La promesa era tentadora: estudiar una de las carreras con mayor demanda en el mundo, sin pagar un solo peso por adelantado, y bajo el respaldo de una academia proveniente de Silicon Valley. Para cientos de colombianos, esta oferta representaba una oportunidad acceder a salarios competitivos en el sector tecnológico. Sin embargo, según uno de estos jóvenes en la ciudad de Cali, lo que inició como un proyecto de superación profesional terminó en un proceso judicial que pone en riesgo el patrimonio logrado por sus familiares durante décadas. Séptimo Día investigó esta y otras denuncias relacionadas.El sueño de estudiar por un mejor futuroAntes de conocer la convocatoria, Jorge Calambas se desempeñaba en labores informales dentro del sector de la construcción. Su situación económica le impedía acceder a una formación universitaria tradicional, por lo que esta oferta pareció ser una buena solución."Yo no tenía trabajo formal, sino de forma informal. Como yo no tenía dinero, fue lo que principalmente lo que más me convenció", relata el afectado al recordar el momento en que decidió apostar por estudiar desarrollo de software.La idea de que solo debería pagar el costo del programa una vez consiguiera un empleo con un salario superior a ciertos mínimos legales le brindó la confianza necesaria para firmar los documentos exigidos.Una herencia familiar bajo amenaza judicialDe acuerdo con la denuncia de Jorge Calambas, el desenlace de esta formación no fue el ascenso laboral esperado, sino una serie de acciones legales que escalaron hasta afectar a sus familiares más cercanos. Según su testimonio, el proceso de cobro no se limitó a él, sino que se extendió a los bienes de sus deudores solidarios."Embargaron mis cuentas bancarias y las cuentas bancarias de mi mamá. Y además de eso, mi mamá tiene una finca que fue la herencia de mis abuelos", denuncia el joven con evidente preocupación por el futuro de su hogar. Para esta familia, el predio representa también el motor de su economía. "Es lo poco que ellos le dejaron y también es un sustento que nosotros tenemos. Y es muy duro que todo lo que lucharon mis abuelos, mis papás para sacar adelante esa finca se la quieren arrebatar de la nada", relata.El impacto emocional de ver la herencia en riesgo de embargo ha marcado un antes y un después en su vida. Séptimo Día conoció que no se trata de un hecho aislado. En la rama judicial colombiana se han identificado más de 500 procesos relacionados con este modelo de financiación educativa. El punto central de la controversia radica en el uso de pagarés en blanco que son ejecutados en los juzgados sin que, presuntamente, se presente el contrato original que condicionaba el pago al éxito laboral del estudiante.Expertos legales han cuestionado la situación. Aroldo Quiroz Monsalvo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó como una irregularidad el hecho de que se intenten hacer efectivos estos títulos valores de forma independiente al contrato de estudios. "No creo que eso es grave, gravísimo, porque ahí hay un engaño y hay un engaño inclusive a la justicia porque están señalándole a la justicia de que ellos simplemente suscribieron un pagaré como si fuera un mutuo", explicó el exmagistrado.Por su parte, los estudiantes aseguran que, al momento de la inscripción, la firma del pagaré se presentaba como un trámite de garantía. "Se entendía que para asegurar ellos de que uno sí iba a pagar cuando tuviera el empleo", afirma uno de los denunciantes sobre el momento de la firma.Lo que dicen sobre la calidad académicaA la angustia financiera se suma la frustración por la formación recibida. Mientras la publicidad prometía mentores internacionales y una tasa de empleabilidad superior al 90%, muchos exalumnos aseguran que el modelo de aprendizaje consistía básicamente en resolver retos de internet de manera autónoma."Retos con links de internet y uno investigaba cómo ejecutar esos retos. Ese tema de los mentores internacionales nunca existió", señala uno de los participantes del programa. Incluso, expertos en educación informática que analizaron la plataforma indicaron que los contenidos eran "genéricos" y "básicos", similares a los que se pueden encontrar de forma gratuita en la red.Para quienes lograron terminar el curso, el certificado no fue la carta de presentación esperada ante las empresas. Según los testimonios recolectados, algunos empleadores miraban con desconfianza la formación recibida. "El diploma es como simbólico porque no tiene validez", asegura otro de los afectados.La defensa de la entidad señaladaFrente a las denuncias, los representantes de la entidad encargada de la liquidación de la fundación que operaba la academia mantienen una postura firme. Tatiana Uribe, representante legal de Astorga Management, niega rotundamente que exista un engaño hacia los estudiantes y defiende la preparación brindada por el programa."Holberton School no engaña. Holberton School está acreditada y es muy exitosa en varios países", sostuvo Uribe durante la investigación. Según la vocera, la academia cumplía con la entrega de herramientas para que los participantes adquirieran los conocimientos necesarios para el mundo laboral. Respecto a los procesos de cobro y embargos, la funcionaria atribuye la situación a la responsabilidad legal que cada estudiante adquirió al momento de la matrícula. "Pues es que lo que pasa es que los participantes suscribieron un contrato y cuando uno suscribe un contrato, pues uno se obliga", puntualizó.Mientras la justicia determina si hubo incumplimientos contractuales o publicidad engañosa, el joven caleño y su familia permanecen a la espera de una resolución que no comprometa el patrimonio que sus abuelos construyeron. Para él, lo que buscaba ser una puerta para conseguir mejores oportunidades laborales se convirtió en una carga financiera que hoy parece no tener fin.
En Colombia, un país con una larga tradición de madres cabeza de familia, un hombre que decide ser padre en solitario de manera voluntaria sigue siendo una excepción. John Cifuentes Muñoz, un administrador de empresas de 51 años, es el protagonista de una historia que desafía las estructuras familiares convencionales. Tras vivir 16 años en el exterior, regresó al país para enfrentar situaciones familiares que transformaron su visión de la vida y lo llevaron a buscar el camino de la ciencia y la ley para cumplir su anhelo de ser papá. Los Informantes habló con él.El origen de su deseo de ser padre: del cuidado al amor incondicionalLa decisión de John no fue un impulso repentino. Su motivación nació de una experiencia de dolor y transformación personal vinculada a su padre, don Edilberto Cifuentes. En 2006, su padre fue secuestrado por una célula del EPL, permaneciendo siete meses en cautiverio bajo condiciones inhumanas. Este evento marcó el inicio de un deterioro en su salud que terminó años después con un diagnóstico de Alzheimer avanzado.Al regresar a Colombia para cuidar de él, John experimentó un cambio en sus prioridades. Según relata, el proceso de cuidar a su padre en su etapa más vulnerable le permitió descubrir una faceta emocional que antes desconocía. “En ese momento descubro el sentido del amor incondicional, como lo dice Brian Wise, el amor verdadero”, explicó John al recordar los días dedicados exclusivamente a acompañar a su padre. Fue esa conexión, sumada a una frase de un médico que notó la similitud en sus miradas, lo que detonó su decisión: “Definitivamente quiero ser papá. Y tomé la decisión de que quería ser padre soltero y dije, voy a empezar un proceso de subrogación”.El proceso técnico: ciencia y altos costos en ColombiaAl no tener una pareja y descartar la espera de un vínculo sentimental, John optó por la paternidad subrogada. Este procedimiento en Colombia tiene particularidades técnicas y legales que lo hacen complejo. Según el doctor Jorge Ramírez, especialista en fertilidad que acompañó el caso, para llevar a cabo este proceso se requiere la participación de dos mujeres con roles distintos y separados por ley para evitar conflictos éticos y legales futuros.“En Colombia para hacer un proceso de subrogación se necesitan dos mujeres, una que tenga el rol de donante de óvulos y la otra que es gestante, que es quien lleva ese bebé por 9 meses en su vientre”, contó Jhon. Él tuvo que seleccionar a una donante de óvulos anónima basándose en un cuestionario de características físicas, buscando que el niño tuviera rasgos similares a los suyos o a su tipo ideal de familia.El factor económico es otra barrera significativa. John revela que el proceso no es accesible para todos debido a los requerimientos de laboratorio y valores médicos. “En esta parte del proceso, el costo más importante es crear embriones. Crear embriones en Colombia puede estar hoy costando más o menos $50 millones de pesos”, afirmó. Cifuentes necesitó realizar cuatro intentos antes de que un embrión lograra implantarse con éxito en el vientre de la mujer gestante, una persona con quien sí mantuvo contacto y que ya había pasado por procesos similares anteriormente.El nacimiento de Carlo y el rol de "papá y mamá"El 8 de marzo, una fecha simbólica por ser el Día Internacional de la Mujer, nació Carlo. Para John, la llegada de su hijo representó el inicio de una etapa de aprendizaje intensivo. A pesar de contar con el apoyo de su madre y hermana, él se propuso ser el cuidador principal, asumiendo todas las tareas que tradicionalmente se dividen en una pareja o se asignan a la madre.Su compromiso con la crianza total quedó plasmado en una frase que repitió durante todo su proceso: “Quiero ser papá, pero quiero quiero quiero ser papá y mamá”. Esta visión lo llevó a prepararse para enfrentar los miedos lógicos de un padre primerizo que no tiene un relevo inmediato en casa. “Tengo que poder hacerlo. Tengo que poder bañar al bebé. Tengo que poder alimentarlo, tengo que poder hacer todo lo que el bebé necesita de mí y perdí el miedo”, recuerda sobre sus primeros días fuera de la clínica.El vacío legal: una batalla contra la burocraciaA pesar de la felicidad por el nacimiento, John se encontró con un sistema legal colombiano que no está preparado para la paternidad soltera por elección a través de subrogación. Al no existir un marco legal claro que regule el alquiler de vientres, los trámites administrativos se convirtieron en un obstáculo. El primer gran inconveniente surgió con el Registro Civil de Nacimiento.“No permitieron que me registraran a mí como padre soltero, sino que utilizan como punto de partida el registro de nacido vivo de la clínica en donde sale que la mamá es la gestante”, explica John. Como resultado, en el documento oficial el niño quedó registrado con el apellido de la gestante y ella figura como su madre legal, a pesar de existir contratos y declaraciones extrajudiciales donde ella renuncia a cualquier derecho biológico o legal sobre el menor. Para corregir esto, John ha tenido que iniciar un proceso judicial de impugnación de la paternidad que aún sigue su curso.Otro frente de batalla fue la licencia de paternidad. Inicialmente, el sistema de salud no reconocía su derecho a los cuatro meses de licencia que normalmente se le otorgan a una madre, argumentando que él es hombre. John tuvo que recurrir a una tutela en segunda instancia para que una jueza de familia ordenara a la EPS el pago y reconocimiento del tiempo necesario para cuidar a su hijo. “Hay un recién nacido que necesita que el papá esté ahí porque es que no hay mamá”, fue el argumento central que permitió que se le otorgara este derecho fundamental.Un futuro que busca crecerHoy, Carlo tiene más de un año y John se siente plenamente realizado en su rol. La experiencia ha sido tan satisfactoria para John Cifuentes que ya tiene planes para expandir su familia bajo el mismo método. “Este es el momento más feliz de mi vida. Yo no puedo pedir más”, asegura, mientras se prepara para iniciar un nuevo proceso de subrogación con el objetivo de darle un hermano a Carlo y continuar consolidando su hogar.
Jose Pino no es un experto en informática convencional. No tiene títulos universitarios ni terminó el bachillerato, pero su conocimiento técnico lo ha llevado a trabajar con las empresas más grandes de tecnología del mundo. Nació en Tumaco, Nariño, un puerto donde más del 80% de la población vive en la pobreza y los servicios básicos son precarios, Pino logró transformar su realidad a través de una pantalla. Hoy es reconocido como un hacker ético, un investigador que busca fallas en los sistemas para evitar que delincuentes roben información o dinero. Los Informantes habló con él.Una infancia entre motores y el apodo de 'Internet'Desde muy pequeño, Jose mostró una capacidad inusual para entender el funcionamiento de las máquinas. A los 9 años, mientras otros niños jugaban, él pasaba su tiempo en un taller desarmando y armando motores de motocicletas. Esta curiosidad se trasladó rápidamente al mundo digital. Durante la primaria, sus compañeros le pusieron un apodo que marcaría su destino: 'Internet'. El motivo era simple: Jose gastaba el dinero que sus padres le daban para las onces en pagar horas de conexión en cafés internet.Su primer contacto real con una computadora fue a través de su tío Lister, quien grababa música en discos para venderlos. Jose aprovechaba cualquier descuido para explorar el equipo. Su tío recuerda esos momentos con humor: “Yo llegaba y grababa y listo... cuando volvía al rato... me movía dos, tres teclas que yo no sabía cuáles eran para ponerlo normal”. El propio Jose admite la curiosa situación: “Yo me le metía a la habitación y le prendía la computadora y comenzaba a molestar con los programas que él tenía ahí”.El aprendizaje autodidacta y los foros en ruso donde aprendióLa formación de Jose Pino fue totalmente empírica. Sin profesores y con acceso limitado a la red, leía una y otra vez los únicos dos libros sobre tecnología que estaban disponibles en la biblioteca local. Cuando finalmente tuvo su propia computadora, un equipo de segunda mano que su padre le compró con esfuerzo, lo primero que hizo fue desarmarlo pieza por pieza para entender cómo funcionaba.Cuando su familia se mudó a Neiva, Jose encontró una forma de conectarse a internet de manera más estable descifrando la clave de Wi-Fi de un local vecino. Fue en ese momento cuando empezó a frecuentar foros virtuales donde expertos de todo el mundo compartían conocimientos sobre seguridad informática. El problema principal era que la información más avanzada estaba escrita en ruso. Sin herramientas modernas de traducción, Jose desarrolló su propio método: “Copiaba y pegaba el ruso para entender el contexto de lo que se estaba hablando y asimismo aprender”.La difícil decisión de dejar el colegio para trabajarA pesar de su talento, la situación económica en su hogar se complicó tras la separación de sus padres. Faltando solo cuatro meses para graduarse del colegio, Jose decidió retirarse para ayudar a su madre con los gastos básicos. Se encerró en su habitación a buscar errores en los sistemas de grandes multinacionales, esperando que su esfuerzo fuera recompensado.A los 16 años envió su primer reporte de seguridad a una empresa en San Francisco, Estados Unidos. La respuesta no fue dinero al principio, sino una camiseta y calcomanías. Sin embargo, poco después empezaron a llegar los cheques a nombre de su madre por sus descubrimientos en plataformas como Dropbox, PayPal y Yahoo. Su madre, Ruth Acevedo, recuerda que al principio no entendía lo que hacía su hijo: “Yo, ¿estás loco? Loquito, loquito”. Hoy, reconoce con orgullo que ese niño que creció en un entorno difícil logró superarse por sus propios medios.Un impacto masivo en la seguridad digital globalLa relevancia de Jose Pino en la ciberseguridad actual se mide en cifras contundentes. Solo el año pasado, identificó una falla de seguridad que afectaba al 70% de los usuarios de internet en todo el mundo. Él explica la magnitud de su trabajo de forma directa: “Si lo vemos desde el lado del descubrimiento de una vulnerabilidad directamente a un sistema, es un impacto a 3.000 millones de personas”.Además de proteger a usuarios comunes, Pino ha desarrollado herramientas tecnológicas que hoy utilizan policías del mundo para rastrear a cibercriminales. Su enfoque siempre ha sido el de la resolución de problemas complejos, algo que, según él, no siempre requiere de títulos académicos. Con seguridad, afirma: “Resolvemos problemas que los chicos de posdoctorados no resuelven”. Este nivel de experiencia lo ha llevado a ser conferencista en eventos internacionales de gran prestigio, como el Black Hat.Retorno a Tumaco y su visión de futuroA pesar de su éxito internacional y de vivir entre Medellín y Miami, Jose Pino no olvida sus orígenes en el Pacífico colombiano. En una reciente visita a su pueblo natal, donó 200 computadores portátiles a niños de la zona para que tengan las oportunidades que a él le costó tanto conseguir. En Tumaco es recibido con admiración; algunos incluso lo confunden con celebridades por su apariencia y seguridad.Para Pino, el objetivo final de su carrera es utilizar la tecnología para reducir el crimen y asegurar que las naciones tengan control sobre su propia seguridad digital. Su historia demuestra que, con disciplina y curiosidad, es posible cambiar un destino que parecía marcado por la falta de recursos. Como él mismo señala, los retos grandes se ven pequeños cuando recuerda lo que vivió en su infancia. Jose Pino no solo aprendió a programar computadores; aprendió a programar un futuro diferente para él y su familia.
Tener vivienda propia es un sueño para millones de colombianos que por años ahorran recursos y luego de una cuidadosa búsqueda deciden invertirlos en el proyecto que más se acomode a sus necesidades y, además, que les dé confianza. Muchos de los que deciden hacer esta importante inversión se fijan en un importante detalle para dar su dinero, y es que el proyecto en cuestión cuente con una fiducia.Séptimo Día conoció las denuncias de cuatro personas que, entre 2021 y 2022, encontraron en el proyecto de vivienda Acanto, de la constructora Mevic, la posibilidad de cumplir su sueño de tener un apartamento propio. Para ellos, uno de los factores de valor de esta construcción, más allá de su buena ubicación en Bogotá, su oferta de zonas comunes y facilidad de pago,fue que contaba con el apoyo de Alianza Fiduciaria.¿Qué es una fiducia y para qué sirve en un proyecto de vivienda?Cuando las personas empiezan la búsqueda de un proyecto de vivienda, muchas consideran importante que este cuente con una fiduciaria adjunta. Daniel Ricardo Sarmiento Cristancho, experto en derecho comercial, financiero y gestión patrimonial, explicó por qué se necesita de una fiduciaria en un proyecto de vivienda y por qué esto debería darle confianza a los compradores.“Hay un constructor que no tiene dinero y necesita construir un proyecto inmobiliario, para hacerlo necesita celebrar un contrato con una fiducia para que le administre el dinero que los compradores que tienen interés en este proyecto le den”, señaló. Así las cosas, la fiduciaría tiene que administrar los recursos de los compradores, pero además, “tiene que informarle [al comprador] de forma clara, veraz y verificable todo lo relativo al proyecto y tiene que verificar que el constructor esté haciendo lo que tiene que hacer”.Tener esto claro es importante porque, en caso de que surjan problemas con la entrega o construcción del inmueble, el comprador tiene que saber a quién debe reclamar. En estos casos, la queja del futuro propietario deberá hacerse directamente a la fiduciaria y si esta no les da una respuesta favorable, entonces deben elevar su situación ante la Superintendencia Financiera.¿Qué está pasando con el proyecto Acanto en Bogotá? “Para mis hijos y para mí quería mi hogar propio”, señaló Angie Viviana Riaño, una bogotana de 35 años que en 2021 empezó una búsqueda por una vivienda propia y se decidió por el proyecto Acanto, en la localidad de Engativá. “Me gustó el precio, me gustó la distribución. Les di todos mis ahorros, vendí el vehículo que tenía y empezamos a pagar la cuota inicial con la expectativa de que el apartamento lo iban a entregar en 2023”.Lo mismo sucedió con Maryuri Cañón Cabrera, de 42 años, quien señaló que, en su momento, le pareció un proyecto “interesante y bien localizado”. Sin embargo, para ella hubo otro factor que la hizo decidirse por invertir en Acanto y fue ver que contaba con Alianza Fiduciaria. “Empiezo a averiguar y veo que está respaldado por una fiducia, así que cumplen con el proceso de entregar los recursos a través de una fiducia, y eso para mí era importante”.Tanto Angie Viviana Riaño como Maryuri Cañón iniciaron los pagos de la cuota inicial de sus apartamentos en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto, emocionadas por ver los avances de la etapa 1 y a la espera de seguir el proceso para su entrega en 2023, como se los habían prometido. Sin embargo, empezaron a preocuparse cuando pasaban por la zona y veían que nadie estaba trabajando en la obra y no se veía ningún avance en la construcción.Adrián Camilo Casas, de 41 años, también había invertido su dinero en el mismo proyecto y notaba la misma situación. “Era una inversión familiar, pensando en mi futuro y puse mi dinero en ese proyecto esperando una mejor calidad de vida... Ya no se veían obreros y empieza la preocupación”. Así como Claudia Merchán Herrera, de 52 años, quien está a la espera de que le respondan por su inversión de 90 millones de pesos en solo la cuota inicial.Todos ellos firmaron un contrato de compra con Alianza Fiduciaria por sus respectivos inmuebles en la etapa 2y 3 de Acanto. “Yo me comprometí a pagar 329 millones 185 mil pesos y a contraprestación yo recibía un apartamento y un parqueadero. Terminé de hacer mi último pago el 30 de junio en 2023 y el 100% de la cuota inicial ya está paga. Empecé a contactar diferentes personas del proyecto y nunca contestan”, detalló Maryuri Cañón.Al manifestar su preocupación por la obra pausada, Angie Riaño recibió una respuesta desconcertante por parte de la constructora. “Que no iba a seguir el negocio conmigo y que me iba a devolver el 100% de la cuota inicial porque, según ellos, yo había manifestado una inconformidad con el proyecto y que estaban dispuestos a pagarme una cláusula de desistimiento. Pero a la fecha no me han pagado nada”. Agregó que en ese momento le dijeron que le darían su dinero en un plazo de 20 días hábiles, pero han pasado más de dos años.Estas cuatro personas, que son solo unos de los muchos afectados por los incumplimientos de la constructora Mevic y Alianza Fiduciaria, presentaron reclamos ante la Superintendencia Financiera, pero siguen sin obtener respuestas claras. Según la entidad, que fue contactada por Séptimo Día, han recibido 324 demandas contra Alianza Fiduciaria entre enero de 2025 y mayo de 2026, casos en los que su labor es entrar como jueces y analizar las pruebas de ambas partes para determinar responsabilidades y si lo que el consumidor demanda es correcto o no.Rodrigo Borrero, asesor externo de la constructora Mevic, explicó que el motivo del retraso de las obras en la etapa 2 y 3 del proyecto Acanto es porque “se presentaron circunstancias ajenas, derivadas de los efectos de la pandemia, las protestas en Colombia, factores climáticos y el cambio de políticas", las cuales, según él, dejaron en evidencia "que el proyecto no iba a dar utilidades”. Además, aseguró que en el caso de Angie Viviana Riaño, “tiene entendido” que ya se le pagó su dinero.Finalmente, la constructora Mevic aseguró a este programa que en diciembre de este año esperan entregar los inmuebles adquiridos por Maryuri, Claudia y Adrián Camilo, así como los de otros propietarios y, de la misma manera, lograr una conciliación con Angie Viviana Riaño. Por otro lado, a lo largo de esta investigación, Séptimo Día estuvo intentando establecer contacto con Alianza Fiduciaria para obtener una respuesta sobre las denuncias de estos cuatro ciudadanos, pero nunca respondieron.
El Ministerio de la Igualdad y Equidad de Colombia entra en un proceso de liquidación tras un decreto del Gobierno Nacional. La decisión se dio porque el Congreso de la República debía subsanar un vicio de trámite en la ley que creo la cartera, pero ese proyecto se hundió con el final de la legislatura. Con esta decisión cerca de 600 trabajadores exigieron respuestas al Gobierno al desconocer su futuro con la cartera.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)"Liquídese el Ministerio de Igualdad y Equidad creado mediante la Ley 2281 de 2023, y definida su estructura por el Decreto 1075 de 2023, como organismo principal del sector central de la rama ejecutiva en el orden nacional, rector del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y de sus entidades adscritas o vinculadas. En consecuencia, a partir de la vigencia del presente decreto, esta entidad entrará en proceso de liquidación y se denominará 'Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación'”, se lee en el decreto 0626 de 2026 con fecha del 19 de junio.El Minigualdad fue una de las promesas de campaña del proyecto de Gustavo Petro y en un primer momento fue liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. La cartera tuvo otros tres ministros: Carlos Rosero, Juan Carlos Florián y Lucho Acosta. De acuerdo con el decreto, el plazo para adelantar el proceso de liquidación del ministerio será de un año contado a partir de la fecha de vigencia del texto, "término que podrá ser prorrogado por el Gobierno Nacional mediante decreto debidamente motivado".Por otra parte, el ahora Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación "no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para expedir actos, realizar operaciones, convenios y celebrar los contratos necesarios para su liquidación". Mientras que los recursos para su liquidación "serán sufragados en la vigencia 2026 con los saldos disponibles en la Sección Presupuestal 4601".El liquidador será de libre designación y remoción del presidente de la República y estará sujeto al mismo régimen de requisitos para el desempeño del cargo, inhabilidades, incompatibilidades, responsabilidades y demás disposiciones previstas para el representante legal del ministerio. "Le corresponde adelantar bajo su inmediata dirección y responsabilidad la liquidación, y contará, para el efecto, con todas las facultades legales y reglamentarias para la realización de los activos y la cancelación de los pasivos de la entidad". El cargo del ministro de Igualdad y Equidad quedó suprimido con la expedición del decreto.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El Ministerio de la Igualdad dejaría de existir el 20 de julio de 2026, luego de que la Corte Constitucional ordenara subsanar los fallos en la creación de la cartera, para lo que había dado un plazo de dos legislaciones (2024 y 2026).Dicho Ministerio fue creado en enero de 2023, bajo la administración del Gobierno de Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez fue la primera en dirigir ese despacho.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Por qué no podría seguir funcionando el Ministerio de la Igualdad?En mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 “por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones por vicios de procedimiento en su formación”.Tras encontrar los fallos en la creación de la cartera, el alto tribunal determinó “DIFERIR los efectos de la presente decisión, por el término de dos (2) legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024”, es decir las de 2025 y de 2026. Lo anterior, con el fin de subsanar las falencias en la formación del despacho y así garantizar su continuidad en el Ejecutivo.El Congreso debía en esos dos periodos legislativos revisar la ley que dio origen al Ministerio de la Igualdad y corregir los errores cometidos. En abril de 2025, congresistas y miembros de la comunidad diversa radicaron el proyecto de ley que buscaba dar continuidad a la entidad gubernamental.Sin embargo, el 20 de junio termina la legislatura actual, por lo cual ya no quedaría tiempo para emitir una nueva norma que le dé permita al ministerio seguir funcionando.Con lo anterior y según el fallo de la Corte Constitucional, la “Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico” a partir del 20 de julio, lo que daría por cerrado el Ministerio de la Igualdad.NOTICIAS CARACOL
Juliana Guerrero no asistió a la audiencia de imputación de cargos por los títulos falsos que habrían sido emitidos por la Fundación San José. La Fiscalía General de la Nación había reprogramado la diligencia para este 10 de marzo. Esta no es la primera vez que Guerrero se ausenta a este tipo de audiencias judiciales. La fecha original en la que se llevaría a cabo esta audiencia de imputación era el 27 de febrero, pero la citación fue aplazada.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)Quien sí se conectó a la audiencia virtual, instalada sobre las 10:20 de la mañana, fue Luis Carlos Gutiérrez, quien fungió como secretario general de la Fundación Universitaria San José. El procesado participó en la diligencia judicial junto con su abogado defensor. A pesar de esto, la fiscal del caso, Jessica Montenegro, manifestó que prefería aplazar la audiencia para una nueva fecha en la que se pueda contar con los dos procesados en simultáneo. Así las cosas, la nueva fecha de la audiencia se conocerá en los próximos días."Será una especie de Marco Rubio para mí": De la Espriella sobre fórmula vicepresidencial, RestrepoUna juez penal municipal con función de control de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao reveló que Juliana Guerrero envió un correo a la Fiscalía General de la Nación en el que solicita el aplazamiento de la diligencia, ya que no ha podido encontrar ni concretar a un abogado de su plena confianza que pueda representarla en este proceso judicial. Este caso se conoció después de que Guerrero aspirara a ser viceministra de Juventud.La exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro señaló en la comunicación leída por el juzgado que esta sería la última vez que solicita aplazar la audiencia. Cabe señalar que a Guerrero se le asignó una defensora pública, quien también se conectó a la diligencia virtual.Durante la reunión virtual, la fiscal Montenegro también afirmó haber desistido con la solicitud de medida de aseguramiento a ambos vinculados ya que, considera, "no se tienen los suficientes prepsupuestos procesales a la fecha". Hombre señalado de feminicidio y de asesinar a su bebé habría planeado falso accidente de tránsitoSolo un día antes de la audiencia, Guerrero reapareció en la Universidad Popular del César durante la sesión para escoger al nuevo rector. A pesar de tener un proceso judicial en curso, Guerrero sigue siendo la delegada de Presidencia ante el Consejo Superior Universitario de la institución. La sesión fue atípica, ya que solo duró ocho minutos y concluyó la elección unánime de Guillermo Andrés Echavarria Gil como rector de la universidad por el periodo 2026-2030. La continuidad de Guerrero en esta designación ha causado revuelo en la comunicada académica y política. MARÍA PAULA RODRÍGUEZ ROZONOTICIAS CARACOL
La Fundación San José, donde Juliana Guerrero habría realizado estudios de Contaduría, se pronunció luego de que el Ministerio de Educación abriera una investigación contra la institución. A través de un comunicado, el ente educativo aseguró ser “víctima” y envió un mensaje a sus alumnos y egresados. (Lea también: Juliana Guerrero luego de que Fundación San José anuló títulos: "Ya no aspiro a ser viceministra")De acuerdo con el ministerio, el proceso preliminar sancionatorio se inició "luego de varias visitas de inspección que permitieron identificar posibles incumplimientos en los procesos institucionales y en la normatividad nacional vigente". Dichas visitas se realizaron desde marzo de 2025.La investigación se abrió luego de que la Fundación San José informara que había decidido "anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas" de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y el programa profesional de Contaduría Pública de Juliana Guerrero.Lo anterior, porque "la revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública".No obstante, la joven aseguró en declaraciones a la revista Cambio que “yo estudié, tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también. No entiendo por qué ahora cambian la versión, cuando durante meses dijeron que sí había cursado el programa y que solo me faltaba presentar las Saber Pro”."Me conectaba virtualmente, cumplí con los trabajos y evaluaciones. Fui buena estudiante", subrayó.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)“Ningún estudiante ni egresado perderá sus derechos educativos”Entretanto, la Fundación San José se pronunció por la investigación que adelanta el Ministerio de Educación, aclarando que “la Institución continúa operando con total normalidad y reafirma su compromiso con la transparencia, el rigor académico y la protección de sus estudiantes y egresados”.Por eso, hizo “un llamado a la tranquilidad: ningún estudiante ni egresado perderá sus derechos educativos, y la Institución ha venido trabajando de manera articulada y respetuosa con el Ministerio de Educación Nacional, suministrando toda la información requerida y adoptando las medidas de verificación necesarias”.Asimismo, expresó su rechazo enfático a “que la situación esté siendo utilizada con fines políticos o electorales para afectar la imagen de la Institución y, con ello, a miles de estudiantes y sus familias”, así como “cualquier intento de atribuirle actos de corrupción, pues tales señalamientos carecen de fundamento y no cuentan con bases serias que permitan comprometer a una institución de educación superior”.Añadió que “la Fundación de Educación Superior San José es víctima de las presuntas irregularidades que hoy se investigan y ha colaborado de manera plena y permanente con las autoridades para su esclarecimiento. Seguiremos actuando con responsabilidad, transparencia y respeto absoluto por el debido proceso”.NOTICIAS CARACOL
A finales de septiembre pasado la página de aspirantes de la Presidencia bajó la hoja de vida de Juliana Guerrero, quien había sido postulada para ocupar el cargo de viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad, pese a los cuestionamientos por la validez de sus títulos universitarios, en el marco de una denuncia que reveló la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. La polémica no es menor. Guerrero recibió un diploma a pesar de no haber presentado el examen Saber pro, como lo confirmó el Icfes, en lo que representa una violacion a la ley que rige la educación superior.La semana pasada la polémica aumentó, pues la Fundación de Educación Superior San José decidió anular dos títulos profesionales que le había otorgado a Guerrero. La institución, luego de las denuncias de Pedraza, abrió una investigación y en la revisión del historial académico en los sistemas institucionales "no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual", según se lee en un comunicado emitido el viernes. Cabe señalar que, además de la invetigación, que sigue en curso, la Fundación inició acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos, como el secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien también está bajo investigación de la Fiscalía.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo).Los dos títulos que le anularon a Juliana GuerreroEn la Fiscalía reposa una indagación preliminar contra Guerrero por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. El caso busca establecer por qué si la joven no ha presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, como lo confirmó el Icfes, obtuvo el título profesional de contadora pública, teniendo en cuenta que esos exámenes son un requisito que se le exige a cualquier estudiante del país para graduarse como profesional.El abogado de la institución, Juan David Bazzani, había adelantado a finales de septiembre que los títulos de Guerrero iban a ser anulados. La Fundación de Educación Superior San José reconoció que Guerrero recibió su diploma de forma irregular. "A hoy no se conoce por parte del Icfes una respuesta oficial de sí la estudiante presentó o no presentó las pruebas. En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo", afirmó Bazzani en entrevista con Noticias Caracol.Pero no fue sino hasta el pasado viernes 7 de noviembre cuando la institución confirmó que su consejo directivo tomó la decisión unánime de anular dos títulos de Juliana Guerrero: por un lado, el del programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, es decir un tecnólogo. Y, por otro, el del programa profesional de Contaduría Pública.¿Qué dice Juliana Guerrero sobre sus títulos anulados?Luego de la decisión de la institución, Julian Guerrero le concedió una entrevista a la revista Cambio. Allí manifestó que no entiende por qué "la universidad decidió hacerlo público", pues considera que "es un tema entre una institución y una estudiante". "Considero que al divulgarlo violaron mi privacidad". Pero también fue enfática en asegurar que, contrario a lo que dice la institución, ella sí cumplió los requisitos para graduarse y recibir el título. "Yo estudié, tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también"."No he cometido ningún delito. La universidad tiene mis notas y, si cambió su posición, tendrá que explicar por qué", agregó la joven, quien también declaró, en medio de la polémica: "Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica".WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
