Personas trans

Acceder a subsidios o beneficios por parte del Gobierno es un proceso que algunas personas no realizan por desconocimiento o falta de asesoría. Trámites y procesos que normalmente se realizan directamente con las entidades del Estado, están siendo realizados inescrupulosamente por personas que se hacen pasar por intermediarios o contratistas de las mismas y les prometen a los ciudadanos ayudarlos. Séptimo Día conoció las historias de cinco campesinos que aseguran haber sido víctimas de un mismo hombre, que a nombre de la SAE y la Agencia Nacional de Tierras, les prometió cumplirles el sueño de tener su propio terreno.Hernán Bustamante es un campesino de 64 años que fue desplazado del Urabá antioqueño hace dos décadas, pero nunca perdió la esperanza de tener y trabajar en su propia tierra. Actualmente vive con su familia en Mariquita, Tolima, donde con esfuerzo y dignidad, buscaba un nuevo comienzo. El mismo anhelo lo tenía Jaqueline Triviño, una mujer de 39 años, hija de agricultores, formada en producción pecuaria y madre de dos niños, también en Mariquita. Al otro lado del Magdalena, en La Dorada, Caldas, Omar Villamizar, de 58 años, cultivaba también el sueño de tener una finca propia en la que pudiera trabajar con su familia.Lo que une a estos tres colombianos, además de sus raíces campesinas, es la tragedia de haber sido víctimas de una misma estafa: la de Jairo Ramón Agámez, un hombre de 76 años, oriundo de la Costa Atlántica, que durante más de dos años los hizo creer que el Estado les entregaría predios rurales.Una farsa con nombre y apellidoSegún las denuncias, Agámez se presentaba como presidente de la asociación Asodescagua, y aseguraba tener un convenio con la Agencia Nacional de Tierras y con la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Usaba este supuesto vínculo para realizar reuniones, mostrar documentos con logos institucionales y prometer fincas productivas a cambio de pequeñas sumas de dinero por hectárea. “Él dice que Petro no va a regalar tierras, que hay que pagar por cada hectárea 10 mil pesos, a cada persona se le dan 14 hectáreas y a los que somos desplazados cinco más en forma de pago”, cuenta Hernán Bustamante. Todos coinciden en que los documentos que presentaba parecían oficiales, hablaba de fincas que supuestamente estaban siendo entregadas y mencionaba nombres de funcionarios de ambas entidades para dar credibilidad. La propuesta sonaba coherente para quienes sabían que la reforma agraria del Gobierno Nacional avanzaba y que los predios incautados por el Estado estaban siendo adjudicados. El problema es que ninguno sabía que, para ser beneficiario de esto, tenían que realizar directamente el trámite con las entidades. Todos creyeron en el supuesto intermediario, pero Jairo no era funcionario, ni tenía convenio alguno con las entidades.Mientras Agámez les aseguraba que estaba gestionando sus respectivos trámites con las entidades, les pedía algunas sumas de dinero que parecían poco ante el beneficio que sería recibido, pero que igualmente a ellos les costaron mucho esfuerzo. Omar Villamizar recuerda que le entregó más de cinco millones de pesos entre agosto de 2022 y octubre de 2024. Jaqueline Triviño le entregó seis millones. Hernán Bustamante, cinco. En total, solo ellos tres le entregaron 16 millones de pesos destinados a un sueño en común: tener su propio predio.Pero la trampa no se limitó a Mariquita o La Dorada. En Turbo, Antioquia, Eduardo Ortiz, también de 76 años, asegura que le entregó a Agámez 34 millones de pesos. “Él nos prometió conseguirnos una tierra primero en arriendo, después de cierto tiempo había oportunidad para pasarlas a nombre de nosotros, pero que teníamos que pagar una póliza”. También Yesenia Sánchez, joven de 32 años de La Dorada, quien en su desesperación llegó a pedir préstamos. “Me dijo que en 2 o 3 meses salían las tierras. Al principio me pidió 700 mil pesos y luego más plata en cada reunión. Le entregué como un millón que eran ahorros y muchas veces me tocó pedir prestado porque tenía la ilusión de que me dieran mi tierra”.La verdad sale a floteFue a finales de 2024 cuando las primeras dudas de las víctimas surgieron. Las tierras no llegaban, los documentos no avanzaban y el responsable no les daba respuesta. Cuando comenzaron a reclamarle, Agámez reaccionó con agresividad. “Cuando uno despierta y le hace reclamos, él no lo deja hablar a uno, ‘cállese que usted no sabe nada’ y con eso atemoriza a la gente. Esa es la idea de él”, cuenta Omar. Hernán agrega que incluso ha usado amenazas: “Si le toca sacarle una pistola, se la saca. Entonces a la gente le da miedo y por eso no hacen el reclamo”.Ante las respuestas insuficientes de Jairo Agámez, llamaron a las entidades y ahí descubrieron una dolorosa realidad. La SAE dijo que no conocía a Jairo. Los listados, sellos y nombres eran falsos. “Nos dimos cuenta que todo era un engaño. Lo que él tenía eran nombres de fincas, pero no había nada real”, dice Yesenia Sánchez.Desde enero de 2025, Jairo dejó de contestar llamadas y cambió varias veces de número. Al verse acorraladas, las víctimas decidieron denunciarlo ante la Fiscalía. ¿Qué responde Jairo Agámez?Séptimo Día encontró a Jairo Agámez en un lugar de la La Dorada, Caldas, en el que suele reunir a los campesinos interesados en recibir su asesoría para conseguir sus tierras. Frente a las cámaras de este programa negó ser un estafador. “Estoy dispuesto a responder ante la justicia. Aquí en La Dorada hay más de 40 denuncias en mi contra y yo estoy acá, yo no me he ido”. Sin embargo, cuando se le mencionaron los casos específicos, cambió su versión y alegó que las mujeres lo acosaban. “Todas esas mujeres me están pasando factura porque en su momento hubo un encuentro con ellas. La mayoría de esas mujeres que me están acusando a mí es porque me quisieron agarrar a mi de cajerito automático”, aseguró. Jaqueline Triviño negó categóricamente esas afirmaciones. Y en el caso de Omar Triviño, aseguró que todo nace por una riña personal que hay entre ellos.¿Qué dicen las entidades?La Agencia Nacional de Tierras y la SAE aclaran ante Séptimo Día que ningún trámite requiere intermediarios y que ninguna persona está autorizada para cobrar dinero por la entrega de tierras. Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, fue enfática: “Ese señor no hace parte de nuestra entidad. Yo no firmo listados de predios para que los vayan a ofrecer. Todo se hace vía institucional, sin trámites de por medio y sin costos”.César Santoyo Santos, inspector de tierras de la Agencia Nacional de Tierras, lo confirma: “Cualquier ciudadano interesado en acceder a predios del Estado puede inscribirse directamente, no necesita terceras personas. Es un derecho que se gestiona sin pagar por ello”. Tanto la SAE y la Agencia Nacional de Tierras aseguraron, luego de conocer estos casos, que presentarán acciones legales. Ninguna de las dos reconoce vínculo alguno con Agámez ni con su asociación.Los afectados esperan que el caso no quede impune. A la fecha, todos están en espera de que la Fiscalía avance en las investigaciones. Mientras tanto, sus sueños de tener una finca propia están en pausa, empañados por la desilusión y la desconfianza. Jairo Agámez, por su parte, sigue en libertad y, aparentemente, organizando las reuniones en las que indica a los campesinos que tiene fincas y predios que la SAE y la Agencia Nacional de Tierras les van a entregar.

Personas trans

La Comisión Primera aprobó, en segundo debate, 23 de los 50 artículos que componen el proyecto, que busca acceso a salud, educación y trabajo sin discriminación, reconocimiento legal de identidades de género y protección frente a violencias.

Los dos capturados, a quienes se les imputó homicidio agravado y tortura, pertenecen a El Mesa, un grupo criminal que se dedica al narcotráfico, el desplazamiento forzado y la extorsión. En los próximos días se espera una tercera captura.

Desde organizaciones sociales, resaltan que Nawar participó en procesos de memoria histórica y era una activista por los derechos de la población trans. Con su caso, ya son 43 las personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia en lo que va del 2025.