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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por el llamado 'tarimazo' ocurrido el pasado 21 de junio en Medellín, en donde hubo presencia en tarima de varios jefes criminales de la capital antioqueña durante un evento del gobierno denominado 'Paz Urbana', en el que también estaba el mandatario.
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La investigación responde a una denuncia del concejal de Medellín Alejandro de Bedout Arango, quien hace parte del partido político Creemos, del alcalde Federico Gutiérrez. Además, la Comisión de la Cámara les solicita documentos a varias entidades y organismo gubernamentales como el Inpec, el Ministerio de Justicia, la Presidencia de la República, RTVC y el Canal Institucional.
Según el concejal, los hechos ocurridos en el 'tarimazo' "podrían constituir conductas penalmente relevantes, como participación indebida en política, utilización de recursos públicos para fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera del marco constitucional vigente, hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales en un evento de carácter oficial, transmitido por medios públicos y con presencia de altos funcionarios del Gobierno".
Bedout Arango señaló, además, que durante el evento "se exhibieron símbolos del movimiento político Independientes y se hizo alusión a la aspiración presidencial del exalcalde Daniel Quintero Calle, hechos que, según su denuncia, podrían implicar una actuación contraria a la neutralidad política que debe observar el Presidente de la República".
En el evento llamó la atención la presencia en tarima de nueve jefes delincuenciales, entre los que estaban José Leonardo Muñoz, alias Douglas; Freyner Ramírez, alias Carlos Pesebre; Juan Carlos Mesa, alias Tom, y Jorge de Jesús Vallejo, alias Vallejo.
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"Se olvida un principio universal de la justicia: el que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación, pero como aquí ven la justicia como venganza. (...) Ninguno puede perder la característica de persona, es un individuo de la humanidad que tiene derechos, y el derecho de un preso es a ser rehabilitado por el Estado, y aquí lo volvemos más criminal aún (...) Lo que tiene que lograr este gobierno es que digan la verdad", dijo en su momento el presidente Petro ante su gabinete de ministros.
El primero en rechazar el acto del Gobierno fue el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien indicó para ese entonces que ha recibido amenazas de algunos de estos sujetos y que el presidente Petro “sacó a los peores criminales de la cárcel. No solo para ponerlos al lado de él sino para ponerse del lado de ellos. La cosa es muy clara, lo que hizo Petro fue ponernos la lápida”.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín, se sumó a las voces de rechazo y aseguró que “las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas dando y diciendo la verdad. Cuando se confunde el lugar de los responsables con el de actores políticos en un contexto electoral no hay paz que sea posible, pues confunde lo admisible con lo inadmisible”.
LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL