María José Pizarro tildó de “contradictorio” fallo que le quitó primera vicepresidencia del Senado

El Consejo de Estado le quitó la primera vicepresidencia del Senado a María José Pizarro al considerar que no representa a un partido de minorías. Según el máximo juez de la administración pública, la elección de la parlamentaria violó el artículo 40 de la ley 5, ya que el Pacto Histórico pertenece a la colectividad que más curules tiene y la norma señala que ese cargo directivo es para los que son minorías.

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El Consejo de Estado advirtió que es necesario que en las mesas directivas de las plenarias se mantenga una participación armónica entre las fuerzas políticas, pues, de lo contrario, dichos órganos pueden resultar optando por agrupaciones mayoritarias que limitarían el derecho de participación de las demás colectividades.

Así reaccionó María José Pizarro al fallo: “Es preocupantemente contradictorio. Se contradice en primer lugar con las declaraciones de nulidad electoral por doble militancia en contra de senadores del Pacto Histórico, concretamente César Pachón, Alexander López, entre otros, porque, en teoría, estos habrían apoyado a personas de otro partido político, pero dentro de la misma coalición, negando lo que de por sí establece la norma. Nos genera todas las preocupaciones, porque estaríamos hablando, además, de lo que podría ser un sesgo político por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Esto definitivamente tiene que rechazarse en democracia”.

Mediante un esquema, el Consejo de Estado mostró los partidos de la coalición y allí se observa el movimiento MAIS, del cual hace parte María José Pizarro.

En ese sentido, el alto tribunal señaló que la coalición del Pacto Histórico es la que más curules ostenta en el Senado.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro cuestionó el fallo haciendo varias preguntas tales como "¿por qué cuando éramos minoría u oposición no se falló a favor de estar en la primera vicepresidencia?".

Aunque se han anunciado acciones judiciales, esta determinación no tiene ningún tipo de apelación ante el Consejo de Estado.

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