María Camila Potosí

La mañana del miércoles 15 de julio de 2026, la jornada escolar en el colegio John F. Kennedy, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá, se vio marcada por un grave hecho de violencia. Antes de que comenzaran las clases, una estudiante de 15 años resultó herida por un disparo dentro del salón.Séptimo Día conoció su historia y habló con su familia, que pide reforzar las medidas de seguridad en las instituciones educativas para evitar nuevas tragedias por el ingreso de armas a las aulas. ¿Quién está controlando lo que entran los estudiantes a los colegios?Una advertencia que pensó que era bromaLaura, a quien le cambiamos el nombre para proteger su identidad, estaba en su salón de clases, cuando un compañero de aula le dijo: “Le voy a pegar un tiro”. Según relató la madre de la menor, Laura creyó que se trataba de una broma y respondió: “Bueno”.Sin embargo, segundos después de la advertencia, el estudiante accionó el arma de fuego. "Escuché el estallido, pero en el momento pensé que era como pólvora, no pensé que había sido un disparo", recordó Laura.Tras percibir humo en el lugar, la joven sintió el impacto en sus extremidades: "Yo volteo hacia el lado de él y veo que sale como humo y me paro y siento el dolor en las piernas y empiezo a gritar: ‘mis piernas, me duelen mis piernas’, y caigo al piso”.De inmediato, la menor fue trasladada al hospital El Tintal y, debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente remitida al hospital de Kennedy. Su madre, Yesenia Zuleta, relató la gravedad de las lesiones que sufrió su hija.“La bala entra por el fémur derecho, se pasa la pierna izquierda y se queda en la pierna izquierda, o sea, nunca salió. Fractura la tibia. Donde hubiera pasado por la vena aorta, la niña se me muere a los 2 minutos", contó Yesenia.Al ver las heridas de su hija, la madre temió que las consecuencias fueran irreversibles. “Le veo sus piernitas y yo dije: ‘mi hija va a quedar inválida, le van a quitar sus piernas’", recordó.Estudiante quedó con secuelasLaura logró sobrevivir tras ser sometida a un una intervención quirúrgica para la extracción del proyectil y permanecer ocho días hospitalizada. Sin embargo, meses después del hecho, la adolescente continúa sin poder retornar a sus actividades habituales como asistir a su colegio."Estar aquí, pues no es lo mismo que estar en el colegio con mis amigas riéndome y haciendo cosas en el colegio", aseguró.Asimismo, la familia denunció la falta de explicaciones oportunas por parte del rector y de las autoridades educativas sobre cómo ingresó un arma cargada a las instalaciones. “No hay seguridad a pesar de que hay vigilantes ahí en la entrada, pues que no les pueden revisar las maletas, pero a mí me parece mejor que las revisaran en la entrada. Igual un niño solo debe cargar cuadernos, esferos y colores, no armas”, concluyó la madre de la estudiante.Debido a esto, la representación legal de la víctima, Jimmy Erazo, radicó una demanda para determinar la responsabilidad por omisión de la institución, según él, por permitir que un menor ingresara con un arma.¿Qué está pasando dentro de las aulas?Frente a la presencia de armas en los entornos escolares, expertos analizan las implicaciones legales y las garantías de protección que deberían garantizar. Erazo sostuvo que existe una responsabilidad institucional directa en la seguridad de los estudiantes: "Al ser un colegio del estado y al ser un colegio que tiene en su custodia menores de edad, tiene que brindar todos los escenarios de protección para los menores incluso al permitir que un estudiante vinculado a su institución ingrese con un arma".El concejal de Bogotá Julián Uscategui se pronunció a favor de implementar controles tecnológicos en los accesos: "Yo estoy completamente de acuerdo con instalar detectores de metales en las entradas de los colegios de Bogotá porque es una medida que haciendo uso de la tecnología permite controlar y evitar que entren armas cortopunzantes o armas de fuego a los colegios".Por otro lado, el debate institucional abarca posturas contrapuestas en materia de costos, eficacia y derechos fundamentales dentro del entorno pedagógico. Al respecto, la senadora Mari Jurado cuestionó el carácter obligatorio de estas medidas: "Yo pienso que no es de obligación. No podemos generar en los colegios como si fuera una cárcel".Sin embargo, cifras de la Secretaría de Educación de Bogotá indican que, entre 2023 y 2026, se registraron 900 reportes relacionados con el ingreso de armas u objetos potencialmente peligrosos a los colegios de la capital.Aunque aún no existe un acuerdo para implementar detectores de metales en las instituciones educativas como medida para prevenir el ingreso de armas, la familia de Laura considera que esta tecnología habría podido evitar la tragedia que cambió la vida de la menor.

María Camila Potosí

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