Luego de que la Corte Constitucional declaró “inexequible la ley 2281 de 2023, por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad”, encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez, la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia cuestionó que el fallo no tuvo efecto inmediato.
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En conversación con Noticias Caracol, la congresista explicó que “nosotros demandamos a este ministerio porque no habían presentado un estudio de impacto fiscal y ese es un tema que no es menor porque el país no puede seguir aprobando leyes y aprobando leyes cuando no sabe ni siquiera cuánto le cuestan”.
Para recalcar su punto ejemplificó: “Es el caso de la reforma a la salud, es el caso de la reforma pensional, donde simplemente van aprobando y después las cuentas se apilan y después uno empieza a conocer las noticias de que el Gobierno quiere relajar la norma fiscal porque no se está cumpliendo”.
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Eso sí, dijo que aunque el Ministerio de Igualdad “puede tener buen propósito”, criticó su ejecución y la catalogó como "espantosa": “1 billón 300 mil millones de pesos, de los cuales 900 mil millones eran para burocracias, 5 viceministerios, 700 funcionarios y apenas 400 mil millones para los colombianos que están necesitando la inversión”.
A su vez, comentó que, según su criterio, “este era un ministerio diseñado simplemente para una enorme batería de funcionarios que, como digo, se comían 900 mil millones de los 1 billón 300 mil millones, dejándole solo 400 mil millones a los colombianos pobres”.
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La resolución que dictó la Corte, para Paloma Valencia, es “muy extraña porque si un una ley no cumple los requisitos y es inconstitucional, pues cómo puede vivir dos años más; dos años es precisamente lo que le queda de periodo al presidente Petro, Entonces, sí parece muy extraña una decisión. En ese sentido, lo lógico es que el ministerio se cayera como corresponde”.
Después de tomar la decisión de tumbar al Ministerio de Igualdad, la Corte Suprema recalcó que la decisión no tiene efecto inmediato porque “encontró que declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad y, naturalmente, del ministerio que lo encabeza”.
Asimismo, el alto tribunal precisó: "En criterio de la Sala Plena, esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el Legislador y el Ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política”.
Con el fin de evitar tales efectos adversos y “con el objeto de conciliar los intereses y principios constitucionales en tensión y salvaguardar el principio de igualdad, la Sala Plena resolvió diferir los efectos de esta decisión por el término de dos legislaturas".
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¿Qué pasará con el Ministerio de Igualdad?
Paloma Valencia interpretó que el ministerio de la vicepresidenta Francia Márquez seguirá funcionando: “Por los próximos dos años, así no se haga nada, tenemos ministerio. Es una decisión muy extraña porque nos da la razón en lo de fondo y es que se aprobó sin en el lleno de los requisitos que establece la ley y, al mismo tiempo, dice (el alto tribunal), ‘pero puede seguir trabajando por los próximos dos años’”.
Además, enfatizó: “Hay que recordar que este ministerio tampoco le hacía nada si se acababa porque lleva una ejecución muy baja, es el ministerio con menos ejecución de este gobierno que no ejecuta”.
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