Una ampliación judicial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dejado al descubierto la trama que vincula directamente a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, con estructuras del crimen organizado y el narcoterrorismo internacional. El expediente, que consta de 30 páginas, documenta una alianza sostenida a lo largo de décadas con organizaciones calificadas como terroristas por el gobierno estadounidense, entre las que destacan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y la banda trasnacional el Tren de Aragua.
Esta relación no es reciente. Los antecedentes de esta colaboración datan de los archivos secretos incautados en 2007 al jefe guerrillero Raúl Reyes, donde correos entre Iván Márquez y el secretariado de las FARC evidenciaban ofertas de generales chavistas como Cliver Alcalá para proveer bazucas y armamento proveniente de compras oficiales de Venezuela a Rusia.
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Con el ascenso de Maduro al poder tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, estas alianzas se consolidaron mediante pactos directos. Según la acusación norteamericana, Maduro y Flores participaron en reuniones presenciales con la cúpula de las FARC (incluidos Rodrigo Londoño alias Timochenko, Luciano Marín alias Iván Márquez y Seuxis Pausias Hernández alias Jesús Santrich) para saldar deudas millonarias del narcotráfico a cambio de la entrega de minas explosivas y armamento pesado destinado a la guerra en Colombia.
Narcopistas protegidas: Venezuela convertida en puente aéreo de la droga
El intercambio sistemático de armas por cocaína requería de una infraestructura logística protegida desde el propio Estado venezolano. La investigación judicial de EE. UU. e informes clasificados de la inteligencia de Venezuela (revelados por Noticias Caracol) demuestran la existencia y protección oficial de al menos 30 narcopistas clandestinas operadas por guerrillas colombianas en la frontera. Informes elaborados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detallaron la ubicación exacta de 14 pistas de aterrizaje en el estado Amazonas y 17 más en el estado Zulia, utilizadas libremente para el despegue de cargamentos de droga hacia Centro y Suramérica.
Esta logística contaba con el amparo de altos oficiales señalados en el expediente estadounidense como co-conspiradores. La figura identificada como 'CC3' (un alto jefe del régimen) ordenó a efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) transportar armamento a cambio de cargamentos de cocaína abastecidos por la GNB hacia el ELN y las FARC.
Por otro lado, el oficial denominado 'CC1' supervisaba personalmente las pistas clandestinas fronterizas para garantizar el paso seguro de la droga. El grado de impunidad llegó a ser documentado en videos donde mandos disidentes de las FARC, como alias Julián Chollo, proclamaban abiertamente su respaldo político y militar a Nicolás Maduro a cambio de refugio y protección territorial.
Alexander Granko Arteaga: el perfil del 'carnicero' y el aparato de tortura
Uno de los capítulos más sombríos expuestos por la justicia estadounidense corresponde al accionar del coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM. Conocido bajo los alias de El carnicero de Maduro,'Mano Negra' o 'El hombre de las 1.000 caras', Granko Arteaga es identificado en la acusación federal como el coconspirador 'CC2'. Reportando de forma directa a Nicolás Maduro, este oficial diseñó y ejecutó metódicos sistemas de interrogatorio con tortura que sometía previamente a la aprobación del mandatario venezolano.
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Organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos europeos señalan a Granko y a la DGCIM como los mayores violadores de derechos humanos en el país. Testimonios desgarradores de víctimas, como el del líder estudiantil Paulo Parada, narran métodos atrabiliarios que incluyen suspensión prolongada de las muñecas, descargas eléctricas en los genitales, desprendimiento de uñas, golpizas y asfixia por ahogamiento en tanques de agua. A pesar de estar sancionado por el Departamento de Justicia de los EE. UU., Granco consolidó la DGCIM no solo como un centro de represión interna, sino como el eje operativo para la cooperación con el ELN y bandas criminales trasnacionales.
Operaciones trasnacionales: Cacería de opositores y espionaje en Colombia y Chile
La acción delictiva de Granko Arteaga y la inteligencia militar venezolana rebasó las fronteras de Venezuela. Reportes secretos del Comando Sur de los Estados Unidos (dirigidos al almirante Craig Faller) revelan que las operaciones ilegales en el exterior se coordinaban a través de la sección 'CONOSUR' de la DGCIM, liderada por el propio Granko. Una de las evidencias más graves de esta injerencia fue el secuestro registrado en marzo de 2021 en Cúcuta del teniente venezolano Franklin Caldera, quien fue raptado por combatientes del ELN en suelo colombiano y entregado directamente a agentes de la DGCIM.
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Asimismo, informes reservados de agencias federales estadounidenses como HSI/ICE y de la inteligencia colombiana advierten sobre el reclutamiento de estructuras delictivas. La DGCIM empleó a bandas locales conocidas como las 'bandas Jean' en ciudades colombianas como Bogotá, Cúcuta, Ibagué y Barranquilla para realizar seguimiento, espionaje e intimidación contra desertores y opositores políticos. En paralelo, la alianza con la organización criminal el Tren de Aragua sirvió para infiltrar instituciones y recopilar información estratégica militar en la región, además de perpetrar crímenes trasnacionales de alto perfil, entre los que destaca el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile.
La impunidad acorralada ante la justicia internacional
La revelación de estos archivos clasificados y testimonios ratifica que el entramado institucional venezolano ha funcionado como un eje del crimen organizado donde convergen el narcotráfico, el tráfico de armas y la violencia trasnacional.
Con las acusaciones en Nueva York y el escrutinio de organismos de derechos humanos sobre figuras clave como Alexander Granko Arteaga y el propio Nicolás Maduro, la justicia internacional estrecha el cerco sobre un régimen que convirtió la tortura y el crimen sin fronteras en su principal mecanismo de subsistencia.
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UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL