La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno nacional que debe crear una política pública preventiva para evitar que los niños, niñas y adolescentes del país sufran perjuicios en el suministro del servicio de educación. Lo anterior debe ser en cualquier momento de pandemia, catástrofe o calamidad pública.
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Tomó esta determinación al estudiar tres tutelas de madres que señalaban que, en época de pandemia, sus hijos no tenían internet ni computador para acceder a la virtualidad.
La Corte Constitucional señala que si bien en este caso se evidenció que los niños padecieron afectaciones, se hizo todo lo posible para superar la situación.
Otra de las órdenes es que el Gobierno tiene seis meses para presentar un diagnóstico de qué fue lo que pasó y en qué se falló durante esta pandemia en materia de educación.
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