El caso de Juliana Guerrero, la joven que había sido postulada como viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad, y sus supuestos títulos profesionales en la Fundación de Educación Superior San José sigue dando de qué hablar. Este lunes el Ministerio de Educación abrió una investigación preliminar contra esa institución luego del hallazgo de presuntas irregularidades en la entrega de títulos profesionales a egresados que no habrían presentado las pruebas Saber Pro o Saber TyT, un requisito indispensable para graduarse en Colombia. (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo).El Ministerio de Educación explicó que estas irregularidades "vulneran las normas que regulan la educación superior entre ellas la Ley 1324 de 2009, el Decreto 1075 de 2015 y la Ley 1740 de 2014, además de los propios reglamentos internos de la Fundación, que establecen la presentación de las pruebas Saber como requisito obligatorio para otorgar títulos técnicos, tecnológicos y profesionales". La investigación cobija a directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y exsecretarios generales de la Fundación San José.La semana pasada se conoció que la Fundación de Educación Superior San José decidió anular los títulos universitarios de los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y el programa profesional de Contaduría Pública de Guerrero. Esa institución aseguró en un comunicado que "la revisión del historial académico no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual".Pero, hasta ahora, no se conocía la reacción de Juliana Guerrero. La revista Cambio la entrevistó y en esa conversación reaccionó a la decisión de la institución universitaria y afirmó que ya no le interesa ocupar el cargo para el que había sido postulada. La joven afirmó que no entiende por qué "la universidad decidió hacerlo público", pues considera que "es un tema entre una institución y una estudiante". "Considero que al divulgarlo violaron mi privacidad", señaló, al tiempo que negó lo que dijeron desde esa institución. "Yo estudié, tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también".Para la joven, se trata de "una decisión política, no académica". En todo caso, dijo: "Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica". De igual forma, no descartó tomar medidas legales. "No he cometido ningún delito. La universidad tiene mis notas y, si cambió su posición, tendrá que explicar por qué", le dijo a la revista Cambio.Cabe recordar que este caso se destapó luego de la denuncia presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien reveló las presuntas irregularidades en la contratación de Guerrero y sus títulos profesionales. Precisamente, este viernes 14 de noviembre Pedraza tiene una citación ante la Corte Suprema de Justicia para una conciliación con Guerrero, pues precisamente la joven denunció a la congresista por supuesta calumnia y por delitos informáticos.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
La semana pasada se conoció que la Fundación de Educación Superior San José decidió anular los títulos universitarios de los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y el programa profesional de Contaduría Pública de Juliana Guerrero, la joven que había sido postulada como viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad, aunque su hoja de vida ya fue retirada de la Presidencia de la República.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)."La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública", se lee en el comunicado que emitió esa institución, que aclaró que la investigación por este caso seguirá abierta.Cabe recordar que este caso se destapó luego de la denuncia presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien reveló las presuntas irregularidades en la contratación de Guerrero y sus títulos profesionales. Por esa razón, Noticias Caracol habló con la congresista a propósito de la más reciente decisión del consejo directivo de la Fundación San José. Pedraza señaló que ese comunicado del viernes "responde a un derecho de petición que desde hace más de dos meses enviamos solicitándoles (a la universidad) algo muy sencillo y eran las notas o los registros académicos de asistencia a clases, que si realmente Juliana Guerrero hubiese sido estudiante de esta universidad, pues cualquier institución se demora cinco minutos en responder ese correo".La representante afirmó que tuvo que acudir a un juez de tutela en una segunda instancia para que la universidad hiciera pública esa información. Pedraza asegura que el juez falló a su favor y fue entonces cuando la universidad publicó el comunicado con los detalles de la decisión de anular los títulos de Guerrero. Entre las denuncias de Pedraza está el hecho de que Guerrero no tiene una tarjeta profesional."Esta investigación inició como una labor de revisión de los criterios de mérito y de los requisitos para ocupar uno de los cargos más altos dentro del Estado colombiano, que es un viceministerio, un salario que se paga además con los impuestos de todos y todas, pero se transformó muy rápidamente en una investigación sobre posible corrupción, que es lo que hoy estamos encontrando, a mi parecer", dijo Pedraza en entrevista con este noticiero, donde insistió en que es "inaceptable" que el Gobierno de Gustavo Petro nombre, o intente hacerlo, "en el viceministerio a una persona que no cumple no solo los requisitos, sino que, como todo indica, podría haber falseado dos títulos profesionales".Para este viernes 14 de noviembre Pedraza tiene una citacuón ante la Corte Suprema de Justicia para una conciliación con Juliana Guerrero, pues precisamente esta última denunció a la congresista por supuesta calumnia y por delitos informáticos. "Eso es lo que está de moda en este país. Cuando un congresista o una congresista hace su trabajo, que es hacer control político, profundizar, investigar en detalle, lo que suelen hacer estas personas que denunciamos es judicializar nuestro control político, es decir llevarnos a la Corte Suprema de Justicia. Pero yo creo que vamos a poder presentar todos los todos los documentos que tenemos", explicó Pedraza, en cuya investigación pudo establecer que Guerrero no ha presentado las pruebas Saber pro."Ni siquiera estaba reportada en la base de datos del Ministerio de Educación que reporta la información en donde cada persona, cada joven que es admitido, cada joven que pasa de primera a segundo semestre, de segundo a tercero y mucho más de una persona se gradúa, siempre está reportada en el SNIES", agregó la representante, quien aseguró que Guerrero "no tiene ningún reporte en la Fundación Universitaria San José, como si nunca hubiera pisado un salón de clases y ahora este pronunciamiento de universidad nos da la razón señalando que no hay ningún registro académico".Pedraza adelantó contra Guerrero un proceso en su contra por falsedad en documento público y por presunto fraude procesal, pues asegura que en el caso "habría actos irregulares". "Me pregunto si hubo una transacción, si Juliana Guerrero cumpró el título, incluso le he preguntado públicamente si así fue y espero que esto sea lo que responda ante la justicia a través de la Fiscalía". Pero Pedraza fue más allá. Explicó que este caso no es solo sobre Guerrero sino de las promesas de meritocracia del Gobierno. Y detalló, además, nuevos detalles del caso. La representante aseguró que el Ministerio de la Igualdad, bajo el cual está el viceministerio de juventudes, en el que iba a ser nombrada Guerrero, modificó el manual de funciones "para reducir aún más los requisitos". "Antes de este comunicado de la Fundación Universitaria San José lo que había pasado es que el presidente Gustavo Petro había minimizado nuestras denuncias", afirmó Pedraza, que señaló que para el Gobierno bastaba con que Guerrero presentara las pruebas Saber pro para dar por hecho que contaba con el perfil para ese cargo.Por este caso, la Fundación de Educación Superior San José inició acciones penales y disciplinarias contra el secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien también está bajo investigación de la Fiscalía. El ente investigador también abrió una indagación preliminar contra Guerrero por los cargos de falsedad en documento público y fraude procesal, luego de que el Icfes confirmó que no ha presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, requisitos exigidos para graduarse como profesional. Pese a esto, Guerrero obtuvo el título de contadora pública.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
En un comunicado de seis puntos, la Fundación de Educación Superior San José informó este viernes que su consejo directivo "decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas" de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y el programa profesional de Contaduría Pública de Juliana Guerrero, quien había sido postulada como viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad, aunque su hoja de vida ya fue retirada de la Presidencia de la República.Según informó, esta decisión es producto de una investigación interna que se ha adelantado en esa institución durante el último mes. "La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública", se lee en el comunicado, en el que se aclara que la investigación no ha sido concluida y sigue su curso.También detalló que esta investigación se abrió luego de que halló irregularidades en el trámite del título académico de la estudiante Juliana Guerrero. En ese entonces, además de la invetigación, la Fundación de Educación Superior San José inició acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos por este hecho. Si bien en el comunicado no lo menciona puntualmente, la opinión pública sí conoció que se trató de el secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien también está bajo investigación de la Fiscalía.El ente investigador, cabe recordar, abrió una indagación preliminar contra Guerrero. Los cargos por los que indagan a la joven son falsedad en documento público y fraude procesal, luego de que el Icfes confirmó que no ha presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, requisitos exigidos para graduarse como profesional. Pese a esto, Guerrero obtuvo el título de contadora pública.La indagación se abrió con ocasión de la denuncia presentada por la congresista Jennifer Pedraza, quien reveló las presuntas irregularidades en el caso de Guerrero.Según el Icfes, “una vez verificada la información que obra en la base de datos que soporta la plataforma Prisma, no se encontró registro a nombre de la ciudadana Juliana Andrea Guerrero Jiménez (...) de haber presentado el Examen de Estado de la Educación Superior - Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica - Saber TyT”. Y agregó que sí cuenta con un registro de inscripción vigente desde el 26 de julio de 2025 para el Examen Saber Pro, correspondiente al programa de Contaduría Pública, que debe presentar el 9 de noviembre.WILLIAM MORENO HERNÁNDEZCOORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó oficialmente que Juliana Andrea Guerrero Jiménez no ha presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT. Así consta en una certificación expedida por la entidad el pasado 8 de octubre de 2025, en cumplimiento de una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.El documento, firmado por el director de Tecnología e Información del Icfes, Luis Rodrigo Cadavid Durán, señala que, tras verificar la información registrada en la base de datos de la plataforma Prisma—donde reposan los registros oficiales de inscripción y resultados de los exámenes de Estado—, no se encontró evidencia de que la ciudadana haya presentado dichos exámenes.El texto de la entidad estatal indica: “Una vez verificada la información que obra en la base de datos que soporta la plataforma Prisma, no se encontró registro a nombre de la ciudadana Juliana Andrea Guerrero Jiménez [...] de haber presentado el Examen de Estado de la Educación Superior - Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica - Saber TyT”. Se debe recordar que, según la página oficial del Icfes, el Examen Saber Pro es la prueba "que tiene por objetivo evaluar y proporcionar un reporte del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos generales de estudiantes de programas de nivel profesional que han aprobado el 75 % de los créditos de sus estudios".Sin embargo, el Icfes precisó que Guerrero sí tiene un registro de inscripción vigente desde el 26 de julio de 2025 para el Examen Saber Pro, correspondiente al programa de Contaduría Pública. Esa prueba, de acuerdo con el cronograma institucional, está programada para aplicarse el 9 de noviembre de este año.La certificación fue emitida en cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera - Subsección “C”, del 2 de octubre de 2025. Dicha decisión respondió a un recurso de insistencia interpuesto por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza Sandoval, quien solicitó al Icfes la información sobre la presentación de las pruebas por parte de Guerrero. La congresista reaccionó y publicó el documento afirmando que el Icfes "por fin entregó la información que ocultaba: para sorpresa de nadie, Juliana Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro ni TyT. Hay fraude en su título. Esto es corrupción". ¿Cuál es la polémica por el título de Juliana Guerrero?E pronunciamiento de la entidad se convierte en una pieza clave dentro de la controversia que rodea a la joven, quien fue señalada por presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional en Contaduría Pública de la Fundación de Educación Superior San José (FESJ). Noticias Caracol reveló en primicia el pasado 25 de septiembre los documentos y testimonios que apuntaban a que Guerrero obtuvo su diploma sin cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, entre ellos la presentación del examen Saber Pro.Juan David Bazzani, abogado de la Fundación San José, explicó entonces en entrevista con este canal que, ante la falta de evidencia sobre la presentación de las pruebas, la institución académica debía anular el título otorgado. "En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo”, declaró Bazzani.El abogado añadió que el caso de Guerrero ha motivado una auditoría interna en la institución y la desvinculación del entonces secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien reconoció su responsabilidad en la emisión de títulos sin los debidos soportes académicos. “Desde el 2 de septiembre de este año ya se había hecho una diligencia de descargos donde el secretario general, transparentemente, reconoció sus irregularidades. La universidad inmediatamente lo desvinculó y ha iniciado una auditoría interna muy rigurosa. Pero hay que decirlo, la universidad lleva días atendiendo una muy exhaustiva visita por parte del Ministerio de Educación”, explicó Bazzani.La Fundación San José, según su abogado, fue clara en que la situación corresponde a un caso aislado y no compromete la validez de los títulos otorgados a otros estudiantes. “La Fundación San José es una institución académica que realmente está reconocida y habilitada por el Ministerio de Educación Nacional [...] A la gente que hoy por hoy legítimamente tiene una inseguridad sobre su título, el primer mensaje es que su título tiene plena validez y es otorgado por una institución educativa habilitada dentro del Estado colombiano”, aseguró.La polémica surgió en septiembre de 2025, cuando la representante Pedraza denunció posibles irregularidades en la obtención del título de Guerrero, quien trabajaba en el Ministerio del Interior y era considerada para el Viceministerio de la Juventud, en el Ministerio de la Igualdad. Según la congresista, el caso debía ser investigado a fondo, ya que el incumplimiento de los requisitos académicos representa una falta grave tanto para la universidad como para la estudiante.Los documentos internos de la Fundación, conocidos por Noticias Caracol, revelaron que Guerrero recibió los títulos de tecnóloga en gestión contable y tributaria, y profesional en contaduría pública, sin haber completado todos los requisitos establecidos por el reglamento académico y las normas del Ministerio de Educación.El propio fundador de la institución, Francisco Pareja, reconoció que pudo haber existido una omisión en la verificación del requisito. Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, reiteró que la presentación de las pruebas Saber Pro es un requisito obligatorio para obtener un título profesional en Colombia.Tras conocerse las acusaciones, Juliana Guerrero envió un mensaje a Noticias Caracol en el que explicó su versión de los hechos. “Esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos de ella, a mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue”, afirmó.La joven también sostuvo que se encuentra dispuesta a presentar las pruebas Saber Pro para cumplir con el requisito faltante y así convalidar su título. “En teoría no me van a quitar el título, debo cumplir el requisito que falta, que es las Saber Pro, y así saldar ese requisito, ya luego de eso puedo usar el título sin problema”, dijo. Guerrero manifestó que comprende las preocupaciones generadas por el caso y que está al tanto del proceso. “Yo presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios”, indicó.En su mensaje, la joven subrayó que se trata de un trámite académico y pidió prudencia frente a la atención mediática que ha recibido el caso. “Quiero reiterar que este es un trámite académico personal, llevado a cabo en estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos. Junto con mi equipo jurídico hemos decidido aguardar con serenidad los resultados de este proceso, que sigue su curso, y sobre el cual no emitiré más pronunciamientos”, señaló.LAURA NATHALIA QUINTERO. NOTICIAS CARACOL DIGITAL.
Luego de que la Fundación de Educación Superior San José informara que anula el título de Juliana Guerrero como contadora pública, la Presidencia de la República retiró su hoja de vida tras postularla a viceministra de la Juventud, en el Ministerio de la Igualdad.Esto, luego de que no se pudiera corroborar que la joven había presentado la prueba Saber Pro, requisito exigido para recibirse como profesional en cualquier universidad. Ella misma admitió, en un escrito enviado a Noticias Caracol, que “debo cumplir el requisito que falta, que es las Saber Pro, y así saldar ese requisito, ya luego de eso puedo usar el título sin problema”.Agregó que entendía “las preocupaciones y por eso mismo yo estoy al tanto de la situación, yo presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios”.Adicional a esto, la Fundación San José informó que el secretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, fue destituido de manera absoluta y con justa causa, junto con la terminación del vínculo laboral de su equipo de trabajo directo. También lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación. (Lea también: El documento de Fundación San José que prueba irregularidad y anulará título de Juliana Guerrero)“Ahora estoy preocupada por conseguir trabajo”Juliana Guerrero también habló con el diario El Colombiano, asegurando que actualmente no trabaja con el Gobierno. Es de recordar que la joven laboró con el Ministerio del Interior como coordinadora de gabinete y enfrenta un proceso por presuntamente haber usado de manera irregular una aeronave de la fuerza pública para trasladarse a Cesar.No obstante, ella ha dicho que lo hizo para una misión que le encomendaron y así también lo manifestó el presidente Gustavo Petro en su momento.Sobre su situación laboral actual, Guerrero le contó al medio citado que no tiene contrato alguno con el Gobierno y vive “de los poquitos ahorros que tengo. Ahora estoy preocupada por conseguir trabajo. No necesariamente tengo que volver al Gobierno y si termino haciéndolo es por mis capacidades. Si regreso a mi tierra igual mis papás me están esperando”.Sobre el puesto de viceministra de la Juventud que, al parecer, ya no ocupará, dijo que “no me desvela ese cargo y no lo pedí”. Sin embargo, reconoció que “para mí sí es una ilusión. Con todo lo que he estado pasando he hecho una introspección y lo que quiero es demostrarle al país, a las juventudes, cuál es la mística que hay con Juliana Guerrero y por qué el señor presidente Petro, ministro Benedetti y muchos jóvenes creen en mis capacidades. Quisiera llegar a ese cargo para decir ‘esto es lo que se estuvo luchando, por esto se generó tanto ruido y esta es la agenda de juventudes que yo vengo a proponer’. Pero si no termina llegando, tampoco tengo problema con eso”.Según se ha conocido, Juliana Guerrero presentará la prueba Saber Pro en noviembre de 2025. Cuando obtenga los resultados se le otorgaría de nuevo su título de contadora pública, según explicó el abogado de la Fundación San José, Juan David Bazzani, a Noticias Caracol.Entretanto, la Procuraduría General de la Nación informó que analiza si abre una investigación contra la joven por haber proporcionado información errónea, la cual fue consignada en plataformas del Estado. El Ministerio Público ya abrió otro proceso a Juliana Guerrero por el presunto uso irregular de un avión de la fuerza pública. (Lea también: Claves del caso de Juliana Guerrero, tras irregularidades para graduarse: le anularán título)La representante Jennifer Pedraza indicó que “estamos esperando que Petro nos diga si la mantendrá en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. Si decide sostenerla, demandaremos esa delegación que viola a todas luces el derecho colectivo a la moralidad administrativa”.Sobre esa labor, Juliana Guerrero dijo al medio antioqueño que no recibe “ni un peso. Es ad honorem”.NOTICIAS CARACOL
Esta semana, el presidente saliente Gustavo Petro señaló al abogado estadounidense Dan Newlin, quien fue nominado por el mandatario estadounidense Donald Trump para ser embajador del país norteamericano en Colombia, de financiar la campaña del hoy presidente electo Aberlardo de la Espriella. En diálogo con Andreina Solorzano y Catalina Vargas, de Noticias Caracol, Newlin negó haber aportado recursos a la campaña presidencial y le pidió al mandatario admitir la derrota de su candidato, Iván Cepeda, en las urnas las pasadas elecciones. Esta es la entrevista.El presidente Gustavo Petro asegura que usted invirtió cerca de 1,8 millones de dólares en publicidad digital para favorecer la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es su respuesta puntual a esa acusación?Falso. Nunca contribuí con un solo centavo a la campaña de Colombia, ni a ninguna actividad relacionada con propaganda o las demás acusaciones del Presidente. En resumen, no se donó ni un solo dólar para la campaña presidencial colombiana, desde su inicio hasta su finalización.¿Por qué cree que el presidente Gustavo Petro hizo esos señalamientos en su contra?Por supuesto que negué categóricamente que esto fuera falso, pero por eso le pedí al presidente Petro que presentara documentos o algo así, investigaciones, si obtuvo esta información de alguien, en algún lugar. Solo preséntela, muéstrela, no existirá. Estoy seguro de que solo hay dos escenarios: uno, que fue un error que le transmitió alguien y él confió en ello. O dos, que es simplemente una invención. Odio usar la palabra "mentira", pero ya sabes, es una falsedad. Tengo, que decir, no puedo responder a esa pregunta. Realmente no puedo.¿Usted ha financiado en algún momento publicidad política relacionada con Colombia, o en este caso del hoy presidente electo Abelardo de la Espriella? Ya sea de manera directa o a través de terceros....Entiendo cómo se puede hacer eso y cómo se puede transferir dinero de mi cuenta a otra para gastarlo. Así que la respuesta a tu pregunta es, como dije al principio, no. Ni directa ni indirectamente. Ninguno de mis fondos se ha utilizado jamás para ninguna operación política en Colombia, ni para lo que he hecho con otras agencias de noticias. Y sé que son unos de los periodistas más respetados del mundo, sinceramente, por su periodismo. He sido transparente y estoy dispuesto a serlo con todas mis finanzas, lo cual no es tan difícil porque soy solo una persona.Pero para poder demostrar que nunca hubo transacciones con nadie que pudieran estar relacionadas de alguna manera con las elecciones presidenciales colombianas. Así que cualquier periodista que quiera venir y revisar mis finanzas, abriré todos mis libros y les mostraré mis estados financieros. Por eso no verán nada, porque no di nada. Y, por cierto, nadie me pidió nada. Esa conversación nunca ocurrió. Así que esa es mi verdad y esa es mi declaración.Teniendo en cuenta que usted señala que no ha hecho ninguna inversión en publicidad política en Colombia, ¿está evaluando emprender acciones legales por las afirmaciones que realizó el presidente Gustavo Petro en su contra?Yo, sin duda, podría hacerlo. Obviamente, tengo uno de los bufetes de abogados más grandes de estados unidos y me sería muy fácil hacerlo. Pero siempre he creído y trabajado para resolver cualquier tipo de conflicto, en lugar de mirar hacia atrás e intentar demandar a alguien. Y eso solo crearía más problemas para el pueblo colombiano. Y la realidad es que me veo involucrado, la vergüenza, la humillación para mí y mi familia. Pero la realidad es que no se trata de mí. Creo que este es un momento para Colombia, un momento en el que los colombianos deberían unirse, celebrar y convivir en lugar de crear caos con invenciones y mentiras. Así que no pienso hacer nada parecido.Si el presidente continúa haciendo acusaciones o no presenta ninguna documentación, creo que eso hablará por sí solo. Pero, en ese sentido, lo que me gustaría decir es que si el presidente Petro está dispuesto a mentir sobre esto, entonces creo que Colombia debe preguntarse: ¿qué más hay en relación con las supuestas acciones fraudulentas que tuvieron lugar para afectar las elecciones? ¿Sobre qué más está mintiendo? Miren mi situación. Y entonces, cuando el presidente Petro no produzca nada, cosa que no podrá hacer, entonces ustedes, como ciudadanos colombianos, sabrán que este hombre solo los está engañando para su propio beneficio.Usted fue nominado por el presidente Donald Trump para ser embajador de Estados Unidos enColombia, aunque esa nominación no prosperó. ¿Cree que ese antecedente ha influido en que su nombre aparezca en esta controversia?No, no lo creo en absoluto. Mi nominación fue hace dos años y retiré la candidatura unos seis u ocho meses después porque no pude desvincularme de mi bufete. Uno de los requisitos para ser embajador de estados unidos es poder desvincularse completamente de cualquier negocio. Y como saben, sigo siendo propietario de mi bufete. Y dicho esto, quisiera añadir algo más sobre mi bufete y mi práctica profesional: mi integridad. Si, como estoy haciendo ahora, mintiera en su canal, Estados Unidos y el estado de Florida suspenderían inmediatamente mi licencia de abogado por prácticas poco éticas, y mi bufete, que es muy grande, correría el riesgo de quebrar. Así que, por favor, tengan en cuenta que no lo digo solo yo. Hay una gran sanción si por alguna razón tergiverso la verdad, cosa que no hago. Tengo que tener mucho cuidado cada vez que un abogado habla en Estados Unidos. Nuestras palabras son tomadas en serio por el Gobierno, por eso hablo abiertamente.¿Qué opina acerca de lo que viene sucediendo en nuestro país, en Colombia, respecto a que el presidente Gustavo Petro no reconoce el triunfo del presidente electo Abelardo de la Espriella?Creo que están en un momento extraordinario, un momento extraordinario. Es un ataque a la democracia. Es un ataque al pueblo colombiano. Es un momento muy grave para Colombia. Y creo que esto va en contra de todos los valores colombianos que se han inculcado desde la independencia de Colombia. Así que creo que, ya saben, cuando se pierde, duele, pero hay que admitir la derrota y seguir adelante. Eso no parece ser lo que está haciendo el presidente Petro. Me está utilizando como parte de su controversia para decir que se cometieron actos ilegales, cuando en realidad es completamente falso.Además de mi breve opinión, ¿qué está pasando en Colombia ahora? El presidente Petro debería admitir su derrota, reconocer la derrota, seguir adelante y dar un paso al frente. Puede que tenga sus razones personales, que creo que todos tenemos en mente, incluyéndome a mí, pero no sé cuáles son realmente. ¿por qué no querría dejar la presidencia? Pero ahora mismo, Abelardo ha sido confirmado; ganó las elecciones. Ha confirmado que siguió el proceso correcto que Colombia estableció para la transferencia de poderes. Y eso es lo que debería suceder.NOTICIAS CARACOL DIGITAL
El presidente electo Abelardo de la Espriella, en medio de una alocución en sus redes sociales este lunes, aseguró que "va a transformar la estructura de la Presidencia". En ese sentido, anunció que, una vez llegue al poder el próximo 7 de agosto, va a eliminar cerca de 229 cargos para ahorrar aproximadamente 10.000 millones de pesos. Entre los organismos que desaparecerán está el Comisionado para la Paz, pues aseguró que en su gobierno "no habrá más procesos de falsa paz".(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)El presidente electo indicó que la estructura se transformará "en un centro de coordinación ejecutiva con una planta de personal sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas que al final no tienen sentido. Ahora será una estructura austera, eficiente y orientada siempre a los resultados. Es por ello que ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia, que eso es muy importante para mí". Añadió que los recursos que se ahorren los destinará "a programas que beneficien directamente a los colombianos. Tenemos que consolidar un estado más transparente, que además sea más especializado y cercano a las regiones, como debe ser". Los organismos que eliminará Abelardo de la Espriella Los organismos que se eliminan y las funciones que se trasladarán con la reestructuración son las siguientes: Consejería para la Reconciliación Nacional: sus funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario: sus funciones también serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa.Consejería presidencial para las Regiones: De la Espriella aseguró que no desaparece, sino que se transforma en la Gerencia de las Regiones, la cual "tendrá un enfoque ejecutivo para coordinar directamente la relación entre el gobierno nacional y los alcaldes y gobernadores".Unidad de implementación del Acuerdo Final: sus funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad. Comisionado para la Paz: De la Espriella enfatizó en que no habrá más procesos de paz en su gobierno.De la Espriella añadió que "las agencias que existen en la Presidencia de la República también serán eliminadas. Son funciones que por ley desempeñan otras carteras, seguirán siendo desarrolladas por ellas". Además, dijo que el nuevo Comisionado Nacional de Seguridad tendrá como objetivo, con ayuda del Ministerio de Justicia y del Interior, "desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz". En ese sentido, aseguró que buscará que alias Timochenko, exjefe de las Farc, esté "preso de por vida". LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
La Selección Colombia completa una semana desde la eliminación del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y ya hace días los jugadores convocados por Néstor Lorenzo entraron en sus días de vacaciones, antes de regresar a sus respectivos clubes y comenzar a pensar en las competiciones del segundo semestre del presente año.Pero luego de perder 4-3 en la definición por penaltis frente a Suiza y quedarse en octavos de final, en espacios periodísticos se han hecho los respectivos análisis de lo sucedido e igualmente se han entregado versiones relacionadas con desencuentros entre algunos futbolistas del seleccionado colombiano. Por ahora, ninguno de los hombres que defendieron los colores patrios en Norteamérica se han manifestado al respecto y algunos han dejado mensajes en sus redes sociales, en los que agradecieron el apoyo de la hinchada.En ese orden de ideas y cuando se le puso el tema sobre la mesa, Faustino Asprilla comentó sobre ese particular en uno de los programas de 'Espn'."Salen a inventar y decir que pasó eso; nosotros lo vivimos, yo también lo viví en la Selección Colombia. Esto que están viviendo los muchachos de hoy, eso treinta años atrás nos pasó exactamente lo mismo, que yo tenía un grupo, que el ‘Pibe’ Valderrama tenía otro, que Freddy Rincón tenía otro, que no nos hablábamos, que peleábamos todo el tiempo", dijo inicialmente el 'Tino', dándole una mirada a lo que sucedió en su tiempo con la Selección Colombia.Asprilla siguió y complementó la idea. "Carlos Valdés es testigo que, cuando nos vio que hoy en día vamos a jugar con el ‘Pibe’, y cuando estaba Freddy en vida; pues nos queríamos y cómo así que peleábamos y ahora sí somos amigos, que tendríamos que ser amigos era cuando jugábamos juntos; esas cosas pasan y seguirán pasando. No hay que creerle tanto a la gente que va a en contra, que no le hacen bien al fútbol; no entiendo por qué sacan esas noticias si no le hacen bien al fútbol", finalizó el otrora delantero, aduciendo que ese tipo de situaciones solamente hacen daño.Ahora, en el seno de la Federación Colombiana de Fútbol lo que tienen que definir es la continuidad o no del profesor Lorenzo, a quien se le vence el contrato a final del presente mes.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este lunes que el próximo 7 de agosto se posesionará en una guarnición militar "pese a la oposición del nefasto y delirante gobierno saliente". Durante la alocución de este domingo, aseguró que mantendrá su compromiso y que "los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa". Además, señaló que el homenaje será para "los uniformados que protegen la democracia, la libertad y la institucionalidad".Aunque el presidente electo ya había anticipado que no se posesionaría en la Plaza de Bolívar, esta es la primera vez que precisa que la ceremonia se realizará en el sur del país, manteniendo la sede específica bajo reserva. "Mi posesión será en el sur del país, cumplirá con la Constitución y la ley y le va a rendir homenaje, como lo prometí, a los héroes de nuestra patria", indicó.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Antes del anuncio de este lunes, el presidente Gustavo Petro ya había rechazado la posibilidad de que el acto se desarrollara en una instalación militar. A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: "Ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un Presidente de la República de Colombia". Además, sostuvo que, mientras permanezca en el cargo, las instalaciones militares continúan bajo su autoridad como comandante supremo de las Fuerzas Militares."Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure, y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las Fuerzas Militares", afirmó. En el mismo mensaje agregó que "la transmisión del mando al nuevo presidente es bajo las leyes de la República y la Constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena".¿Es posible cambiar la sede de la posesión presidencial? Experto explicaFrente a ese escenario, Noticias Caracol habló con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, quien explicó cuál es el procedimiento previsto en la Constitución y quién tendría la facultad de definir un eventual cambio de sede. "La Constitución es supremamente clara: el 7 de agosto se reúnen ambas cámaras para dar posesión al presidente de la República en la sede del Congreso". Sin embargo, el exmagistrado precisó que la norma también contempla la posibilidad de modificar el lugar donde se realiza la sesión solemne, siempre que exista una decisión del Congreso.Al ser consultado sobre si la posesión puede cambiar de sede, respondió: "Sí, por razones de orden público, el mismo Congreso, ambas cámaras pueden disponer que sea en otro lugar". De acuerdo con esa explicación, una eventual modificación del sitio donde se lleve a cabo la posesión presidencial no dependería únicamente del Gobierno entrante o el saliente, sino que requeriría una decisión del Congreso de la República.Arrubla añadió que el procedimiento también debe surtirse mediante una propuesta que sea analizada. "Deberá entonces someterse a decisión de ambas Cámaras la proposición que presenten o que pida el gobierno entrante". Con base en esa interpretación, el siguiente paso podría darse una vez se instale el nuevo Congreso el próximo 20 de julio, fecha en la que senadores y representantes asumirán oficialmente sus funciones para el nuevo periodo legislativo.NOTICIAS CARACOL
En una alocución este lunes, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que trabajará en su gobierno para que Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, esté preso "de por vida". 'Timochenko', quien hace unos días viajó a España con permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para un seminario, es un excomandante de las Farc que participó en las negociaciones de paz con esa guerrilla y fue el presidente del partido Comunes.El presidente electo aseguró que acabará con el Comisionado para la Paz y, en cambio, creará un Comisionado Nacional de Seguridad, el cual tendrá como objetivo, con ayuda del Ministerio de Justicia y del Interior, "desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz. Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de Tribunal: la JEP. Ese bandido de 'Timochenko' merece estar preso de por vida, voy a trabar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra de los jefes de las Farc siguen impunes".Abelardo también mencionó que eliminará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. "Se acaba el Comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad", añadió.¿Quién es alias Timochenko?Según la página Insight Crime, Rodrigo Londoño Echeverri, oriundo de Quindío, militó en la Juventud Comunista (JUCO) antes de ingresar a la guerrilla, para hacerle oposición a la administración de Alfonso López Michelsen. Luego de unirse a las filas de las Farc, su ascenso en la línea de mando se dio en algunas de las zonas de influencia de mayor importancia estratégica para el grupo, como lo es Antioquia.En 1986 fue llamado a unirse al Secretariado de las Farc, unidad de mando conformada por siete líderes del grupo. Un año después, la dirección de la guerrilla nombró a Londoño como el primer jefe del Bloque Oriental. El exjefe guerrillero tenía circular roja de Interpol y más de cien órdenes de captura. Entre otros delitos, se le acusa de haber participado en el secuestro del exgobernador del Meta, Alan Jara, en 2001; de la toma de Mitú, Vichada, en 1998, y de la explosión en el Club El Nogal en Bogotá en 2003.Bajo el mando de Rodrigo Londoño, las Farc tomaron la decisión de iniciar oficialmente las negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, que comenzaron en Cuba el 4 de septiembre de 2012. Finalmente, el 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Paz en el que se pactó la desmovilización de la guerrilla y su transformación en un partido político.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL