El pronunciamiento fue hecho al condenar al Ejército Nacional por la muerte de un joven campesino en el municipio de Yalí, Antioquia, en octubre de 1997, cuando activó un rocket que había sido acondicionado por la guerrilla para fungir como mina antipersonal.
En septiembre de ese mismo año, un grupo subversivo perpetró un ataque al comando de la Policía de Yalí, por lo que efectivos de la fuerza pública fueron desplazados a la zona para repeler la incursión, utilizando como armas fusiles Galil, ametralladoras y lanzagranadas.
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Un mes después de los hechos, el joven campesino se encontraba realizando labores agrícolas en una finca del municipio, cuando accidentalmente activó el artefacto explosivo que le causó la muerte de manera instantánea.
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