pruebas fijado por la ley, no había obtenido todo el material necesario para demostrar las irregularidades.
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