Corte Suprema ratifica gravedad del asedio sufrido el jueves y pide no minimizar lo ocurrido

La Corte Suprema ratificó la gravedad del asedio que sufrió el Palacio de Justicia el jueves y pidió no restarle importancia a lo ocurrido. Mediante un mensaje emitido en redes, el alto tribunal denunció que hay "versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados en los contornos" de la edificación, en el centro de Bogotá, tras la no elecciones aún del reemplazo del fiscal Francisco Barbosa.

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Los magistrados republicaron el comunicado compartido el 8 de febrero: “La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República, situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.
En el mismo documento, la Corte Suprema de Justicia tildó de “inaceptable que se llegue a sitiar a jueces”.

"Como no solo lo ha manifestado, sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta social y a la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación, sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya dependencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado", dice el documento.

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En el comunicado del jueves, el alto tribunal también hizo referencia a las maneras para resolver los conflictos.
"La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia. En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico”, agregó la Corte.

"La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas", concluyó.

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