La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el jueves un aumento de 26% en el llamado “ingreso mínimo integral”, un esquema de remuneración basado principalmente en bonificaciones y no en el salario formal. Con este ajuste, el ingreso incrementó 50 dólares mensuales y constituye el primer incremento desde la caída de Nicolás Maduro.
¿De cuánto es el ingreso mínimo en Venezuela?
“El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares”, indicó Rodríguez, sin ofrecer detalles sobre su composición o mecanismos de actualización.
En Venezuela, el denominado “ingreso mínimo” no equivale al salario base estipulado en la ley. El sueldo mínimo legal se mantiene cercano a los 30 centavos de dólar mensuales y está congelado desde hace cuatro años. Para compensar esta cifra simbólica, el gobierno recurre a un sistema de bonos indexados que se pagan de forma discrecional y que no tienen impacto en beneficios laborales como vacaciones, utilidades, prestaciones sociales o pensiones.
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“Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel”, prosiguió Rodríguez desde una tarima instalada en la principal avenida de Caracas.
Este esquema ha sido utilizado por el Ejecutivo para mejorar los ingresos nominales de los trabajadores públicos y privados que devengan el salario mínimo más bajo de la región, severamente erosionado por una inflación elevada y persistente. Sin embargo, al no formar parte del salario formal, los bonos no fortalecen la protección laboral ni la seguridad social.
Pese al aumento anunciado, el nuevo ingreso mínimo integral sigue muy por debajo de los 677 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta actualmente la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas.
Reforma laboral, en debate
Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero, había prometido un aumento salarial “responsable”.
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Aplausos y gritos de celebración acompañaron el anuncio ante varios miles de chavistas congregados en Caracas al cierre de una “peregrinación” para exigir el levantamiento de las sanciones contra Venezuela. No obstante, también se observaron gestos de decepción y comentarios en voz baja.
“No era lo que esperaba, pero vamos hacia más”, se resigna Yeisi Romero, manifestante de 44 años. Rodríguez “lo está haciendo bien, lo primero es lo primero, aumentar un poco el sueldo”, dijo a la AFP.
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La mandataria también anunció un aumento de las pensiones hasta los 70 dólares mensuales, igualmente sustentado en transferencias y no en una revisión del sistema contributivo.
El ajuste ocurre en medio de temores sindicales ante una posible reforma de la ley del trabajo impulsada en su momento por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), que redujo la jornada laboral a 40 horas semanales y amplió las facultades de fiscalización del Estado sobre el empresariado.
El gobierno interino de Rodríguez plantea modificarla —una exigencia histórica de Fedecámaras— con el argumento de mejorar la competitividad y estimular la contratación formal.
“Precariedad laboral”
Las demandas por mejores condiciones laborales se intensifican en una economía devastada que aún no logra una recuperación sólida. Desde 2021, Venezuela muestra leves signos de mejora tras una caída acumulada de casi 80% del Producto Interno Bruto (PIB) en una década, que desencadenó el éxodo de casi ocho millones de venezolanos, según datos de la ONU.
En 2025 el país registró una inflación de 475%, la más alta del mundo, prolongando décadas de inestabilidad de precios.
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En este contexto, alrededor de siete millones de venezolanos trabajan en la informalidad, de acuerdo con un estudio reciente elaborado por dos universidades del país.
"Amenazan constantemente con despedirnos": trabajadora venezolana
Yubiray Somaza, de 28 años, trabaja hasta 12 horas diarias en una zapatería de Caracas sin recibir bonos nocturnos ni beneficios de ley.
“No tenemos contrato fijo y nos amenazan constantemente con despedirnos si no cumplimos con las exigencias del jefe”, denunció.
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Para el economista e investigador Demetrio Marotta, la inflación ha deteriorado de tal forma la relación entre trabajadores y empleadores que cumplir la legislación laboral resulta inviable para muchas empresas.
“Estamos viendo situaciones de precariedad laboral, de informalidad exacerbada y niveles altos de informalidad en todos los sentidos”, afirmó.
Existen además “condiciones que incentivan fundamentalmente la destrucción de puestos de trabajo y la no contratación en términos legales”, concluyó.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias
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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE