La Corte Suprema de Justicia define la situación jurídica de Álvaro Uribe, a quien vinculó a una investigación por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
Los cinco magistrados que hacen parte de la sala de instrucción analizan 27.000 horas de grabación, cinco testimonios de exparamilitares y 100 declaraciones de personas que han comparecido durante este proceso, que inició en octubre del año pasado.
Por este caso, la Fiscalía General de la Nación imputó recientemente al abogado del senador Uribe, Diego Cadena, y a su socio Juan José Salazar, a quienes señala de soborno en actuación penal y fraude procesal.
El ente judicial solicitó prisión domiciliaria para los juristas, debido a que por el coronavirus se limitó el ingreso de nuevos detenidos a las cárceles del país.
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El senador Iván Cepeda, sin embargo, pidió que tengan medida intramural porque pueden obstaculizar la investigación e, incluso, fugarse.
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Los magistrados definen no solo el caso de Álvaro Uribe, también el del congresista Álvaro Hernán Prada, vinculado en el proceso.
El abogado del expresidente aseguró que su cliente desconocía los supuestos pagos a testigos y que debe ser precluida la investigación.
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