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La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Leonor Oviedo, con función de garantías, legalizó las capturas de los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Bonilla fue capturado en Bogotá, al finalizar la audiencia a la que asistió y en la que se ordenó cárcel contra él y Velasco, que estaba conectado virtualmente desde Cali. Este último, como lo indicó en la diligencia, se entregó hacia las 11:00 p.m. del jueves 18 de diciembre. (Lea también: Luis Fernando Velasco se defiende en caso de UNGRD: “No soy un peligro”)
La magistrada Oviedo decidió este viernes “primero, declarar legal la captura por orden judicial de los ciudadanos Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez, conforme a las razones ya anotadas. Segundo, librar boleta de encarcelación en contra de Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez, dirigidas al complejo carcelario penitenciario de alta, mediana y mínima seguridad de Bogotá. Incluye reclusión especial en La Picota o al establecimiento que designe el Inpec”.
Los abogados, tanto de Bonilla como de Velasco, solicitaron que sus defendidos fueran trasladados a una guarnición militar.
Ni la defensa ni la Fiscalía presentaron algún tipo de apelación.
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La Fiscalía había pedido prisión domiciliaria para ambos, pero la magistrada Aura Alexandra Rosero consideró insuficiente la solicitud y dictó prisión preventiva como una medida "necesaria y proporcional", teniendo en cuenta la magnitud del caso, el rol dominante de los funcionarios y su cercanía con el poder.
El presidente Gustavo Petro aseguró que Bonilla "ha sido extorsionado y es víctima". "Lo conozco de años y sé que es inocente", escribió el mandatario en X. "No interfiero en la justicia y ella determinará", añadió.
Según la fiscal María Cristina Patiño, los exministros "lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas".
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Los contratos investigados provenían de 79 proyectos de la UNGRD y de Invías, por un valor de más de 163 millones de dólares. Solo siete fueron ejecutados, según el ente acusador.
Una asesora de Bonilla gestionaba los contratos y Velasco ordenaba a congresistas votar a favor de las reformas del Gobierno, según la acusación.
El caso forma parte del entramado de desvío de fondos de la UNGRD, que se destapó en 2024, cuando investigaciones periodísticas señalaron sobreprecios en la compra de camiones para llevar agua a La Guajira.
El escándalo salpica a altos funcionarios, congresistas, contratistas y exdirectivos de la unidad.
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POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP