El Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, firmará este viernes el decreto que modifica el protocolo que regula la actuación de las autoridades durante las protestas para permitir intervenciones policiales contra personas que incurran en actos violentos sin que sea necesario agotar previamente las etapas de diálogo y mediación.
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De esta manera se modifica el Decreto 003 de 2021, que establece el protocolo de acciones para la protección del derecho a la protesta pacífica y el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Por un lado, mantiene la presunción de que las manifestaciones "son pacíficas y establece que las actuaciones de protección deben dirigirse de manera individual" contra quienes cometan actos violentos y no contra la movilización en su conjunto.
La principal modificación se refiere a situaciones en las que desde el inicio de una concentración se identifique el porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios, la retención de personas, agresiones contra terceros, servidores públicos, policías, personal médico o periodistas, o la destrucción de infraestructura.
"Nos permite distinguir qué es una protesta pacífica y qué es una protesta violenta"
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, define que los hechos violentes son aquellos que evidencien agresión a personas, el lanzamiento de objetos capaces de causar lesiones graves, la retención de personas y la instrumentalización de niños. “Nadie está en desacuerdo con nosotros. Eso nos permite distinguir qué es una protesta pacífica y qué es una protesta violenta, para proteger a quienes protestan de manera pacífica de los infiltrados, de los violentos”, anotó.
En esos casos, la Policía "podrá intervenir contra quienes ejecuten esas conductas de manera simultánea al mantenimiento del diálogo con quienes se manifiesten pacíficamente". De hecho, el ministro Lara ha indicado que siempre primará el diálogo y que la última instancia es el ingreso de la fuerza pública.
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“¿Qué justifica terminar inmediatamente el diálogo? Por ejemplo, un bloqueo, la afectación de servicios públicos, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos tiene que terminar inmediatamente esa protesta”, agregó Lara.
La propuesta se conoce en un momento de creciente movilización de sectores sociales y sindicales contra el nuevo Gobierno en el que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y otras organizaciones, convocaron a una jornada nacional de movilización para el próximo 14 de octubre contra las políticas de De la Espriella.
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El exviceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2025), Gabriel Rondón, cuestionó el proyecto y afirmó que va en contravía de lo establecido en decisiones de la Corte Suprema de Justicia y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2021.
"Además dejar solo 5 días para observaciones para un decreto tan importante, es una clara muestra que al Gobierno (...) no le interesa la participación ciudadana y mucho menos el debate democrático", escribió Rondón en su cuenta de X.
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En el decreto, explicó Lara, siempre habrá corredores humanitarios y señaló que un bloqueo eterno y total de una carretera es impensable en una sociedad. “Esas situaciones que se presentaban en la Panamericana, de bloqueos de un mes, que implica bloquear o sitiar departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca es inaceptable”, anotó.
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Con información de EFE