Luego de que el exjefe de las FARC y hoy senador Julián Gallo -Carlos Antonio Lozada- dijera que él ejecutó el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el gobierno espera dos cosas: que lo haga ante la Jurisdicción Especial para la Paz y que dicho tribunal actúe con celeridad.
“Cuando hay ese reconocimiento temprano, la justicia especial para la paz debe actuar con celeridad y tomar una decisión que tiene dos componentes: uno, verificar, por supuesto, que se trate de la verdad y segundo, aplicar la sanciones que incluyen, y en esto yo quiero ser muy claro, incluyen la posibilidad de la restricción de libertades”, manifestó Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz.
También solicitan que, al aplicar las sanciones propias que establece el acuerdo, se revise el futuro de la curul tanto de Julián Gallo como de Pablo Catatumbo.
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Agregó el funcionario que “la justicia especial para la paz y sus magistrados deben valorar sobre la compatibilidad o no del ejercicio de un cargo de elección popular con las sanciones que habría que aplicarles a los senadores por el hecho de haber reconocido la autoridad de este magnicidio”.
El comisionado le pidió a la JEP despejar las dudas planteadas por el presidente Iván Duque sobre esta revelación: “si se comprobare que hay alguna duda o hay alguna falsedad en estas declaraciones por supuesto que todo el peso de la ley debe recaer sobre las personas que están queriendo usar esta justicia transicional para encubrir o, de alguna manera, no responder frente a la severidad que debe aplicarse en este caso por parte de los jueces y por parte de la Fiscalía”.
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