Nuevamente se está hablando en Colombia de una ley de punto final. Como fue noticia este martes, ya el Gobierno respondió a través del ministro de Justicia que podrían analizar la propuesta en la que coinciden los dirigentes de las extintas FARC y Salvatore Mancuso.
Sin embargo, como bien lo ha respondido la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, esa propuesta podría abrir las puertas a una intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia por los tratados y las amnistías, que no permiten un borrón y cuenta nueva.
Por esa razón es que se le debe poner la lupa a un proyecto de ley que radicó en diciembre el senador Antonio José Correa del Partido de la U, con el que busca modificar la ley de Justicia y Paz para darles segundas oportunidades a todos y para que se acojan nuevos grupos criminales.
Este proyecto es la materialización de lo que se habló en la campaña presidencial para tener un marco jurídico para la paz total.
El proyecto de Correa es avalado por prácticamente todos los partidos, incluyendo al Pacto Histórico. No obstante, el Centro Democrático le bajó el dedo.
Publicidad
¿Esa sería la verdadera paz total? Sobre lo que es la iniciativa se ha hablado mucho. De hecho, diferentes actores cercanos al Gobierno lo han explicado como una paz que involucre a los actores armados, políticos y económicos del país.
El proyecto de ley del senador Correa permite que a Justicia y Paz puedan entrar paramilitares reincidentes, narcos puros y duros, políticos y empresarios que hubieran tenido vínculo directo con grupos al margen de la ley, entre otros.
Publicidad
Lo paradójico es que, durante el proceso de paz con las extintas FARC, tanto que se quejaron de que a la JEP no podían entrar paramilitares, incluso era una exigencia que hicieron los excombatientes, por qué ahora sí quieren todos terminar bajo la misma sombrilla jurídica.
Esta es la demostración de que más allá de las peleas públicas, la paz total avanza más rápido de lo pensado, sobre todo cuando de soluciones jurídicas se trata. Hay muchas coincidencias en la necesidad de construir un andamiaje jurídico que blinde internacionalmente la posibilidad de una ley de punto final con la aclaración de que habrá verdad y reparación para las víctimas.