La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, redactó un auto en el que se indica que se suspendería provisionalmente al presidente de la República, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral. Si bien ha trascendido que la resolución es un borrador de un proyecto que hasta ahora fue radicado en el Congreso, desató una discusión sobre los verdaderos alcances de este hecho.
En el auto, la congresista, quien es miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, señala "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 4 p.m., cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
El presidente Petro aún no se ha pronunciado. Sin embargo, desde el Gobierno sí se conoció la reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirmó que, "en derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción". En su cuenta de X el ministro escribió que "solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente" y que, en ese sentido, "la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante".
En Noticias Caracol En vivo, expertos constitucionalistas dieron su opinión sobre este auto. El constitucionalista Juan Manuel Charry sostiene que la medida de suspensión tendría un efecto inmediato como medida preventiva bajo el código disciplinario, sin perjuicio de ser consultada ante la Comisión en pleno. Y argumenta que, si bien no es definitiva, corresponde a una medida cautelar para evitar que el presidente siga interviniendo en política y afecte el resultado electoral.
Por su parte, Antonio José Lizarazo, expresidente de la Corte Constitucional, afirma que el presidente goza de un fuero constitucional especial y que la suspensión solo procede como sanción impuesta por el Senado de la República, no como medida cautelar de un investigador unitario. Para él, la interpretación de las normas debe ser restrictiva y el presidente no puede ser suspendido por un representante investigador.
En efecto, el artículo 194 de la Constitución colombiana dice que solo se inhabilita a un presidente por "su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados éstos dos últimos por el Senado".
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La Comisión de Acusaciones de la Cámara, integrada por 16 congresistas de diferentes partidos, es la única instancia que puede investigar a un presidente -y otros aforados-. Esta comisión recibe denuncias o investigaciones preliminares, recopila pruebas y decide si formular cargos y preparar un proyecto de acusación. De ser así, la Comisión recomienda acusar al presidente o a otro alto funcionario y el caso pasa a manos de la Cámara de Representantes, que tiene que votar y aprobar la acusación y de ahí pasa al Senado, donde se somete al mismo proceso. Entonces, si pasa esas dos votaciones, el presidente sí sería destituido.
En ese sentido, Jaime Arrubla, también constitucionalista, califica la medida de Arizabaleta como "absurda" e inédita, y señala que un solo representante no tiene la competencia para suspender al jefe de Estado, pues se requiere la actuación de la comisión en pleno, la Cámara y el Senado. Sugiere que, de hacerse efectiva, el presidente recuperaría sus derechos como ciudadano y podría participar en política abiertamente.
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También hablaron en Noticias Caracol En vivo otros miembros de la Comisión de Acusaciones. Uno de ellos fue Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático y denunciante, quien aclara que, hasta el momento, solo existe un "proyecto de auto" radicado por la representante Arizabaleta. Y enfatiza que el presidente no está suspendido actualmente, ya que la decisión debe ser deliberada y votada por la mayoría de la Comisión, trámite que no ha ocurrido.
Por su parte, Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico, niega rotundamente que exista una suspensión, calificando la noticia como un intento de debilitar la institucionalidad. Y explica que no hubo quórum en la Comisión para tomar decisiones y que la propia representante Arizabaleta manifestó que el borrador del documento fue extraído de su celular de manera irregular antes de ser radicado formalmente.
En lo que sí coinciden algunas voces es que esta situación, a pocos días de la segunda vuelta presidencial, genera una enorme polarización y ruido político. Gabriel Cifuentes, analista político de este noticiero, y Jaime Arrubla señalan que esta medida podría "martirizar" políticamente a Petro, dándole argumentos para denunciar un "golpe de estado" o persecución política, lo que históricamente ha fortalecido su narrativa.
En Colombia, cabe recordar, nunca un presidente ha sido suspendido, destituido o inhabilitado del cargo. Varios jefes de Estado han enfrentado procesos que han avanzado en la Comisión de Acusaciones, pero solo el del expresidente Ernesto Samper (1994-1998) ha prosperado. En 1996 fue acusado por la Comisión en el denominado Proceso 8000 (por el que el mandatario fue acusado de recibir financiación del narcotráfico a su campaña presidencial), aunque el 12 de junio de 1996 la Cámara de Representantes lo absolvió.
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También el expresidente Álvaro Uribe fue investigado por la Comisión de Acusaciones por sus supuestos nexos con el paramilitarismo, que denunció el actual candidato presidencial Iván Cepeda en el Congreso y que fue la piedra inicial del actual proceso que llevó al expresidente a ser declarado culpable -y luego absuelto- por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.
Petro también enfrenta investigaciones en la Comisión de Acusaciones por la denuncias de financiación irregular de su campaña y el proceso judicial que enfrenta su hijo Nicolás Petro y miembros cercanos de su partido. Pero no han prosperado.
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