Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Defensoría del Pueblo confirmó que seis menores de edad murieron en un bombardeo realizado por las Fuerzas Militares en una operación contra las disidencias del Frente Primero, lideradas por alias Iván Mordisco, en el departamento del Guaviare. Este suceso generó reproches por parte de la entidad, que advirtió sobre las restricciones establecidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluso en confrontaciones con actores ilegales.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Los hechos ocurrieron en un campamento rural de las disidencias, durante un operativo autorizado el 11 de noviembre por el ministro de Defensa. La ofensiva implicó bombardeos y combates terrestres, con un saldo oficial de 25 presuntos combatientes abatidos, aunque la Defensoría sostuvo que ese número incluye seis niños, niñas y adolescentes reclutados a la fuerza. Cuatro cuerpos más fueron recuperados pero aún no han sido identificados.
El Ministerio de Defensa inicialmente afirmó que no se habían registrado víctimas menores de edad. Además, el ministro Pedro Arnulfo Sánchez señaló que los menores implicados en confrontaciones podrían perder su protección. Frente a esas declaraciones, la Defensoría defendió que incluso los menores reclutados forzosamente mantendrán protección reforzada bajo el DIH.
La Defensoría recordó que el reclutamiento de menores por grupos armados constituye un crimen de guerra, según instrumentos internacionales como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En Colombia, estos estándares están consagrados en la Constitución y el bloque de constitucionalidad. El DIH permite acciones militares, pero prohíbe ataques indiscriminados o desproporcionados, especialmente cuando hay presencia de menores.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la operación en términos de proporcionalidad y precaución. Señaló que las Fuerzas Militares debieron evaluar métodos alternativos que minimizaran el daño a civiles y, en particular, a menores forzados a combatir. Subrayó que la protección derivada del interés superior del niño impone una revisión estricta de los métodos y medios empleados.
Publicidad
De acuerdo con la Defensoría, el hecho de que los menores hayan sido integrados en estructuras armadas ilegales no los convierte en objetivos legítimos para ataques, pues continúan siendo protegidos a pesar de su estatus forzado. Por ello, cuestionó si existían operaciones militares posibles que redujeran drásticamente el daño sin comprometer el objetivo estratégico.
El documento oficial sostiene que la responsabilidad primaria por las muertes recae en los grupos armados que reclutan a los menores y los exponen al combate. La Defensoría puntualizó que estas disidencias ya han cometido múltiples violaciones al DIH a lo largo de 2025 en Guaviare, y solicitó a la Fuerza Pública actuar bajo los límites del uso de la fuerza, reforzando la protección a la población civil.
Además, la Defensoría sostuvo que emplear menores como escudos humanos está prohibido y constituye una violación directa al DIH, y afirmó que estos grupos tienen el deber de no involucrar a menores en hostilidades, ni exponerlos al fuego cruzado.
Publicidad
En un mensaje contundente, la Defensoría instó a no reducir el tema a discusiones estrictamente técnicas, ya que se trata de vidas humanas y principios de humanidad y dignidad. Advirtió que normalizar o invocar el DIH como justificación para causas que exceden los límites humanitarios sería una distorsión que desnaturaliza su propósito principal, que es limitar el sufrimiento humano.
El pronunciamiento recalca que la Defensoría no existe para legitimar acciones bélicas, sino para rechazar la violencia y promover la paz integral. Este principio guía su exhortación a respetar los límites de la guerra y priorizar la protección de los menores y la población civil.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL