El gobierno de Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, decidirá si quiere continuar con la certificación de Colombia en materia de lucha contra las drogas este lunes 15 de septiembre. Se trata de un acuerdo que se logró en 1986, en el marco de un convenio de Naciones Unidas, que durante décadas ha brindado recursos al país destinados a la seguridad y erradicación de cultivos ilícitos, y que ha reforzado la cooperación entre ambas naciones.
El país norteamericano, todos los años, reafirma o decide retirar esta certificación sobre un total de 23 países productores y distribuidores de drogas, haciendo una evaluación de sus esfuerzos antinarcóticos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales, aunque, para el año que viene, la propuesta es de unos 210 millones de dólares.
El escenario es complejo y se analizan múltiples opciones, ya que el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, ha insistido en que el país continúa haciendo una "firme ofensiva" contra los grupos criminales dedicados al narcotráfico, mientras que un reciente informe de las Naciones Unidas indicó que Colombia concentra el 67 % de los cultivos mundiales de coca y en 2023 su producción se disparó un 53 %.
Lo que podría perder Colombia con la descertificación
Una descertificación, es decir, el retiro de la certificación por parte del país norteamericano, implicaría el bloqueo de recursos en rubros como financiamiento militar extranjero, programas de seguridad nacional y antinarcóticos. También acabaría con las ayudas para que la fuerza pública de Colombia combata a grupos como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el Eln y las disidencias de las Farc.
El almirante Francisco Cubides, jefe de las Fuerzas Armadas, indicó hace unos días en Washington que, "por cada 100 pesos que el Gobierno Nacional asigna a las Fuerzas Armadas, hay 60 pesos que llegan por cooperación, que se usan obviamente para aumentar capacidades, apoyos en suministros, combustible, entrenamiento, asistencia y educación".
Otro de los castigos, según expertos, tiene que ver con los créditos y préstamos por parte de la banca multilateral. "En todos los bancos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, FMI, tienen una junta que vota por cada préstamo, cada crédito. Y lo que pasa es que hay un representante de Estados Unidos en esa junta que vota siempre automáticamente por el no si un país es descertificado", Adam Isacson, director de supervisión de Defensa de la oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés).
Los escenarios que se analizan
En caso de que no se aplique una descertificación total, que sería el escenario más extremo, se contempla también una descertificación con excepciones, lo cual también es llamado waiver y, según expertos, sería más como un golpe político o que el país entre en una especie de 'lista negra', más no se acabaría la cooperación bilateral ni lo que está relacionado con la banca multilateral.
Hay otra serie de medidas que podría adoptar el presidente Trump, como la posibilidad de aranceles, que ya se ha impuesto a países como México y China, además de las restricciones para adquirir visa, que ya se han venido anunciando en los últimos meses.
Y, finalmente, está la opción de que renueven la certificación, pero con un llamado de atención para redoblar los esfuerzos en materia de lucha contra las drogas. Para Isacson, lo más probable es que descertifiquen al país con excepciones: "Creo que van a descertificar a Colombia dándole el regaño, pero sin el castigo. No creo que vayan a recortar la ayuda, ya que dañaría muchos programas que quieren mantener", concluyó.
Cabe resaltar que Colombia ya perdió la certificación una vez, entre 1996 y 1997, cuando la crisis política del Gobierno del expresidente Ernesto Samper tras el proceso 8.000, que reveló la entrada de dinero del cartel de Cali a su campaña presidencial, hizo que la Casa Blanca, bajo la administración de Bill Clinton, retirara la certificación y endureciera las medias diplomáticas bajo el argumento de que el Gobierno Samper carecía de credibilidad frente al narcotráfico.
LAURA VALENTINA MERCADO
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