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Para algunos ha sido una catarsis revelar esos secretos a los magistrados. Víctimas esperan esas verdades, pero algunos quieren que estas no vean la luz.
La magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz Catalina Díaz ha escuchado durante 1.200 horas, mal contadas, las confesiones más horripilantes sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
“Comparecientes que han contado de una manera muy íntima qué significa asesinar a una persona en estado de indefensión, una persona indefensa, desarmada, un civil protegido que no participaba en las hostilidades y qué significa eso humanamente. Eso es sumamente conmovedor”, dice la jurista.
Más de 200 militares, desde soldados hasta generales, han desandado su pasado para reconstruir este capítulo infame que, según las cuentas más discretas, dejó no menos de 4.500 víctimas, el doble de las reportadas por la Fiscalía.
Verdades espeluznantes pero, al mismo tiempo, liberadoras.
“Para mi sorpresa muchos, o varios, comparecientes pues me han dicho gracias por esta oportunidad para quitarme un peso de encima. Gracias por esta oportunidad porque muchos han referido que tenían pesadillas, que sueñan con la voz de las víctimas, con lo último que dijeron las víctimas antes de ser asesinadas. Nos han dicho a veces ‘es la primera vez que yo le cuento esto a alguien, esto no lo sabe ni mi esposa, no sé qué van a pensar mis hijos cuando esto sea público, qué van a decir mis hijos, que su papá es un asesino’”, relata.
Investigar un fenómeno criminal tan extendido, cuya orgía de sangre se presentó en 30 de los 32 departamentos del país, le ha implicado a la JEP, a los comparecientes, al propio Ejército y a las víctimas sacudir las memorias más crudas de la guerra.
La JEP ha documentado crímenes desde los años 90. Cuatro de los veinte reclutadores usados por militares han explicado cómo refinaron sus estrategias asesinas para llevar civiles al matadero. Todos partieron de una premisa equivocada: que nadie iba a extrañar a esas víctimas.
“Muchos de esos jóvenes que fueron reclutados, por ejemplo en el parque Berrío de Medellín, eran habitantes de la calle y sobre los cuales se presumía que nadie los iba a extrañar. Por eso digo yo que es una situación profundamente discriminatoria, que se aprovecha de la máxima vulnerabilidad, pero fíjense que a pesar de lo que se creyó en su momento, pues sus mamás sí los extrañaron, y los han buscado por cielo y tierra”, relata la magistrada.
Fueron esas madres incansables las que evidenciaron el horror, porque a pesar de los portazos de las autoridades y de la justicia perseveraron en la brega por la verdad.
En frentes paralelos, la JEP avanza en sus pesquisas para ponerles nombres y apellidos a esas víctimas en seis regiones priorizadas: Casanare, Antioquia, Arauca, Caquetá, Cesar y el Catatumbo.
“Hemos construido ya una base de datos en la cual ya tenemos como unas 90 víctimas en los años 2007 y 2008 que son tanto campesinos de los distintos pueblos del Catatumbo como los jóvenes que fueron traídos de Soacha”, explica Catalina Díaz.
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Pero que esas verdades emerjan no le conviene a muchos que quieren seguir pasando de agache. Oficiales en retiro que exorcizaron con todo detalle la cadena de responsabilidades de sus subalternos o superiores han sido perseguidos y amenazados. Hay de 30 con esquema de protección.
Tania Parra, abogada de varios de ellos, lo advierte a su manera.
“Yo creo que la verdad es obvia, yo creo que la verdad no se puede tapar. Sí hay mucha gente interesada en no hacer parte de los involucrados pero la verdad ya se sabe y yo creo que esas personas deberían aceptar con gallardía”, dice la abogada.
La penalista, además, se pronunció sobre lo acontecido con el general en retiro Mario Montoya Uribe, quien dijo hace poco en la JEP que el gran problema del Ejército es que los soldados son de estratos populares a los que hay que enseñar a usar los cubiertos e ir al baño.
Una asociación entre pobreza y criminalidad que indignó a las víctimas.
“Yo pienso que uno no puede ser cobarde y escudarse en los soldados (…) Técnicamente como abogada pienso que el general Montoya tiene derecho a una defensa, pero también pienso que la evidencia con la que cuenta la JEP para demostrar la instigación que hubo en este periodo está clara”, dice Parra.
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El abogado Germán Romero, representante de víctimas en este expediente, dice que, más allá de los uniformados que perpetraron estas conductas, es obligatorio encontrar cómo la justicia penal militar encubrió miles de muertes.
“La justicia penal militar, para los que hemos litigado todos estos casos de ejecuciones, ha sido un escenario de encubrimiento. Hay jueces penales militares que denunciaron estas situaciones y tuvieron que huir del país justamente porque eran perseguidos por las mismas unidades en las cuales estaban adscritos. Y lo otro es que hay cientos de casos que siguen escondidos dentro de estos juzgados penales militares”.
La promesa de la magistrada Catalina Díaz, sus colegas en ese expediente y su equipo de investigadores es que el país conocerá las honduras de esta barbarie. Lo ocurrido en el cementerio Las mercedes de Dabeiba, donde se hallaron 54 cuerpos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, revela la importancia de esta jurisdicción.
Del pantano de la guerra, dice Díaz, desenterrarán todas estas verdades.
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